De servicio «transparente y modernizado» a «reguero de casos de corrupción»: las estaciones de ITV centran el debate en la Asamblea

Desde que en 2017 entró en vigor el decreto que liberalizaba esta actividad, la Región ha pasado a contar con 44 estaciones de ITV fijas y 10 móviles, según detalló el responsable de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Para Juan María Vázquez, se trató de un «cambio de modelo ordenado, con capacidad regulatoria firme y tecnológicamente avanzado». En cifras, expuso que suma 55 millones de euros en la construcción, equipamiento y adecuación de las estaciones, con una facturación en 2024 de 46 millones y 697 profesionales. Destacó que con una media de 27.000 vehículos por ITV, Murcia cuenta con la cuarta ratio más baja del país.

Vázquez también negó que el cambio de modelo haya supuesto «una relajación técnica del control ni un deterioro en la calidad del servicio». Así, sostuvo que el índice de rechazo en la red regional de estaciones fue del 18,3% en 2024, cifras similares a las que había antes de la liberalización. Incluso en los primeros meses de 2025 ha crecido al 19%, según aclaró.

La intervención del consejero terminó tras escuchar y responder a los diferentes grupos parlamentarios afirmando que «el servicio es más transparente, más eficiente y más seguro».

Desde la oposición, el diputado del PSOE Alfonso Martínez Baños aseguró que la liberalización convirtió «un servicio público en un negocio para amiguetes» y «ha desembocado en un reguero de casos de corrupción destapados por la Guardia Civil». El socialista recordó que se han realizado cinco operaciones con detenidos en cinco años en estaciones de diferentes municipios.

Tanto PSOE como Podemos mencionaron también la muerte de un bebé en 2024 en el accidente provocado por un vehículo que había pasado de forma fraudulenta la inspección. «La desregulación ha provocado un aumento del fraude y la pillería», afirmó en su intervención Víctor Egío, de Podemos.

Las dos formaciones también remarcaron que se ha producido un aumento de los precios desde la desregulación. En concreto, una media del 30%. Para Martínez Baños, «esto se ha convertido en la ley de la selva» y para Egío «la liberalización ha fracasado» porque «ni es más barata ni es más segura».

Desde el PP, la diputada Isabel María Sánchez defendió que «la gestión de las ITV en la Región funciona bien». «Era una necesidad cambiar el modelo de gestión y un acierto liberalizarlo. No es una amenaza, sino una oportunidad», dijo Sánchez Ruiz.

El Gobierno regional del PP encontró el apoyo en este debate de Vox. Su diputado Pascual Salvador señaló que «corrupción siempre ha habido en las ITV y la desregulación no ha sido un factor desencadenante». Salvador sí que pidió a la Consejería que incremente los trabajos de inspección a las estaciones.

No sólo Vox, sino también el propio consejero Juan María Vázquez, respondieron a las críticas del PSOE sobre los casos de corrupción en estas ITV recordando las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, tanto por las contrataciones que se realizaron en empresas públicas como Adif y que ha destapado el 'caso Koldo', a la que afecta al hermano del propio presidente y su puesto en la Junta de Extremadura.

Antes de esto, tuvieron lugar tres interpelaciones: dos del PSOE sobre el cumplimiento del protocolo para las personas transexuales en la Región y la ejecución del Presupuesto de la Comunidad. La tercera, de Vox, trató sobre la norma de la Consejería de Educación para niños con padres, madres o tutores legales separados, divorciados o que ya no conviven.