PP y PSOE se enzarzan a cuenta del posible retraso en las obras de Portmán

Manrubia hizo estas manifestaciones después de que 'La Verdad' publicara ayer que desde diversos colectivos se reclama la continuación de esas tareas tras la «evidente ralentización de los trabajos». La airada reacción de la portavoz del PP en el municipio unionense fue asegurar que «no vamos a permitir que esta obra se convierta en una nueva muesca en el revolver de Diego Conesa en cuanto a traiciones a la Región».

En este punto hizo referencia a la «condena a la que ha sometido a todos los murcianos al estar al menos tres años más sin poder disfrutar de los beneficios que trae el AVE a toda la Región». De ahí que asegurara que «no permitiremos que otra obra histórica puesta en marcha por el PP en 2016, después de más de 26 años de espera desde que cesaron los vertidos mineros a nuestra bahía en 1990, quede ahora en el olvido».

Manrubia recordó que se trata de una inversión de 33 millones de euros que el Ejecutivo del PP, presidido por Mariano Rajoy, consignó para esas labores de regeneración y que, a día de hoy, desde que comenzaron los trabajos en octubre de 2016, ha visto consignadas en las Cuentas Generales del Estado «un total de 16 millones de euros entre esta anualidad y las dos anteriores, lo que supone el 50% del global de la obra».

La respuesta desde el lado socialista no tardó en llegar y el vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, aseguró que el PP «no es nadie para dar lecciones de moralidad ni de cumplimiento en la realización de ninguna obra y, mucho menos, sobre la bahía de Portmán».

Lucas recordó que este proyecto fue paralizado durante cuatro años gracias a que Francisco Bernabé, que fue alcalde unionense y más tarde delegado del Gobierno en la Región, «se lanzó a los brazos de una empresa especuladora, cuyo director fue detenido por uso fraudulento de tarjetas de crédito».

«No olvidemos que en 2012 -insistió Francisco Lucas- Bernabé anunció que en fase de adjudicación un alto funcionario del Ministerio había perdido la documentación de una empresa y que el procedimiento estaba viciado, lo que retrasó el proyecto cuatro años».