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La vicepresidenta adjunta del Grupo Parlamentario de Podemos, Irene Montero. EFE
Podemos recurre la ley regional de Aceleración Empresarial ante el Constitucional

Podemos recurre la ley regional de Aceleración Empresarial ante el Constitucional

El Grupo Parlamentario apela al Alto Tribunal para tumbar este proyecto estrella del Gobierno de López Miras, al considerar que vulnera la legislación nacional ambiental y crea inseguridad jurídica a las empresas

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Jueves, 21 de febrero 2019, 11:40

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Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados un recurso de la Ley de Ley de Aceleración Empresarial, que recoge medidas de gran calado para la transformación del modelo económico de la Región de Murcia. El Grupo Parlamentario apela al Tribunal Constitucional para tumbar este proyecto estrella del Gobierno de López Miras, al considerar que vulnera la legislación nacional ambiental y crea inseguridad jurídica a las empresas.

El recurso de inconstitucionalidad de Podemos denuncia que dicha Ley «adolece de una falta de claridad que afecta, especialmente, a la regulación que contempla en materia urbanística y ambiental; se trata de un texto confuso, de difícil comprensión no sólo para la ciudadanía, sino también para la Administración». Esta falta de claridad, continúa el texto, «se hace especialmente grave en materia urbanística y ambiental, cuyos preceptos se dispersan sin orden alguno a lo largo de la norma, de forma asistemática e incoherente, incluso con contradicciones internas en la propia ley recurrida». Según Podemos, esto provoca una «quiebra del principio de seguridad jurídica» que podría dar lugar a «actuaciones arbitrarias por parte de los poderes públicos que han de aplicarla».

El Grupo Parlamentario cree que la Ley supone «una invasión de competencias locales» y señala que algunos puntos entran en conflicto con la Ley de Costas porque contraviene las competencias estatales.

Además, Podemos considera que la Ley de Aceleración Empresarial reduce la protección ambiental porque es contraria al Reglamento de Emisiones Industriales y de Desarrollo, de prevención y control integrados de la contaminación, ya que «considera como modificación no sustancial la inclusión de un foco que incremente la emisión másica de los contaminantes de la AAI o del total de emisiones atmosféricas producidas en un porcentaje de entre el 25 y el 35%, cuando de la interpretación del mencionado artículo de la legislación estatal se deduce claramente que cuando se supere el 25% debe calificarse en todo caso como modificación sustancial».

Por último, el recurso denuncia el uso de una nueva figura denominada «licencia provisional de actividad» que no busca adecuar los usos a la normativa, sino que «obliga a modificar el planeamiento para adaptarlo a la actividad ilegal, y además, mientras tanto, y sin límite temporal alguno, concede una licencia provisional de actividad, impidiendo así, en todo momento, la restitución de la legalidad». Este nuevo procedimiento, continúa el texto, además «se solapa con otros ya existentes en la normativa vigente para efectuar regularizaciones urbanísticas y ambientales».

Urralburu: «es una ley tóxica, más propia del salvaje oeste»

El portavoz parlamentario y secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, ha subrayado que la Ley de Aceleración Empresarial es «tóxica, más propia del salvaje oeste, que simboliza el peor testamento que nos podía dejar el agónico gobierno de López Miras. Un testamento escrito por la patronal, para que los que controlan realmente la Región puedan descuartizar a gusto lo que es de todos y venderlo al mejor postor. Han puesto al zorro a cuidar de las gallinas».

Para Urralburu, la actitud del gobierno de López Miras es «miserable puesto que están cometiendo una gran injusticia con aquellos empresarios que llevan dos décadas haciendo esfuerzos por cumplir la ley. Estos empresarios son de los que se olvida el PP mientras que hace de sastre para aquellos piratas a los que les regala una amnistía urbanística y medioambiental».

Asimismo, el PP y Ciudadanos han abierto la puerta para que las actuaciones de las empresas que solicitan informes de impacto puedan proseguir incluso durante la tramitación del expediente, «algo absolutamente contrario al carácter preventivo de los mismos. Nos preguntamos cómo a alguien se le puede pasar por la cabeza que mientras se tramita un expediente se permita a una empresa contaminar el aire, el agua o la tierra. No sé qué más le puede pasar a esta Región que ha visto como su Mar Menor ha sido destrozado».

Óscar Urralburu ha contado que Podemos ha presentado un recurso ante el Constitucional porque lo que parece que el PP pretende hacer con esta ley es que sea «poco clara a propósito, sobre todo en materia urbanística y ambiental, para hacer lo que más le convenga a ellos y a sus redes clientelares. Por ejemplo, regula nuevos procedimientos relativos a figuras inexistentes en la normativa actual, como la llamada licencia de actividad para usos provisionales, sin que esta licencia esté contemplada en el ordenamiento jurídico autonómico». Esta ley, ha dicho Urralburu, crea una inseguridad jurídica que hace imposible tener certeza alguna de cuál es la regulación existente y cuáles serán los resultados jurídicos de su aplicación.

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos, ha remarcado que Partido Popular y Ciudadanos se han valido de todas sus «artimañas para diseñar un instrumento que les da carta blanca para legalizar empresas que llevan 20 años saltándose las reglas y habilita que las mismas puedan evitar los controles medioambientales y urbanísticos vigentes». Esta ley, «invade competencias de los ayuntamientos y se excede en todo lo que concierne a la gestión que puede realizar la Comunidad Autónoma. Así, los amiguetes de ambos partidos podrán verse beneficiados sin tener que rendir cuentas ni cumplir trámites que garantizan la supervivencia de nuestro patrimonio natural, algo que sí que llevan años haciendo otros muchos empresarios».

El portavoz de la formación ha afirmado también que el PP y Ciudadanos «han creado una herramienta a su medida. Con ella, pretenden dar vía libre y legitimar a todas aquellas empresas que llevan años saltándose la ley y que ponen en peligro nuestro medio ambiente, ya de por sí precario por la gestión del PP durante dos décadas».

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