Cs: «Se reforma la ley del Mar Menor en vez de aplicarla»
La formación naranja defiende que el cambio normativo que impulsa el Gobierno servirá para «legalizar actuaciones que ahora son ilegales»
En vez de aplicar una ley de Mar Menor que ayudamos a impulsar desde Ciudadanos, ahora se opta por reformarla, con el propósito, además, de convertir, de la noche a la mañana, actuaciones ahora ilegales en legales». Así se manifestaba ayer José Luis Ros, nuevo responsable de Comunicación de Cs en la Región de Murcia, en relación a la modificación de la norma que pretenden sacar adelante mañana en la Asamblea Regional los grupos parlamentarios de PP, Cs –formado por los diputados expulsados del partido– y Vox.
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Desde la dirección de la formación naranja aseguran que, aunque el PP defiende que este texto busca «endurecer la normativa sobre los vertidos», lo que se pretende es «someter las instalaciones de bombeo y sus infraestructuras de recogida de aguas de la Rambla de El Albujón a una autorización de vertido fortuito tierra-mar, cuando estas entradas fortuitas, por más que contengan nitratos, suponen una descarga natural de un cauce y no se pueden someter a autorización según la legislación de costas», inciden desde la formación naranja.
La parte más grave de esta treta para permitir los vertidos es que estos se puedan seguir produciendo hasta que «entren en funcionamiento las infraestructuras previstas en el proyecto vertido cero (en el caso de las aguas freáticas y las procedentes del acuífero); y hasta la aprobación del Programa de control y mejora de las redes de aguas pluviales, de saneamiento y EDAR (para las pluviales), algo que saben perfectamente que podría dilatarse mucho en el tiempo e incluso no ejecutarse», añaden desde Cs.
«Se trata de una canallada; utilizando una Asamblea comprada para convertir los vertidos ilegales en legales y, además, quitarse de encima la responsabilidad que tiene de pararlos. Es intolerable que después de tantos años de crisis medioambiental, de la sopa verde y de dos episodios de anoxia, en lugar de soluciones se planteen nuevos problemas», inciden igualmente.
Es esa misma línea, Ros considera que «no es de recibo que desde el PP se diga ahora que es necesario un informe jurídico para determinar si es competencia regional o no» el 'cierre del grifo' a los regadíos ilegales y que «se siga protegiendo al 'lobby' agrícola». «Es imposible que la Comunidad no sepa donde hay plantaciones ilegales; no se ha actuado porque no se ha querido», concluyó Ros.
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