La prórroga del 'veto ruso' da otro varapalo al sector hortofrutícola

La asociación agraria Asaja Murcia ha calificado de «desastroso y un enorme disparate» la ampliación durante un año más del 'veto ruso' a los productos hortofrutícolas europeos, al considerar que «perjudica gravemente» los intereses y la rentabilidad del sector hortofrutícola murciano, español y europeo, informó esta entidad en un comunicado.

«Nos parece totalmente ilógico y un gran atropello que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, haya prolongado un año más este veto a los productos hortofrutícolas europeos, hasta el 31 de diciembre de 2022. Este embargo se inició, por primera vez en agosto de 2014, por lo que estamos padeciendo esta agonía desde hace siete años», manifestó Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja Murcia.

Gálvez añadió que «con este injusto bloqueo, nuestra internacionalización está siendo más débil y estamos perdiendo rentabilidad y competitividad en nuestras exportaciones, lo que está dañando enormemente a la economía tanto regional como del conjunto de España».

Considera que sería muy importante «recuperar este mercado, que ha sido estratégico para el sector de las frutas y los cítricos, y para ello es prioritario impulsar relaciones diplomáticas, ya que otros terceros países como Marruecos, Egipto o Sudáfrica se han posicionado en este mercado, además de países suramericanos como Ecuador, Argentina o Colombia, que nos han arrebatado nuestro posicionamiento comercial en el mercado ruso». Puntualizó que su organización no pierde la esperanza de «poder recuperar el mercado ruso, aunque somos conscientes de que debido a la tensión geopolítica entre la Unión Europea y Rusia, es una cuestión muy difícil por el momento».

La patronal española de frutas y hortalizas, Fepex, abordó ayer este problema, como explicó Juan Marín, presidente de Proexport. «Es un nuevo jarro de agua fría, ya que Rusia representa un mercado de 160 millones de personas, con grandes posibilidades para el crecimiento de nuestro sector. Rusia sigue presionando a la UE, sin que haya compensaciones para las empresas perjudicadas».

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