La reforma laboral pone en riesgo 800 contratos de obra de investigación

El decreto acaba con la figura laboral de obra y servicios, utilizada entre los grupos de investigación de las universidades para contratar a científicos vinculados a proyectos financiados con fondos específicos que se agotan en el tiempo, es decir, que tienen una fecha de inicio y final y un objetivo determinado. Esa financiación, generalmente pública, es la que permite la contratación de personas cuya relación de trabajo está vinculada y fechada a la duración del proyecto.

La actividad investigadora de las dos universidades públicas de la Región está estrechamente determinada por esas contrataciones, que en la actualidad ascienden a más de 600 en la UMU y a cerca de 200 en la UPCT. Prácticamente cada grupo de investigación cuenta con un investigador contratado por obra y servicio, y la desaparición de esa figura afectaría en mayor o menor medida a todos los proyectos punteros en marcha.

El real decreto da una prórroga de tres meses (ampliable otros tres) para dar solución a esos contratos, lo que en el mejor de los casos mantendría la estabilidad hasta abril. A partir de esa fecha, solo cabe esperar la aprobación de la ley de ciencia, que introduce una figura contractual casi equivalente, la de actividades científico técnicas. Sin embargo, los rectores, que han pedido al Ministerio que enmiende el error, ven improbable que la nueva ley esté en vigor antes de un año, lo que dejaría en el aire las contrataciones por obra de investigadores y personal técnico varios meses.

Las universidades ven con preocupación el hecho de que la reforma laboral no haya considerado la singularidad de la actividad investigadora al suprimir el contrato para obra o servicio determinado. «Por su propia naturaleza, la actividad investigadora se desarrolla a través de proyectos financiados con fondos específicos que se agotan en el tiempo y esa financiación es la que permite la contratación de personas cuya relación de trabajo no puede ser otra que la de la duración del proyecto», denunció ayer el rector de la UMU, José Luján, a quien le llama la atención el hecho de que la propia norma tenga en cuenta esa singularidad cuando se trata de proyectos financiados con fondos europeos. «No deja de ser contradictorio que una norma que se aprueba por exigencia de la UE tenga como medida estrella la supresión de una modalidad de contrato de trabajo que sí se mantiene como excepción para los proyectos europeos».

También el vicerrector de Profesorado de la UPCT, Luis Javier Lozano, denunció la gravedad de la situación, que deja en el aire «los contratos de 800 investigadores y técnicos. No se ha pensado en las universidades», denunció.

En esa tesitura, Luján consideró que «es absolutamente urgente que, por parte del Gobierno, se establezca una medida que corrija la situación creada», que podría pasar por celebrar contratos para obras o servicios determinados de manera transitoria hasta la entrada en vigor de la ley de ciencia, en la que ya está incorporado el nuevo contrato de actividad científico técnica. Esa nueva figura tendrá carácter indefinido, y no acotada a un plazo, lo que permitirá a los contratados recibir una indemnización mayor cuando finalice el acuerdo laboral.