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Las relaciones entre PP y Vox se mantienen en un compás de espera. No se mueven de sus respectivas posiciones sobre la falta de ... acuerdo para aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Regionales de 2025. Ayer se vio de nuevo en la Asamblea Regional cuando la formación de Santiago Abascal acusó al Ejecutivo de López Miras de incumplir su obligación de llevar a la Cámara el documento para su aprobación. «Si van ustedes a cerrar el centro de Santa Cruz, si van a eliminar todas las políticas del Pacto Verde, si van a sacar del cajón todas las iniciativas de Vox, si van a cumplir todas las exigencias, ¿a qué esperan para traer los Presupuestos?», preguntó el diputado de esta formación, Rubén Martínez Alpañez. En pregunta parlamentaria al consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, sobre el cumplimiento de las reglas fiscales, le acusó de estar «quebrando a la Región de Murcia y asfixiando a las familias». «Estamos en mayo, la responsabilidad de presentar el Presupuesto es del Gobierno, no de Vox», según el diputado de esta formación.
Por su parte, el consejero Luis Alberto Marín acusó a Vox de no responder a los diferentes ofrecimientos realizados por el Gobierno y por el presidente, López Miras, para cerrar ese acuerdo en un encuentro. Aquí, recordó las palabras del jefe del Ejecutivo en las que invitó al líder regional de Vox, José Ángel Antelo, a verse «dentro de media hora en mi despacho» para cerrar ese pacto. Marín lamentó que «no respondieron una vez ni otra» y, por esto, reprochó a Martínez Alpañez que su partido está «a otra cosa»: «¿Tacticismo político o la Región de Murcia? ¿Los intereses nacionales de su partido o la Región de Murcia?», le preguntó el consejero, que, en lo referente a las reglas fiscales, puso el ejemplo de las 22 deducciones contempladas en la Comunidad y que dejan un ahorro anual de 22 millones de euros para las familias murcianas al cabo del año.
Desde el PSOE, Virginia Lopo elevó una pregunta sobre las medidas que se están adoptando «para avanzar en justicia salarial en el mercado laboral en la Región». Lopo criticó que «el mercado de trabajo en la Comunidad es injusto e infravalora buena parte de su fuerza de trabajo» y, por eso, es «ineficiente, poco productivo y difícilmente sostenible».
La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que se está trabajando en medidas como la nueva Estrategia contra la Brecha Salarial y que espera que se pueda presentar el próximo trimestre. «Recoge medidas concretas que son fruto del diálogo y el consenso con sindicatos, patronal y otros organismos», según López Aragón. Habló de un documento que parte de un «enfoque integral que incluye la calidad en el empleo, la conciliación, la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades y también la visibilización».
La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, respondió sobre los avances para la elaboración de una nueva ley de apoyo a las familias, en la que dice que su departamento está «inmerso», y sobre la hoja de ruta para aplicar un nuevo modelo de cuidado para los menores acogidos por la Comunidad, alejándolo de la desinstitucionalización. Respondía así a la pregunta del PSOE sobre el futuro del centro de menores de Santa Cruz, del que recordó que aplican las recomendaciones sobre protección de menores que le han transmitido desde el Gobierno central a la Unión Europea y la ONU.
Desde el Grupo Mixto, Víctor Egío preguntó al consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, por la tramitación ambiental de las plantas de biogás en la Región de Murcia. «Tengo confianza plena en la diligencia de quienes tienen la responsabilidad de elaborar y firmar las declaraciones de impacto ambiental», respondió Vázquez. Egío lamentó que la Comunidad haya rechazado en otras ocasiones peticiones para regular la instalación de estas plantas o su distancia a núcleos urbanos. «Solo nos dejan una salida, la movilización ciudadana», aseguró.
La colocación de la bandera arcoíris en la fachada de la Asamblea Regional volvió a ser objeto de polémica ayer, después de que se anunciara que se iba a colocar con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora hoy, 17 de mayo.
Tras esto, Vox ha exigido por escrito su retirada «en un plazo no superior a 24 horas desde la presentación del mismo», dice este partido. La formación advierte de que, de no ser así, «se reservará todas las acciones legales correspondientes» para defender «la neutralidad y objetividad ideológica» de las administraciones.
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