El TSJ procesa a Pedro Antonio Sánchez por tres delitos en el 'caso Auditorio'

Pedro Antonio Sánchez. / Nacho García / AGM

Pérez-Templado renuncia a archivar la causa por el cúmulo de indicios delictivos desvelados por la investigación. Las acusaciones tienen 10 días para formular acusación solicitando la apertura de juicio oral contra el expresidente regional por prevaricación continuada, fraude de subvenciones públicas y fraude de fondos públicos

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZMurcia

Prevaricación continuada, fraude de fondos públicos y fraude de subvenciones. Estos son los tres presuntos delitos que Julián Pérez-Templado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), atribuye formalmente al expresidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, por el llamado 'caso Auditorio'. El procesamiento del máximo responsable del Partido Popular en la Región lo conduce de manera prácticamente inevitable a sentarse en el banquillo por esta causa, que viene a sumarse al 'caso Púnica', que ya hace unas semanas lo situó también a un solo paso del juicio por presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

El magistrado Pérez-Templado considera, en la línea de lo mantenido por la Fiscalía Superior a lo largo de los dos últimos años, que existen indicios suficientes de delito contra Pedro Antonio Sánchez por todo el proceso de obtención de una subvención de seis millones de euros y la posterior adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, que se desarrolló en los años en que el político del PP era alcalde de esa localidad.

En el previsible camino hacia el banquillo lo acompañan exclusivamente el arquitecto Martín Lejarraga, autor del proyecto del centro cultural, y Vicente Gimeno, representante legal de la constructora Ecisa, que fue la que se encargó de levantar el Auditorio; ambos están acusados de cooperación necesaria en el delito de prevaricación o de fraude contra fondos públicos. El magistrado ha exculpado, sin embargo, a una quincena larga de encausados, entre los que se encontraba una decena de exconcejales lumbrerenses y altos funcionarios municipales, por considerar que su participación en los hechos no fue lo suficientemente relevante como para tener que responder penalmente de su conducta.

El instructor concreta en tres apartados, que luego desglosa en los fundamentos jurídicos, los hechos por los que debe continuar el procedimiento: la contratación irregular del arquitecto, la obtención de una subvención de manera falsaria y sin cumplir la finalidad declarada, y los cambios del contrato originario acordados por el exalcalde, el arquitecto y el constructor para salvar sus aparentes responsabilidades.

La resolución es recurrible ante el propio instructor y también ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, por lo que no es firme. Cuando el auto de procedimiento abreviado adquiera firmeza, si llega a hacerlo y no es revocado, las distintas partes dispondrán de un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación y de defensa. Con que solo la Fiscalía o alguna de las tres acusaciones privadas formule acusación contra Sánchez, éste se verá irremediablemente conducido a juicio.

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