Podemos amenaza con llevar al Constitucional la nueva norma de Aceleración Empresarial

PP y Cs defienden su ley de simplificación administrativa, a la que ponen importantes reparos los Servicios Jurídicos de la Asamblea

Miguel Ángel Ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

La tramitación de la nueva Ley de Aceleración Empresarial, cuyo debate está previsto para el jueves próximo en la Asamblea Regional, ha embarrancado en un escollo imprevisto: los importantes reparos jurídicos advertidos por la secretaria general del Parlamento autónomo, que no solo considera el texto técnicamente «deficiente», sino que, en su opinión, invade competencias de otras administraciones, genera inseguridad jurídica y puede ser anulado por el Tribunal Constitucional por no garantizar suficientemente «un medio ambiente adecuado», como adelantó ayer 'La Verdad'. Un palo en toda regla a uno de los grandes proyectos del Gobierno regional para esta legislatura que siguen defendiendo PP y Ciudadanos, promotores de la ley: «No dudamos de su legalidad», mantienen sobre una norma cuyo objetivo es agilizar las autorizaciones ambientales y otros trámites administrativos para la instalación de empresas, crear empleo y evitar la fuga de inversiones a otras comunidades.

PSOE y Podemos han aprovechado el varapalo de la letrada jefa de la Asamblea, Encarna Fernández de Simón, para desacreditar un proyecto normativo polémico desde sus inicios porque, según sus críticos -ecologistas y partidos de la oposición-, se trata de un traje a medida de los empresarios para soslayar sus obligaciones en la protección del medio ambiente.

'Los pies en la tierra', el blog del medio ambiente:
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El secretario general de Podemos, Óscar Urralburu, ya ha adelantado que si la ley supera la fase de enmiendas la recurrirá en el Tribunal Constitucional. PP y Ciudadanos, asegura, «se han valido de todas sus artimañas» para diseñar un instrumento que da «carta blanca» a legalizar empresas que llevan «veinte años saltándose las reglas» para que «sigan evitando los controles medioambientales y urbanísticos».

Por parte del PSOE, su portavoz parlamentario, Joaquín López, señala que el PP y su «comparsa» Ciudadanos «hacen el ridículo haciendo suyos los intereses económicos» de la Croem mientras «desprecian el medio ambiente».

PSOE: «En manos de Croem»

«Cuando hay un gobierno paralizado, con un presidente por accidente que no sabe lo que hace ni lo que dice, y se pone en manos de una organización empresarial para hacer leyes, eso tiene como resultado que sean una chapuza y que atenten contra los principios básicos constitucionales y medioambientales», remarcó.

El diputado regional del PP Domingo Segado sostiene por el contrario que su grupo «no duda de la legalidad y la constitucionalidad» de la iniciativa, aunque acepta que se modifique en el periodo de enmiendas «si hay posibilidad de mejora».

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Miguel Sánchez, admite que el texto tiene «cuestiones muy subjetivas» y «aristas» sujetas a interpretación, pero apunta que su grupo ha trabajado con un grupo «multidisciplinar de juristas» para cambiar un borrador inicial que tenía «muchas lagunas». «Por encima de todo hay 20.000 empresas en situación de alegalidad», añadió antes de afirmar que «el que no arriesga no gana».

Finalmente, Somos Región, el partido que lidera el expresidente regional por el PP Alberto Garre, califica de «auténtica chapuza» la propuesta de ley y considera «inaceptable» que se tramite por el procedimiento de urgencia. Somos Región acusa al Gobierno regional de «servilismo con la Croem».

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