«El odio hace más daño que los clientes violentos»

Vera empezó a ejercer la prostitución en su Rusia natal hasta que hace 13 años aterrizó en España con la idea de seguir dedicándose a esta actividad. Había estudiado Marketing en su país pero, asegura, decidió «libremente» optar por la prostitución. Ahora, es la representante en la Región de Murcia del sindicato OTRAS de trabajadoras sexuales, creado el año pasado para combatir el discurso abolicionista, cada vez más mayoritario en el arco político y en los movimientos feministas, y para reivindicar los derechos laborales de quienes ejercen la prostitución. OTRAS no tiene aún afiliadas en Murcia, admite Vera, aunque aspira a representar a más de mil personas y cuenta con el apoyo de asociaciones como CATS, una organización de larga trayectoria en la Región. Los objetivos de OTRAS se han topado, sin embargo, con la legislación. La Audiencia Nacional tumbó sus estatutos porque «no resulta posible con arreglo a nuestro derecho la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena». Esto, señaló la Audiencia, sería abrir la puerta al proxenetismo. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. «El hecho de que todavía no se haya dictaminado si los estatutos son o no legales no implica que el sindicato sea ilegal», señala Vera.

Con motivo de la celebración, este martes, del Día Internacional contra la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales, CATS y OTRAS denuncian que los abolicionistas «criminalizan» la prostitución, generando «un discurso de odio que hace más daño a las prostitutas que los clientes violentos». En un manifiesto, advierten de que «la violencia contra las trabajadoras del sexo no se limita al maltrato de algunos clientes. Existen otros tipos de violencia que sufrimos por el hecho de dedicarnos a una actividad estigmatizada». Así, denuncian la «violencia social» y la «legal», que «se reproduce en ordenanzas municipales» que imponen multas a quienes ejercen esta actividad. «Estas medidas se pueden presentar como dirigidas contra los clientes, pero en la práctica van contra las trabajadoras del sexo», denuncia Nacho Pardo, coordinador del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS). Ponen como ejemplo la ciudad de Murcia, donde más del 70% de las sanciones por ejercer la prostitución en la vía pública recaen en ellas, y no en los clientes, aseguran.

CATS y OTRAS lamentan también la «violencia de algunos profesionales de los servicios sociales, que nos consideran malas madres y malas mujeres, que hemos de ser salvadas para que retomemos el camino de las buenas mujeres». Estos colectivos son muy críticos con el «feminismo institucional». «Nos considera niñas sin capacidad de decidir por nosotras mismas. Quienes quieren callar nuestras reivindicaciones principalmente pertenecen a un sector del feminismo para el que nosotras somos sujetos sin capacidad de decidir por nosotras mismas», lamentan.

Las estadísticas que manejan las organizaciones abolicionistas apuntan a que la inmensa mayoría de quienes ejercen la prostitución son víctimas de trata. Además, para el movimiento feminista esta actividad supone en sí mismo una violencia contra la mujer. Sin embargo, CATS y OTRAS defienden que la trata es minoritaria y difieren de la consideración de la prostitución como violencia patriarcal. «De las 2.000 personas a las que atendimos en 2018, solo cinco eran víctimas de trata», señala Laura Martínez, educadora social de CATS. Mientras para los abolicionistas toda explotación sobre las prostitutas es sexual y machista, para CATS y OTRAS debe diferenciarse entre la explotación sexual y la laboral. Por eso, reivindican los derechos de las trabajadoras del sexo como forma de acabar con esas situaciones de discriminación. «Nos llaman proxenetas y aliadas del patriarcado cuando una de nuestras principales reivindicaciones es la lucha contra la trata, el tráfico, la explotación laboral y los abusos de los malos clientes», se lamentan.

El abolicionismo, defienden, solo conduce a precarizar a estas mujeres. Ponen el ejemplo de Suecia o Noruega. «Son países donde tanto dicen defender a las mujeres, pero donde si nos roban o nos pegan no podemos llamar a la Policía, porque lo primero que hacen es echarnos de los apartamentos o los hoteles», denuncia Vera, que trabajó en diversos países de Europa antes de llegar a España. CATS y OTRAS dejan claro que tampoco comparten la vía de la legalización por la que se ha optado en lugares como Holanda. Allí, las trabajadoras del sexo han quedado a merced de los intereses de los empresarios, denuncian.

De momento, quienes defienden una cobertura legal de la prostitución están perdiendo la batalla frente al abolicionismo, muy mayoritario en el movimiento feminista y en el arco parlamentario. El Gobierno del PSOE está claramente en esta línea. La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, confesó que la aprobación inicial de los estatutos del sindicato OTRAS fue «un gol» en propia puerta, motivado por un error en su departamento. Ahora, el Ministerio confía en que el Supremo tumbe estos estatutos, difícilmente encajables en la legislación actual.

Las asociaciones que como CATS defienden esta cobertura legal de la actividad de las trabajadoras del sexo están sufriendo la retirada de algunas ayudas públicas. «Nos hemos quedado sin los entre 25.000 y 50.000 euros que recibíamos de la Delegación del Gobierno para la Lucha contra la Violencia contra la Mujer», explica Fuensanta Gual, una de las coordinadoras de CATS. «Se nos acusa de estar a favor de la prostitución, pero de lo que estamos a favor es de los derechos de las prostitutas, que no es lo mismo», añade. De hecho, CATS dispone de un servicio de integración laboral para quienes quieren salir de este mundo y buscar trabajo. Además, les ofrece asistencia social y sanitaria. En la Comunidad Valenciana, donde también trabaja esta asociación, organizaciones abolicionistas intentaron sin éxito que la Generalitat retirase sus subvenciones a CATS. En el Ayuntamiento de Murcia, sin embargo, es Vox quien ha exigido que se les deje sin ayudas.