Política Social sitúa en 2026 la aprobación del nuevo decreto de mínimos de las residencias de mayores

Respecto a este último punto, una de las principales reivindicaciones por parte de los sindicatos, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, que inauguró la jornada, adelantó que estos documentos, que acumulan dos años de demora respecto a lo establecido en la ley, se encuentran ya «muy avanzados» y que la previsión de su departamento es aprobar el de mayores «a mediados del próximo año».

En su balance de la ley, Ruiz destacó la inversión realizada hasta ahora por parte del Gobierno regional de «más de 50 millones de euros» para su implantación, y puso en valor algunas de las actuaciones realizadas, como la elaboración del Plan Regional de Servicios Sociales, la puesta en marcha del Comité de Coordinación Territorial, el acompañamiento social intensivo con un profesional de referencia, que llega ya a cerca de un millar de personas; la digitalización o el refuerzo de la ratio de trabajadores sociales, al que recordó que la Consejería ha dedicado dos millones de euros.

En cuanto a las actuaciones pendientes, que aseguró que se irán implantando hasta 2028, subrayó la elaboración de la Estrategia Autonómica de Lucha contra la Pobreza, «que ya se encuentra en su fase final» y la puesta en marcha del Comité de Ética, que afirmó que está «a punto» de recibir luz verde la Consejería. También aseguró «que pronto verá la luz el catálogo de prestaciones».

Por su parte, el presidente del Colegio de Trabajo Social, Juan Carrión, recordó la principal reivindicación en el ámbito de los servicios sociales en la Región sigue siendo la financiación y la dotación de más recursos humanos. «Sin estabilidad económica y sin equipos profesionales suficientes, el sistema no puede garantizar la atención que la ciudadanía», aseguró.

En este sentido llamó al Gobierno regional a continuar reduciendo las ratios de trabajadores sociales, hasta establecer un máximo de 3.000 habitantes por Unidad de Trabajo Social; agilizar los plazos de resolución en los procesos de valoración de discapacidad y dependencia; ampliar las plazas residenciales y avanzar en la estrategia de desinstitucionalización.

La consejera subrayó el esfuerzo presupuestario de la Comunidad y los Ayuntamientos de la Región, que «han incrementado su gasto en servicios sociales con fondos propios, a pesar de ser una de las comunidades que menos financiación estatal recibe».

Carrión también urgió a la Consejería de Política Social a elaborar y poner en marcha el Plan de Inclusión de la Región de Murcia, previsto en el artículo 38 del Decreto 163/2017, de 31 de mayo por el que se aprobó el reglamento de la Ley de Renta Básica de Inserción, que recordó que se publicó diez años después de lo previsto, una herramienta que consideró «imprescindible para reducir las desigualdades y fortalecer la cohesión social».

Por otra parte, puso en acento en la necesidad de abordar de forma integral el problema de la vivienda, un factor que consideró «determinante para la inclusión y el bienestar social».

En este aspecto coincidió el presidente de la Federación de Municipios, Víctor Manuel López, que también participó en el arranque de la jornada, quien consideró clave el refuerzo de las medidas en materia de vivienda y de empleo. Durante su intervención, López reivindicó el papel de los servicios sociales municipales como primera «trinchera» de recepción de las personas necesitadas, y animó al Gobierno regional a seguir trabajando para analizar cómo mejorar la atención a los ciudadanos, y la coordinación.