En prisión el presunto cerebro del macrofraude del IVA tras ser identificado en Barajas

David C. S., uno de los presuntos cabecillas de la Región. / a. durán
David C. S., uno de los presuntos cabecillas de la Región. / a. durán

Los dos empresarios de la Región sospechosos de liderar una rama del entramado societario salen libres con fianzas de 300.000 euros

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Anand M. Ch., el ciudadano indoespañol sospechoso de encabezar la supuesta trama delictiva que habría permitido cometer uno de los mayores fraudes fiscales descubiertos en España -y, sin duda, el mayor del que existe noticia en la Región-, ya está en prisión. Este empresario, que lleva años viviendo a caballo entre España y Estados Unidos, fue sorprendido a finales del pasado junio cuando se disponía a entrar en el país a través del aeropuerto Adolfo Suárez, en Barajas (Madrid). Fuentes próximas a la investigación señalaron que los agentes, al comprobar la documentación de los pasajeros que habían arribado en un vuelo procedente de Miami, constataron que estaba afectado por una orden internacional de busca y captura, por lo que procedieron a su inmediata detención.

Las mismas fuentes no descartaron que Anand M. Ch., de 48 años de edad, hubiera retornado a España con la pretensión de ser arrestado, en una especie de entrega voluntaria, pues era perfectamente consciente de que estaba siendo buscado desde el pasado abril, cuando especialistas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria desmantelaron la organización criminal que presuntamente había constituido. La red, según los informes técnicos realizados por los investigadores, habría defraudado a Hacienda más de 41 millones de euros entre los años 2014 y 2017, aunque otras estimaciones sitúan el 'agujero' fiscal por encima de los 62 millones.

En el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Elche, María José Boix Fluxá, por el que ordenó el ingreso en prisión de Anand M. Ch., define a este empresario del sector de la informática y la electrónica como «el líder de una organización criminal que ha constituido un entramado societario con la finalidad de ocultar deliberadamente el origen de las mercancías comunitarias que se introducen en España».

Anand M. Ch. llegó al aeropuerto madrileño en un vuelo procedente de Miami y los policías constataron que tenía una orden internacional de detención; se le acusa de dirigir una organización que habría defraudado más de 41 millones con un 'carrusel del IVA'

Señala que, con el fin de dar cobertura a esas adquisiciones intracomunitarias, la trama utilizaba una red de empresas factureras, dedicada exclusivamente a emitir facturas falsas, y todo ello con el único presunto fin de aprovechar las lagunas que ofrece la legislación fiscal europea para lucrarse con el IVA. Pues, por un lado, evitaban abonar ese impuesto, lo que permitía a sus empresas con actividad real ofrecer unos productos a un precio mucho más bajo que la competencia, y, por otro, conseguían en muchas ocasiones la devolución de unas cuotas de IVA cuyo pago solo se había simulado por sociedades llamadas 'trucha' en el argot delictivo, causando de esta manera un daño descomunal a las arcas públicas.

La rama del Levante

La presunta organización estaría dividida en varias ramas, entre las cuales destacaba la asentada en el levante español, entre Murcia y Elche, y en la que jugarían un papel trascendental dos vecinos de Cieza y Molina de Segura, David C. S. y Miguel T. M.. Ambos estaban al frente de una docena de sociedades mercantiles, como Compuchip Sistemas Informáticos SL, Ionass Eurogroup SL, Gigadive SL y Orderfly SL a través de las cuales se procedía a distribuir buena parte de las mercancías introducidas en España por las empresas de su socio, Anand M. Ch..

Estos dos empresarios murcianos, cuyas edades rondan los 35 años, habían experimentado un espectacular despegue en el mundo de los negocios en los últimos años y disfrutaban de un elevadísimo nivel de vida, según fuentes próximas a la investigación. Ingresaron en prisión en junio, como sospechosos de presuntos delitos fiscales continuados, blanqueo de capitales y falsedad documental, entre otros, pero recientemente han salido en libertad con sendas fianzas de 300.000 euros.

El letrado de los encausados en esta trama, Raúl Pardo-Geijo Ruiz, eludió responder a las llamadas de 'La Verdad' para valorar la marcha de las diligencias judiciales y analizar los cargos que se atribuyen a ambos empresarios. En su momento se limitó a señalar que, en su opinión, no existían motivos para mantenerlos privados de libertad.

Al inicio de la operación, los agentes de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera efectuaron medio centenar de detenciones y realizaron registros en 137 sedes empresariales, naves industriales y domicilios particulares. Sin embargo, con el avance de la investigación y los nuevos datos surgidos del análisis de la documentación intervenida, el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche ha ordenado la detención de una decena más de presuntos implicados en la trama y los registros en los locales de otra media docena de empresas.

La magistrada María José Boix no deja de impulsar las diligencias sobre el macrofraude, a pesar de que ha planteado un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo por la negativa de la Audiencia Nacional a asumir esta causa. La juez ilicitana considera que el asunto, por su especial complejidad y por el hecho de afectar a un puñado de provincias españolas diferentes, debería ser instruido por los juzgados centrales de Madrid, aunque estos lo rechazan con el argumento de que no se dan los requisitos legales.

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