Rebajan su pena por falsificar documentos de tráfico en Cartagena al perderse los papeles en el juzgado
La sentencia impone tres meses de cárcel, en lugar de los tres años que llegaron a reclamar la Fiscalía y la Agencia Tributaria
Llegó a pender sobre él la amenaza de ingresar en prisión, pero finalmente su condena será mucho más liviana. El Juzgado de lo Penal número ... 1 de Murcia ha condenado recientemente a un gestor que presentaba documentos falsificados para la transferencia de vehículos en Tráfico a tres meses de cárcel. El órgano impone también una indemnización que no llega a los mil euros a este profesional, para el que la Fiscalía y la Agencia Tributaria llegaron a reclamar tres años de prisión y más de 66.000 euros de indemnización por la supuesta falsificación de un millar de esos documentos.
El magistrado Julio Guerrero reconoce, no obstante, en la sentencia, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, la imposibilidad de acreditar el alcance de ese daño porque la documentación presentada por Hacienda ha desaparecido.
Entre 2009 y 2012 el procesado, según explica la resolución, colaboraba de forma externa con dos asesorías realizando -a cambio de una gratificación de 20 euros por gestión realizada- la presentación de la documentación para la transmisión de vehículos en la Dirección General de Tráfico y el correspondiente abono del impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la entidad bancaria CajaMurcia y su presentación en la Agencia Tributaria de Murcia. A continuación la documentación sellada debía presentarse en la Oficina de Trafico.
Así lo estuvo haciendo el acusado inicialmente, presentando la documentación en la DGT de Murcia, hasta que allí le dijeron que como no tenia la titulación de gestor, no podía seguir presentando la documentación como si lo fuera. Ante ese obstáculo, explica la sentencia, el procesado comenzó a realizar los trámites en la oficina de la DGT de Cartagena. «Allí, a diferencia de lo que ocurría en Murcia, el modelo 620 de autoliquidación del impuesto que se presentaba en CajaMurcia para su pago y validación, inexplicablemente no se le exigía pasarlo previamente por la Agencia Tributaria, por lo que le era mas cómodo», explica el magistrado.
En esas fechas, según recoge la sentencia, parece que el acusado conoció en las colas de presentación de documentos de la oficina de tráfico de Cartagena a una persona sin identificar, que se ofreció a realizarle la gestión en la entidad bancaria. El juez entiende que a partir de ese momento, «con evidente ánimo de lucro», comenzó a falsificar documentos quedándose con el importe del impuesto que recibía de la asesoría. «La realidad es que el documento no se presentaba en CajaMurcia, y tampoco se pagaba, pero se le ponía un sello falso como si se hubiera contabilizado en la entidad bancaria», subraya el juez. «Como además no había que pasar por la Agencia Tributaria, porque los funcionarios de Trafico de Cartagena inexplicablemente no exigían esta certificación, las transmisiones se realizaban sin que la Hacienda Publica cobrara el impuesto correspondiente».
El magistrado Guerrero explica, no obstante, en su sentencia, que todo esto ha quedado sin poder acreditar con claridad respecto al millar de asuntos que la Agencia Tributaria cree falsificados por el acusado porque la documentación ha desaparecido. «La Fiscalía acusa recibo de la documentación -y de la caja- pero cuando este organismo presenta ya la denuncia ante el Juzgado, este asegura no haber recibido caja alguna, que debió perderse en la propia Fiscalía, o en el Decanato, o en el Juzgado Instructor».
El juez subraya, además, que este organismo «ha presentado la documentación de forma incompleta, desordenada», y sin posibilidad de comprobar sus dos principales afirmaciones: que había mas de mil documentos falsificados, y que la suma de los importes no ingresados en el Tesoro Publico superaban los 66.000 euros. «No hay manera humana de comprobar estas afirmaciones por mucho que haya sobradas sospechas», concluye.
El juez solo considera acreditado que el acusado presentó doce documentos falsos y, en base a ello, condena a este gestor a tres meses de cárcel y una indemnización de 999 euros. A la hora de fijar la condena, tiene en cuenta una atenuante de reparación del daño y otra de dilaciones indebidas, por el importante retraso que sufrió la causa.
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