Carlos Victoria Lanzón: «Podemos tener un problema de cierta incapacidad para ejecutar los fondos de la UE»

-La OCDE ha rebajado hace unos días la previsión de crecimiento del PIB nacional y la sexta ola del coronavirus está aún en su fase ascendente. ¿Qué otras malas noticias económicas nos esperan?

-Estamos en una fase de muchísima incertidumbre. Pese a que se ha avanzado en la vacunación y las tasas de vacunados son muy altas, sigue habiendo incertidumbre, miedo y preocupación. La economía es frágil y esto puede afectar a decisiones relacionadas con la inversión y el consumo. Por otro lado, estamos en la fase de recuperación y se espera que el crecimiento sea fuerte, pero una cosa es recuperar el terreno perdido y otra lograr un crecimiento vigoroso.

-¿Cree que la recuperación será más lenta de lo que se preveía?

-Se esperaba que hubiera un gran efecto rebote, al ser España uno de los países en que más cayó el PIB, pero lo que se ha visto es que la recuperación no ha sido tal. Tenemos dos objetivos. Por un lado, lograr la recuperación, que se está viendo que no es algo trivial. Parecía que la vuelta a la normalidad iba a permitir recobrar el terreno perdido y se está viendo que no está siendo así. Y, por otro lado, no basta solo con recuperar el terreno perdido, hay que afianzar la recuperación, conseguir que el crecimiento sea sostenido y continuado, y para eso hay que hacer una serie de reformas y de inversiones que tampoco se están dando con la velocidad y la urgencia necesarias.

-En esta fase de recuperación hay muchas esperanzas puestas en la llegada de fondos 'Next Generation' de la Unión Europea, pero resulta que España no se caracteriza por la buena gestión que ha hecho hasta ahora de los fondos europeos. ¿Se corre el riesgo de sufrir una gran decepción con este maná de millones a fondo perdido?

-Efectivamente, España ha tenido unas tasas de ejecución de financiación europea relativamente bajas en comparación con el resto de países. Y no solo tenemos que ejecutar los fondos 'Next Generation', tenemos que hacerlo al mismo tiempo que ejecutamos el Fondo Social, los Fondos de Cohesión y otros tantos. Cuando se anunciaron los fondos parecía que la mayor preocupación era establecer unas salvaguardas para evitar un mal uso de ellos, cosa que es razonable. Pero podemos encontrarnos con un problema de rigidez y de cierta incapacidad para ejecutar estos fondos, sobre todo para que se ejecuten en los objetivos fijados por Bruselas. Los proyectos tienen que planificarse y ejecutarse, eso lleva tiempo y España tiene unas tasas de ejecución relativamente bajas, lo que puede hacer que la llegada de estos fondos al sistema productivo sea más lenta de lo deseado.

-¿Por qué razón España ha sido uno de los países que más ha retrocedido económicamente con la pandemia?

-Hay una combinación de factores estructurales y coyunturales. De los primeros, destacaría fundamentalmente dos. Uno es el pequeño tamaño de nuestras empresas, que las hace menos adaptables a situaciones de 'shock' negativo. Por ejemplo, las pequeñas empresas están mucho menos digitalizadas, lo que ha sido un elemento de amortiguación o de adaptación a la crisis. Y, por otro lado, está la composición sectorial. Somos un país con un importante peso de los servicios, particularmente en lo que se han llamado sectores cerrados, en los que la actividad no es que se haya ralentizado, sino que, simplemente, ha cesado, como la hostelería y el turismo con la no llegada de viajeros extranjeros. Esos dos factores estructurales son importantes para explicar el hecho diferencial. Y luego, a nivel coyuntural, hay algunos elementos de la gestión de la crisis, como la falta de coordinación entre administraciones públicas o dentro de las propias administraciones, y las propias dinámicas institucionales y políticas que también han podido afectar a que la respuesta a la crisis haya sido más difícil que en otros países.

-La descoordinación entre el Gobierno central y las comunidades, incluso entre los socios del mismo Gobierno central, ¿ha tenido consecuencias económicas durante la pandemia?

-Ha podido tenerlas en tanto en cuanto, por un lado, la economía y la sociedad en general necesitan certidumbre, que las reglas del juego estén claras. Se necesita saber cuándo se pueden hacer determinadas actividades, cuáles son las restricciones, hasta cuándo se van a dar. Y, por otro lado, es verdad que esta falta de coordinación también hace que en las decisiones que se toman muchas veces intervengan consideraciones de tipo político, lo que puede afectar al desarrollo normal de las decisiones sobre política económica.

-A diferencia de España, la economía de la Región de Murcia sí se ha comportado mejor que la media, en parte por el peso del sector agroalimentario, que ha sido uno de los que mejor ha soportado la crisis. ¿Cree que la Región está preparada para salir reforzada de esta crisis?

-La Región de Murcia es cierto que ha resistido bien la pandemia. Incluso en el inicio se actuó de forma decidida y se tomaron decisiones correctas. También influye la composición sectorial e incluso del clima. Estoy hablando de la posibilidad de llevar a cabo actividades al aire libre, donde la transmisión del virus es menor. Hay elementos coyunturales que han hecho que la Región de Murcia haya resistido mejor, pero también tiene retos por delante cuya superación dependerá de decisiones de política económica. Por un lado, la apuesta por políticas de mercado de trabajo, de formación y, en general, de inversión en capital humano. Y, por otro lado, la adopción de medidas relacionadas con el tejido productivo y, en el caso de la Región de Murcia, con el reto medioambiental.

-¿A qué se refiere cuando habla del reto medioambiental de la Región de Murcia?

-Además del reto global de conseguir una transición ecológica que sea a la vez suficiente y no deje a nadie atrás, en el caso participar de la Región de Murcia está la superación del desastre del Mar Menor, que no solo es un reto medioambiental, sino un componente muy importante del sistema económico regional.

-La pandemia ha impulsado cambios radicales en las relaciones laborales, como la expansión del teletrabajo. ¿Qué riesgos entraña este fenómeno si no se regula adecuadamente?

-Ya tenemos datos sobre la incidencia del teletrabajo a lo largo de este año, y lo que se observa es la patente desigualdad que existe en la incidencia del teletrabajo en función de diversas variables socioeconómicas, como el nivel educativo, el nivel de renta, el tamaño del municipio, la edad o el tipo de trabajo. A la vista de estos datos, la probabilidad de teletrabajar ha sido mucho mayor en los trabajadores de más renta, de mayor nivel educativo, que desempeñaban puestos de gerencia o profesionales técnicos. Esto hace que los efectos de la crisis hayan sido muy desiguales, porque unos trabajadores podían trabajar desde casa y otros tenían que salir o tenían sus empresas cerradas. De cara al futuro, parece que los beneficios no se van a repartir 'a priori' de forma equitativa entre la población, sino que se corre el riesgo de que las ventajas del teletrabajo se acaben circunscribiendo solo a un determinado perfil de trabajadores. Muchos de los trabajadores que no han teletrabajado ponían como motivo que sus propias viviendas no eran adecuadas para ello, es decir, que muchas veces no es por falta de voluntad. Este es para mí el mayor riesgo: que las ganancias del teletrabajo, al igual que sus costes, se encuentran desigualmente distribuidas en la sociedad.

-¿Qué consecuencias futuras pueden tener en los jóvenes y en su educación los meses perdidos de aprendizaje y la rebaja de los niveles de exigencia a causa de la crisis sanitaria?

-La pandemia ha tenido en la educación un efecto claro: la pérdida de aprendizaje por parte del alumnado, que ha llegado a ser el equivalente de varios meses de educación. Y, una vez más, esta pérdida ha sido tremendamente desigual entre niños y niñas que venían de familias con un nivel de renta menor o con un nivel educativo de los padres más bajo. Esto puede contribuir a incrementar las desigualdades que ya existían. Una de las lecciones que ha dado la pandemia en este campo, y existen evidencias sobre ello, es que, dentro de las medidas a adoptar para corregir esta pérdida de aprendizaje, la repetición tiene un elevado coste no solo en términos sociales, sino también económicos, además de que no hay demasiada evidencia de que sea la más adecuada para mejorar la situación del alumnado. Mientras que otro tipo de intervenciones, como pueden ser los programas de tutorías en pequeño grupo e incluso individualizadas, consiguen resultados en términos de aprobados y de satisfacción personal y mejora de la confianza mucho mayores y, además, a un coste relativamente moderado. De cara a la recuperación, una propuesta que se ha hecho y de la que se debería tomar nota es la posibilidad de implementar programas de tutorización y acompañamiento del alumnado, especialmente del más vulnerable, que le permita recuperar el aprendizaje perdido y continuar mejorando.

-De todos los efectos a largo plazo que dejará la pandemia, ¿cuál es el que más le preocupa?

-La pandemia ha actuado como catalizador de un proceso de cambio productivo y de reorganización en el mercado laboral que ya se venía produciendo. En el marco de los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar, como son la digitalización y la transición ecológica, también deberemos hacer frente a la necesaria recualificación, no solo vertical sino también horizontal, de un gran número de personas en el mercado laboral. Esto va a requerir no solo que estas personas se formen, sino que nuestros sistemas de formación para el empleo y nuestras políticas activas de empleo se transformen. Se trata de un reto de proporciones mayúsculas porque, si no se hace bien, nos podemos encontrar con que esta transición al nuevo empleo, en el peor de los casos, no se dé y esas personas no se puedan colocar en este proceso de reasignación productiva, o bien se dé pero de forma costosa y traumática. Hemos aprendido de la globalización y de la reconversión industrial y no nos podemos permitir otro proceso de transición como los que hemos tenido. Depende en gran medida de los poderes públicos, pero también de la sociedad y del tejido empresarial, que este proceso sea el más suave posible, y eso pasa por invertir en capital humano y en transformar las políticas activas de empleo.