«Los regantes están asustados»

El director general del Agua del Ministerio, Manuel Menéndez, mira a Jiménez en el foro Futuro en Español. / V. V.
El director general del Agua del Ministerio, Manuel Menéndez, mira a Jiménez en el foro Futuro en Español. / V. V.

El Sindicato del Trasvase sostiene que las nuevas condiciones para acceder al agua de Torrevieja perjudican a las pequeñas comunidades de riego

Manuel Buitrago
MANUEL BUITRAGO

El Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats) ha abierto un nuevo frente para intentar que se prorrogue el decreto de sequía -creen que se obtiene agua desalada y de pozos de una forma más ágil-, y para que la Confederación Hidrográfica del Segura conceda más tiempo para pedir las concesiones de la desaladora de Torrevieja, ya que un mes de plazo es insuficiente para tramitar las solicitudes por parte de las comunidades de regantes.

Como telón de fondo, la junta de gobierno del Scrats, reunida ayer, sospecha que el Ministerio para la Transición Ecológica está moviendo piezas de cara a los futuros caudales ecológicos del Tajo, que aumentarán en menoscabo de los excedentes trasvasables al Segura. Unido a esto, cree que la negativa para prorrogar el decreto de sequía ha motivado que se saque ahora el concurso para otorgar las concesiones de los 80 hectómetros cúbicos de Torrevieja, apremiando a los futuros compradores a que presenten las solicitudes. La próxima semana se reunirá la asamblea del Scrats, donde se acordarán nuevas medidas de presión.

En rueda de prensa, el presidente del Sindicato, Lucas Jiménez, recalcó ayer que las concesiones de Torrevieja deben otorgarse a esta corporación, y no a las 61 comunidades de regantes por separado. En contra del criterio de la CHS, sostiene que la ley permite dar esta autorización a las juntas de usuarios. Solo hay que modificar un reglamento, de rango inferior, para hacerlo posible.

El Scrats teme que al final se aplique la' ley Narbona', para sustituir caudales del Tajo por la desalación

«Es un 'crack' económico»

Jiménez apuntó que «existe miedo» en las comunidades de regantes, sobre todo las pequeñas, para optar a las concesiones de agua desalada de Torrevieja en las condiciones planteadas por el organismo de cuenca. «Es un 'crack' económico para ellas, ya que los requisitos de Acuamed, que es el organismo que controla esta desaladora, son leoninos». El agua desalada tiene un coste aproximado de 61 céntimos el metro cúbico, y las concesiones están pensadas para un plazo de 25 años. «Esto no es como las aguas del acueducto Tajo-Segura, que se pueden dejar en el pantano de Buendía si no son necesarias en un momento determinado; con los caudales desalados, por el contrario, hay que pagar 24 céntimos como mínimo aunque no se consuman. Existe miedo a que al final se aplique la 'ley Narbona», cambiando progresivamente agua del Tajo por desalada», apostilló Jiménez.

Considera que hay base para prorrogar el decreto de sequía, pese al informe del Consejo de Estado

Autorización provisional

El Scrats dice desconocer qué hará la CHS a partir del 1 de octubre para se siga utilizando el agua de Torrevieja. En los cuatro últimos años, los decretos de sequía permitían su consumo sin que estuvieran otorgadas las concesiones. Y de ello se hacía cargo el Sindicato Central. A partir de ahora, tienen que mover ficha el Ministerio y la CHS, con el sustento del Plan Especial de Sequía de la cuenca, que faculta para declarar el estado de emergencia. Pero los regantes no saben si podrán disponer de los pozos y del agua desalada como hasta ahora, mientras se resuelven las concesiones . Tal vez se haga con autorizaciones provisionales. En el último año, se han manejado 53 hectómetros con el decreto.

El Sindicato entregó el jueves al secretario de Estado Hugo Morán un informe jurídico de PricewaterhouseCoopers que avala la prórroga de dicho decreto.

Jiménez reclama una concesión unitaria, porque permite agilizar las reasignaciones entre las comunidades de regantes. Las más grandes manejan elevados volúmenes desalados, pero hay pequeñas y medianas comunidades que pueden no necesitar esos caudales en ciertas épocas, sobre todo si llueve, por lo que tienen que cederlos a otras que sí lo requieran. Es un trámite administrativamente arduo -una cesión de derechos- que requiere de un permiso de la Confederación.