La Policía revisa miles de archivos de contratos del Puerto de Cartagena
Los expedientes y correos intervenidos por orden de la jueza en la causa sobre presunta corrupción ocupan medio terabyte y su análisis llevará meses
«Solo a través del examen de los dispositivos de almacenamiento utilizados por la APC [Autoridad Portuaria de Cartagena] podrá llegarse a tener conocimiento ... del descubrimiento de los delitos investigados y del grado de participación en el mismo de los distintos investigados; o, por el contrario, descartarse su participación en los mismos, para el caso de haberse producido una conexión fraudulenta por terceras personas para cometer el ilícito penal que se está investigando». La titular del juzgado de Instrucción 1 de Cartagena, Virginia Urrea, justificó así el 18 de mayo, en un auto, que se personara en las instalaciones del organismo público y buscara en los ordenadores pruebas sobre presunta corrupción en la adjudicación de contratos y empleos de alta dirección a personas y empresas afines a los expresidentes Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla y al Partido Popular entre los años 2014 y 2021.
Tras un primer rastreo de la información recabada en la sede de los servicios informáticos del Puerto, los investigadores han llegado a la conclusión de que necesitarán al menos dos meses para cribarla, analizarla y plasmarla en un informe. Así lo aseguraron a LA VERDAD fuentes conocedoras de las pesquisas y destacaron que el Grupo II de la brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena intervino el 19 de mayo un volumen de datos cercano a medio terabyte (unos 500 gigabytes).
Miles de archivos, carpetas, ficheros y correos electrónicos, entre otro material informático, está siendo revisado con detalle por los especialistas en Delincuencia Económica y Tecnológica, que durante horas realizaron el volcado o clonado de la información en presencia de la letrada judicial.
Relación con los contratistas
Ahora, rastrean a fondo la información que pueda resultar relevante para el juzgado, cuyas diligencias penales abarcan los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, información privilegiada / revelación de secretos, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documento público. El informe técnico policial abarcará lo relativo a 14 contratos y expedientes administrativos (incluidos memorias justificativas, facturas, pliegos, actas de comités técnicos, ofertas y borradores), la bolsa de trabajo de la Policía Portuaria y el contenido de los correos de once personas que están o han estado en la institución. Entre ellas está el exdirector general del Puerto, Fermín Rol.
Expertos en delincuencia económica y tecnológica chequean 14 contratos, los 'mails' de once personas y la bolsa de trabajo de la Policía Portuaria
En su auto, Urrea explicó que los denunciantes (un empleado ejerce la acusación particular y UGT y Comisiones Obreras la popular) remitieron a la Fiscalía correos electrónicos de los que ellos mismos eran «partícipes» y datos de expedientes en los que eran «intervinientes», gracias a su acceso al sistema informático del Puerto denominado Navision. Por su parte, las defensas de los investigados aportaron «determinada información» consistente en correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y «otros documentos que son parte de expedientes públicos».
Posibles nuevos hechos
«Sin embargo», advirtió la instructora, «con carácter general los mismos no han sido aportados en formato digital, con el fin de poder verificar la realidad y metadatos de tales archivos». Y los documentos suministrados en soporte informático, como archivos Word o pdf, tienen información «inservible» en cuanto a los metadatos. Estos permiten conocer cuestiones como la fecha de creación de cada archivo y su autor.
Para no depender de versiones de parte o incompletas y evitar manipulaciones, la magistrada optó por «obtener los archivos informáticos originales y genuinos directamente de los servidores, no los aportados por las partes, ya de denunciantes, ya de investigados». Estos últimos, recordó, «no están obligados a aportar información que les pueda resultar perjudicial».
Eso sí, Urrea aclaró que esta «investigación tecnológica» debe ceñirse a hechos que puedan tener relación «concreta» con la investigación. En esta ya «existen indicios racionales de criminalidad» por hechos de carácter «grave» desde el punto de vista penal.
En todo caso, al bucear en las comunicaciones entre funcionarios y personal del Puerto y entre estos y «contratistas que hayan presentado licitaciones en los expedientes de contratación tramitados de modo digital», la Policía puede encontrar sorpresas, nuevos hechos con apariencia delictiva. Y, como recuerda la jueza, «de encontrar otros elementos indiciarios de nuevos delitos, como hallazgo casual, deberán aportarse al juzgado con el correspondiente informe para su valoración y extensión de la investigación judicial».
Funcionarios por directivos
En la ampliación de denuncia, UGT y Comisiones Obreras describen supuestas «coacciones» de Muñoz a los integrantes de comisiones técnicas encargadas de licitaciones, para garantizar adjudicaciones de contratos de obras y servicios a ciertas empresas. La expresidenta también habría maniobrado para cambiar en esas comisiones a funcionarios por «directivos con mucho menor conocimiento técnico» y «más influenciables».
Los sindicatos dicen que los colocó Muñoz y que a esta la designó directora general de Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma Antonio Sevilla, cuando él era consejero de Obras Públicas. Y citan como enchufado de Muñoz al jefe de Explotación del Puerto, Borja Fernández-Pacheco, hermano del exalcalde de Almería y consejero autonómico andaluz del PP, Ramón Fernández-Pacheco.
Declaraciones y peticiones cruzadas de sindicatos e investigados
La jueza, la Policía, la Fiscalía General del Estado, la acusación particular y las acusaciones populares tienen la lupa en este caso. La magistrada Virgina Urrea debe tomar aún declaración a distintos investigados y testigos. La Policía, que ya interrogó a empleados del Puerto en 2022, se centra en su nuevo informe. Y la Fiscalía, que días atrás envió al juzgado una ampliación de denuncia de delegados portuarios de UGT y CC OO, tratará de armar un relato de hechos sólido, susceptible de una eventual acusación en un juicio penal. Hasta ahora, ha insistido en preguntar por las actuaciones aparentemente «arbitrarias» e «ilícitas» de la expresidenta Yolanda Muñoz y otros investigados, según fuentes judiciales. Las defensas, entre ellas la de Muñoz, ejercida por el abogado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, se esforzarán por defender la inocencia de sus representados y pedir el archivo de la causa. Esta arrancó en enero, tras una denuncia del fiscal.
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