El presidente del TSJ dice comprender «la frustración» causada por el 'caso La Sal'

Pasqual del Riquelme. / Edu Botella / agm
Pasqual del Riquelme. / Edu Botella / agm

Pasqual del Riquelme explica que el Supremo aún está por fijar el criterio último sobre cómo aplicar la ley que fija los plazos para una investigación

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Miguel Pasqual del Riquelme ama la Justicia, con mayúsculas, como ama, y en muchas ocasiones sufre, el sistema que le sirve a los hombres para tratar de impartirla. Esta semana lo está sufriendo, como en pocas ocasiones anteriormente, consciente del daño a la imagen, a la credibilidad y a la confianza que un error formal, consistente en la superación de un plazo legal que ha cercenado abruptamente la investigación del llamado 'caso La Sal', han causado entre los ciudadanos.

«Entendemos perfectamente la frustración que estas disfunciones provocan en la ciudadanía», admitía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) en conversación con 'La Verdad', apenas unas horas después de que se notificara el auto de la Audiencia Provincial por el que se anulan los últimos ocho meses de investigación judicial sobre la desaladora de Escombreras. Un procedimiento en el que se investiga una supuesta malversación multimillonaria de fondos públicos, que se habría cometido en el proceso de adquisición de esta planta desalinizadora por parte de la Administración regional.

El máximo responsable de la Administración de Justicia en la Región confiesa que no recuerda una ocasión anterior en la que le hubiera resultado «tan difícil, tan complicado», ofrecer explicaciones acerca de lo ocurrido. Sobre todo por el hecho de que la magistrada responsable del desliz, del olvido, del exceso de confianza o como quiera llamarse, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, «venía actuando en todos estos meses con una extraordinaria diligencia en la instrucción de ese procedimiento».

«Con unos juzgados sobrecargados e infradotados, el riesgo de errores se multiplica»

De ahí que la única «excusa, aunque sea inexcusable», que se le ocurra tenga que ver con la saturación que sufre el sistema, lastrado cada año por decenas de miles de causas y unos medios materiales y humanos que no están a la altura de ese reto, ni de la relevancia de la función social que debe cumplir la Administración de Justicia. «Estábamos advertidos de los posibles efectos adversos que podía tener esa norma -la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se fijan los plazos máximos para agotar una investigación judicial-, pero cuando tenemos unos juzgados sobrecargados e infradotados se multiplica el riesgo de que se produzcan errores».

«Queremos llegar al fondo»

Pasqual del Riquelme quiso dejar constancia de que esa «frustración» también afecta a los propios jueces cuando un procedimiento se cierra en falso, por razones de forma, «ya que aspiramos siempre a poder llegar al fondo del asunto y a dictar una resolución, absolutoria o condenatoria, basada en las pruebas existentes».

Pese a todo, insistió en que el Tribunal Supremo todavía no ha fijado el criterio definitivo sobre la interpretación que se debe dar a esa norma sobre los plazos legales de instrucción, «por lo que todavía puede dar o quitar razones» a quienes, como es el caso de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ que él mismo preside, vienen manteniendo en sus resoluciones que ese tope máximo es preclusivo; esto es, de cumplimiento inexcusable y que superarlo, sean cuales sean las circunstancias, implica la nulidad de lo actuado a partir de ese momento.