Política Social creará 350 nuevas plazas en residencias y centros de día con 6 millones de euros

El Instituto de Acción Social (IMAS) vuelve a ser el que se lleva la mayor parte del presupuesto, con más de 424 millones de euros. Uno de los proyectos fundamentales destacados por la consejera fue la creación de 350 nuevas plazas de atención residencial en centros de día y servicios para la promoción de la autonomía personal, un incremento para el que se destinarán 6 millones de euros. Según explicó, estas plazas «pasarán a través del concierto social a formar parte de la red pública de servicios para la atención de nuestros mayores y personas con discapacidad».

El presupuesto, detalló, contiene «recursos para impulsar actuaciones eficaces y comprometidas con los problemas y los anhelos de las familias y de su desarrollo», una cuestión que, reconoció, «depende en gran medida la labor que realizan las entidades locales entidades sociales y del tercer sector». La consejera dividió en tres los ejes prioritarios del presupuesto: servicios sociales, programas y recursos para la lucha contra la desigualdad y la modernización de equipamientos e infraestructuras sociales.

Respecto a los servicios sociales, Ruiz apuntó el incremento de la demanda de servicios y prestaciones por el envejecimiento de la población y la crisis social y económica provocada por la pandemia. En este capítulo, la Consejería destinará más de 850.000 euros más hasta alcanzar los dos millones a ampliar las ratios de profesionales en los servicios sociales de ayuntamientos y mancomunidades, un 70% más respecto a 2023, que supondrá la contratación de 71 trabajadores más en el ámbito de la intervención social.

La Consejería también hará un refuerzo de los equipos de atención primaria implicados en el trabajo con la infancia y la familia con 1,6 millones de euros cofinanciados con el Gobierno de la Nación.

Además se crea una nueva partida para impulsar las tecnologías de la información y comunicación para hacer más accesibles los servicios sociales dotado con 1 millón de euros. Además abordará la puesta en marcha de nuevas herramientas informáticas que faciliten la recogida y el intercambio de información y seguimiento de los casos a través de una metodología en red entre los sistemas implicados servicios sociales educación, empleo, justicia, salud y cuerpos y fuerzas de seguridad, para lo que se reservan 700.000 euros.

En materia de lucha contra la violencia de género, el presupuesto ascenderá a 8,2 millones de euros en los programas destinados a la sensibilización y prevención de esta lacra. En este aspecto destacó la próxima puesta en marcha del centro de crisis de atención a mujeres víctimas de violencia sexual con una partida de 200.000 euros, con las que anunció su puesta en funcionamiento «en los próximos días».

Las ayudas a la crianza y la conciliación de las más de 40.000 familias con necesidades especiales de la Región, que incluyen a las familias numerosas, monoparentales o con hijos de parto múltiple o adopción múltiple, de hasta 2.500 euros al año, contarán con una partida de un millón de euros que se ve incrementada este año en 200.000 euros. El presupuesto crece un 52% con cerca de 5 millones de euros más en programas destinados a la protección social de las familias, hasta alcanzar los 10,5 millones. Entre las medidas se encuentra la puesta en marcha del centro comarcal de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo en la infancia, un nuevo recurso que estará en marcha a partir del mes que viene. «Trabajaremos con 1.630 familias y 2.600 menores en situación de vulnerabilidad», afirmó Ruiz.

La Consejería aportará hasta 2027 2,8 millones de euros de fondos propios para conciliación de la vida familiar y laboral. Destinará 1,8 millones a los centros y puntos de atención a la infancia (CAI y PAI) y se mantendrá la dotación del Plan Corresponsables, que aumenta respecto a 2023 en 600.000 euros.

El departamento dotará con 8,5 millones un proyecto de empleabilidad para personas en situación de vulnerabilidad social que tendrá continuidad en 2025. También habrá una línea de ayudas a las entidades del tercer sector para incentivar la contratación de personas en riesgo de exclusión dotada con 600.000 euros, a la que se añade como novedad una línea de 165.000 euros para empresas que aborden la contratación de estos trabajadores.

Para brindar la atención temprana gratuita, el presupuesto se incrementa hasta 16 millones de euros, según afirmó la consejera. Además, contempla una partida de 75, millones para ampliar los conciertos sociales y convenios, por lo que el montante, sostuvo Ruiz, se eleva a 23,5 millones.

En materia de lucha contra la pobreza, Conchita Ruiz se comprometió a trabajar con el tercer sector para consensuar una estrategia de lucha contra esta lacra. Destacó entre las medidas el matenimiento de la financiación de los bancos de alimentos con 100.000 euros y el incremento de las prestaciones básicas de servicios sociales para las entidades locales en 2024, que se verán incrementadas en 590.719 euros, un 7,6% más, para los centros de servicios sociales y la tramitación de las ayudas a personas en riesgo de exclusión.

La renta básica de inserción se consolida en el presupuesto «como una prestación de apoyo que llega a donde no llega el ingreso mínimo vital, que ya alcanza a los 30.000 perceptores en la Región», explicó la consejera. Se mantiene así el complemento de 100 euros por hijo menor a cargo del que ya se han beneficiado 821 familias y 1.600 menores.

Por otra parte, las cuentas, para agilizar el acceso al sistema y desarrolo de un nuevo modelo de atención en los centros más desisntitucionalizado, siguiendo los mandatos de la estrategia europea de cuidados de larga duración, llevará a cabo la mejora de la financiación de los servicios de atención residencial en centros de día y promoción de la autonomía personal para mayores y personas con discapacidad, con más de 11 millones.