El magistrado José María Fernández Seijo: «Aún no hemos podido limpiar las mesas de la anterior crisis»

–¿Cómo ve la actual crisis?

–En lo que afecta a los juzgados mercantiles, sorprendentemente, no se ha producido la avalancha de concursos. Con las medidas económicas que se han adoptado, como las moratorias en las leyes y los ERTE, parece que la gente todavía no se ha animado a ir a procedimientos de insolvencia. Eso no quiere decir que la gente no lo esté pasando mal. Hay una situación extremadamente grave tanto en las empresas como en los particulares, pero como hay una moratoria en las leyes Covid, pues en las cifras de concursos no ha habido un aumento sustancial en estos meses.

–¿Y qué espera que ocurra en los próximos meses? Hay quien aguarda el aluvión de procedimientos a partir de enero...

–Si no hay una recuperación económica inmediata, que también está vinculada a la situación sanitaria, el propio Ministerio de Justicia baraja cerca de 50.000 procedimientos de insolvencia el año que viene. Son cinco veces más que los que tuvimos en 2019. Tiene que mejorar la situación y, si se prorrogan algunas medidas económicas, hará que el golpe sea un poco más suave, pero las perspectivas no son buenas.

–¿Cómo afrontamos este horizonte? ¿La ley de segunda oportunidad podrá actuar de salvavidas en una situación como esta?

–Hay un problema y es que los juzgados que llevan estos asuntos están muy saturados de trabajo ya de antes de la pandemia. La respuesta judicial, por desgracia, no va a ser todo lo ágil que se pretende. El procedimiento de segunda oportunidad puede ser una vía razonable para que personas que no puedan sostener sus pagos vieran perdonadas sus deudas, pero también es un procedimiento muy sofisticado. Mi opinión es que es excesivamente complicado para ayudar a la gente de manera efectiva. No va a ser un alivio inmediato. No es una mala ley, pero es de difícil aplicación.

–Llega a poca gente.

–Claro. En Francia o en Alemania, cada año 50.000 o 60.000 personas acuden a estos procedimientos. En España apenas son 2.000 o 3.000 los que se atreven.

–En la anterior crisis le escuché asumir que los jueces habían reaccionado adecuadamente, pero tarde. ¿Espera una respuesta más ágil ante la crisis actual?

–Es lo que le comentaba al principio. Los juzgados están muy saturados. Todavía no hemos sido capaces de limpiar los armarios y las mesas de la crisis del 2008-2013. Tenemos un volumen que está muy por encima de la capacidad de trabajo y tampoco se han creado juzgados en los últimos años para hacer frente a la situación así que nuestra respuesta no va a ser todo lo eficaz que requeriría la economía. La gente quiere que la respuesta sea casi de un día para otro y en cambio los procedimientos judiciales nos obligan a estar muchos meses litigando. Yo no creo que sea un problema de los jueces, porque nosotros año a año incrementamos nuestra productividad. Estamos en un sistema muy colapsado parecido al de la sanidad. Hay buenos médicos, pero si los hospitales están saturados no pueden hacer buena medicina.

–Su nombre se hizo famoso por llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE la ley hipotecaria. ¿Por qué se salió del carril?

–Bueno, más que salirme del carril, fue buscar uno distinto. Yo tuve la suerte de trabajar en asuntos en los que aplicábamos Derecho Comunitario en otros temas y, en la medida en que pensaba que la respuesta que estaban dando las leyes españolas a los problemas hipotecarios no era correcta, pensé que el Derecho Comunitario, y sobre todo el Tribunal de Justicia de la UE, nos podía dar un punto de vista distinto. Ni fui el primer juez que lo hizo ni el último. Lo que sí es cierto es que ahora, en temas de consumidores y contratos financieros, miramos a Europa más que a Madrid.

–Tras conseguir la histórica sentencia europea –la del 'caso Azid'–, señaló que abría la puerta a que algunas personas que habían sido desahuciadas consiguiesen recuperar su casa. ¿Ha tenido el efecto que esperaba?

–Sí. Se dio la paradoja de que al pobre afectado en mi pleito, el señor Azid, finalmente no se le dio la razón. No obtuvo ningún beneficio del caso que lleva su nombre. Pero hubo cientos de miles de familias en España que han conseguido que hoy en día las ejecuciones hipotecarias sean un poco más justas.