La fiscal del juicio por las poligrafías pide al juez que exonere a Guerrero y sólo culpa a Ferrándiz

Los dos ex gerentes de La Arrixaca reclamaron ayer la absolución, y el PSOE insistió en que ambos son «culpables de esta contratación ilegal»

PAZ GÓMEZMURCIA
A JUICIO. Los abogados Ramón Sala y Jaime Sánchez Vizcaíno, acompañando a Mariano Guerrero y Roberto Ferrándiz. / FOTOPRENSA/
A JUICIO. Los abogados Ramón Sala y Jaime Sánchez Vizcaíno, acompañando a Mariano Guerrero y Roberto Ferrándiz. / FOTOPRENSA

Más de cuatro horas prestando declaración, escuchando las acusaciones y analizando facturas, contratos y fechas. El juicio por el denominado caso de las poligrafías, que se celebró ayer en el Tribunal de Cuentas de Madrid, ha quedado visto para sentencia.

Aún tendrán que transcurrir otros dos meses, aproximadamente, para conocer si Felipe García Ortiz, consejero de cuentas, sección de enjuiciamiento, departamento 3º, del Tribunal de Cuentas, falla que Mariano Guerrero y Roberto Ferrándiz, gerentes del hospital Virgen de la Arrixaca entre 2001 y 2004, cometieron o no un presunto daño a las arcas públicas del Servicio Murciano de Salud (SMS), al encargar la realización de estas pruebas para diagnosticar alteraciones del sueño a una empresa que no era la adjudicataria del servicio.

Los diputados socialistas Begoña García Retegui y Domingo Carpena denunciaron ante el Tribunal que la sociedad Gerencia Sanitaria, cuyo administrador único es Salvador Ruso Pacheco, aspirante a presidente local del PP ilicitano en 1999 y ex gerente de los hospitales de San Juan y de Elche, prestó este servicio a La Arrixaca entre 2001 y noviembre de 2004, a pesar de que el SMS adjudicó a la firma Abelló Linde estas pruebas en dos ocasiones: el 18 de noviembre de 2002 y el 23 de junio de 2003.

«Seis veces más caro»

Fuentes del PSOE, que ejerce la acusación particular, explicaron que en el juicio se limitaron a pedir que ambos ex directivos abonen 109.962,05 euros porque «son culpables de permitir esta contratación ilegal. Esa cifra es la diferencia entre lo que costaban las poligrafías en el contrato de licitación y el precio seis veces más caro que pagaron a la empresa de Salvador Ruso».

Guerrero y Ferrándiz, que solicitaron al consejero de cuentas (en la práctica, el juez) la «libre absolución» por ese presunto alcance en los fondos, defendieron que el coste medio de las poligrafías excede con mucho el precio de la licitación, y mostraron contratos de otras comunidades.

La sorpresa surgió en la exposición de la fiscal, quien hizo suya el acta provisional del delegado instructor del Tribunal de Cuentas (30 de noviembre del 2005), en lugar de la petición de la parte demandante, como había mantenido hasta ayer. La fiscal, como recoge dicha acta, aboga por exonerar a Guerrero y sólo aprecia un presunto alcance en los fondos públicos por importe de 27.559,25 euros. Además, sólo contempla las 341 poligrafías realizadas entre el 10 de julio de 2003 y la finalización del acuerdo en noviembre de 2003 porque considera que anteriormente el SMS no informó formalmente al hospital -por escrito- de que existía una adjudicataria.

Por eso la fiscal defendió ayer que el juez debe reclamar a Ferrándiz 29.737,97 euros (la diferencia entre las pruebas abonadas a Ruso y el precio al que se había licitado la poligrafía) porque fue quien firmó las facturas como suplente de Guerrero y después, a partir de septiembre, como gerente de La Arrixaca.

Ferrándiz declaró a La Verdad que se sentía «satisfecho de haber podido explicar al juez todos los hechos con tranquilidad y de forma precisa» y recordó que «es la parte demandante, y no nosotros, quien debe demostrar que cometimos una negligencia contable». «Ahora quedamos en manos de la resolución judicial», añadió.

Mariano Guerrero también expreso su satisfacción «por haber tenido la oportunidad de defenderme después de tres años y medio de acusaciones infundadas». Tras señalar que el fiscal «ha estado muy cerca de nuestras tesis de exoneración de responsabilidad, aunque habrá que esperar la decisión del juez», advirtió de que «nadie va a sacar rédito político de acusarme a mí».

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