La Policía acusa a Cs de «dificultar» la investigación sobre las primarias para propiciar la pérdida de datos

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ha vuelto a insistir al juez de Instrucción número 5 de Cartagena, que investiga el supuesto 'pucherazo' en las primarias de Ciudadanos en las que salió elegida la actual vicepresidenta del Gobierno, Isabel Franco, sobre la «poca colaboración» de la formación política tras los diferentes requerimientos efectuados. «Y más cuando solicitaron personarse como perjudicados en la causa», llaman la atención. Los agentes señalaron en un escrito que, después de recibir toda la documentación por parte de Ciudadanos y de la empresa Lazarus Technology, tras más de dos años de diligencias, «no se dispone de la información necesaria e imprescindible para esclarecer los hechos» que denunció en su día el candidato perdedor de aquellas primarias, Leonardo Pérez.

Esa información, tal y como han dejado claro los investigadores en diferentes ocasiones, se obtendría cruzando el número identificador que se generó en cada voto emitido en las primarias con cada votante real, con su nombre y apellidos. Unos datos tan simples como vitales para la instrucción del caso que, a día de hoy, siguen sin llegar. A juicio de los miembros del Grupo de Delincuencia Fiscal y Económica, esto se debe en gran medida a la «demora injustificada» de Ciudadanos a la hora de entregar la información exigida, que dilató hasta varios meses después de los requerimientos y, además, de forma incompleta. Todo ello, lamentaron, con la «clara intención de dificultar la investigación», lo que ha propiciado la pérdida de información vital para resolver el supuesto fraude.

El juzgado y la Policía han reclamado en estos meses a Ciudadanos que facilitaran la documentación necesaria «a la mayor brevedad posible», y que tomaran medidas «para evitar la destrucción de cualquier soporte que contenga información relativa al sistema telemático de votaciones». Los agentes recordaron que la formación política comunicó la «imposibilidad de aportar la información requerida directamente desde el partido», y que las pruebas estaban en posesión de la empresa Lazarus Technology. Sin embargo, los agentes han comprobado que Lazarus copió los datos directamente de un equipo informático que «tuvo que ser entregado por Ciudadanos».

Según los investigadores, el hecho de que Ciudadanos se remitiera a Lazarus solo fue una forma más de retrasar la entrega de la documentación solicitada por el juzgado con el «único propósito» de lograr que la información relacionada con las IP no pudiera ser utilizada por la Policía para esclarecer los hechos «con datos objetivos». Los miembros de la Udef lamentaron que esta demora haya impedido, además, poder solicitar la información pertinente a las compañías telefónicas, que solo guardan durante un año los datos relativos a las IP a las que han dado servicio. Y todo ello porque Lazarus omitió información clave -los segundos- de las horas exactas a las que se emitieron los votos.

Sobre el informe entregado por la empresa, la Policía se mostró tajante al explicar que «no aporta información de interés» y «está realizado en virtud de unas directrices previamente marcadas por parte de Ciudadanos». Esta maniobra buscaba «no aportar datos reales» y, a través de la documentación de la empresa, «intentar desprestigiar cada una de las cuestiones en las que se basa la denuncia y el informe pericial».

Por todo ello, el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal solicitó al juez nuevos requerimientos, tanto a Ciudadanos como a la empresa Lazarus, para que entreguen la información exigida. También han pedido a la formación política que entregue toda la documentación relativa al contrato con la empresa Lazarus Technology. Además, los agentes señalaron que se han abierto nuevas líneas de investigación para tratar de esclarecer el supuesto fraude en las primarias de Ciudadanos, aunque sin especificar cuales.