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La comparecencia ayer del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, para zanjar la alerta alimentaria provocada por la contaminación de aceite de girasol ucraniano acabó resultando tan confusa como la gestión desarrollada para prevenir los posibles riesgos sobre la salud pública. La confirmación de la residual toxicidad del producto y el hecho de que las restricciones se hayan levantado en menos de 72 horas evidencian que el Ministerio reaccionó de forma desproporcionada. Puede que las nulas consecuencias que parece haber tenido el caso explique la no difusión de las compañías afectadas a fin de no perjudicarlas. Pero más desconcertante resulta que el Gobierno haya decidido publicar un listado de dos centenares de marcas limpias, cuando existen más de 800 disponibles en el mercado. Junto a ello, resulta censurable que Soria no aclarara qué falló en el servicio de inspección que sí permitió a otros países europeos detectar las partidas contaminadas antes de la venta.

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