El profesor Garrote desarma el plan de la ministra Ribera

Para empezar, muestra su sorpresa por el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Tajo (y por ende la Dirección General del Agua del Ministerio) hayan tomado como base unos estudios que tienen «más de diez años de antigüedad». Los trabajos de campo se realizaron entre noviembre de 2008 y junio de 2009, y fueron calificados de «estudios previos».

Advierte de que no hubo estudios más avanzados y que los resultados mostraban «discrepancias muy fuertes» en los valores obtenidos en Aranjuez y Almoguera y entre Toledo y Talavera. Tales discrepancias se resolvieron, ¿pero cómo?: «Adoptando los valores más altos, sin tener en cuenta otras consideraciones como las longitudes de los tramos simulados o el modelo empleado, que son muy importantes para valorar los resultados», señala.

El tramo entre Bolarque (en los embalses de cabecera) y Aranjuez tiene el máximo interés, al estar vinculado a áreas de especial protección y por dar soporte a usos de una gran trascendencia económica. Pues bien, el profesor Garrote también considera «sorprendente la escasez de medios con la que se ha contado para la definición del caudal mínimo en este tramo». Las principales debilidades detectadas en el planeamiento del Ministerio estriban en que solo se trabajó sobre dos tramos de río de 177 y 440 metros, lo cual se considera una longitud muy corta para que pueda ser representativa del tramo total de 100 kilómetros. No solo eso, sino que se rechazaron los resultados del sector de 440 metros y solo se tomó en consideración el de 177 metros. Es decir, se ha hecho una propuesta tan trascendente como subir el caudal ecológico (y su efecto en el Trasvase) analizando solamente el 0,16% de una larga sección del río.

Otra sorpresa: la Confederación del Tajo no siempre ha elegido como especie más restrictiva aquella que requiere un mayor caudal de agua, indica Garrote. Así se deduce al comprobar el hábitat potencial útil del barbo adulto, cacho adulto, boga adulta y bermejuela. Unido a esto, se ha comprobado, además, que el caudal supuesto es casi la mitad del realmente circulante, lo cual distorsiona los resultados.

Para certificar la precariedad de los cálculos realizados en aquella época, el Scrats reproduce un informe de la Confederación del Tajo admitiendo la debilidad de sus cálculos. «Creemos que responde a la realidad decir que la implantación de caudales ecológicos no es un tema sencillo y que la metodología existente conduce a niveles de incertidumbre altos». Otro elemento discordante se basa en las aportaciones (lluvias) del periodo analizado, comprendido entre los años 1980 y 2005, el cual se considera «innecesariamente corto». Existe una nueva calibración que amplía las series de aportaciones hasta el año 2017-18, la cual se considera más adecuada.

Con esta secuencia de errores señalados por el catedrático Luis Garrote, ¿cómo es posible que el Ministerio pretenda incrementar los caudales del Tajo basándose en estudios con más de once años de antigüedad, que ya de por sí parecían poco consistentes y con una metodología discutible? No obstante, la ministra Teresa Ribera sigue adelante, pese a que las consecuencias serán extraordinariamente impactantes para el hábitat del Tajo y para la economía del Levante. La conclusión del Scrats, a raíz de los estudios de Garrote, es que no solo no es necesario subir el caudal ecológico en Aranjuez hasta los 8,6 m3/s, sino que podría ser incluso inferior al mínimo actual de 6. De otro lado, están quienes reclaman un caudal incluso mayor al propuesto por el Ministerio, aunque a tenor de estas alegaciones no hay por ahora un soporte técnico riguroso que lo avale. Al menos, los datos deberían actualizarse con criterios claros. Al final, la decisión será política.

No es la primera vez que se utilizan estudios dudosos o endebles para tratar de justificar una decisión política que conlleva un vuelco en la planificación hidrológica nacional. Sucedió en el año 2004, cuando Cristina Narbona presentó 4 folios para defender la derogación del Trasvase del Ebro. Dijo que no necesitaba más para contrarrestar las 800 páginas del soporte técnico del PHN. También se alteró la valoración de los informes técnicos con los que quiso justificar la derogación de dicho trasvase. El Ministerio dijo que había 51 informes contrarios, cuando en realidad fueron 28.

Esto ocurre cuando se toma primero una decisión política y se intenta vestirla después de un armazón técnico que, a la postre, resulta débil, improvisado o inconsistente.