Las plazas del millar de profesores asociados de la UMU y la UPCT saldrán a concurso

Las dos universidades públicas de la Región entienden que las cerca de mil plazas tendrán que salir a concurso, ya que lo que se estabiliza es el puesto, no al docente que lo desempeña. A esos procesos de selección podrá presentarse cualquiera, y aunque los años trabajados en el puesto supongan puntos en el baremo, los asociados que actualmente ocupan las plazas no tienen ninguna garantía de ganarlas. «No es un proceso de consolidación», remarca el rector de la UMU, José Luján, quien entiende que la modificación traerá pocas ventajas para los trabajadores y muchos inconvenientes para los asociados que puedan verse perjudicados y para la propia institución. La transformación afecta en menor medida a la UPCT, que al tratarse de una universidad más joven y pequeña, tiene menos asociados, cerca de un centenar.

A los asociados les preocupa que los concursos para transformar los contratos, de concurrencia pública, terminen dejando fuera de las universidades a decenas de profesores que llevan más de una década de servicio a la docencia. En cualquier caso, están convencidos de que sus ingresos se verán reducidos, ya que la nueva regulación limita a 120 horas lectivas por curso su tope de docencia, en lugar de las 180 actuales.

¿Por qué una medida llamada a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores temporales genera protestas? El problema se remonta a la crisis de 2008, cuando las universidades vieron cerrada la vía de entrada de nuevos docentes por los límites a la tasa de reposición. Durante la crisis económica, aumentaron los estudiantes y las titulaciones en los campus, pero no el profesorado. Entre las medidas de contención del gasto público, el Ministerio estableció la no reposición de profesores que causaban baja o se jubilaban, con tasas del 0%.

Para atender la demanda de docencia creciente, las universidades españolas desvirtuaron una de las figuras docentes existentes, la del profesor asociado (profesionales de una área que dan clases en la universidad para transmitir su experiencia en el mundo laboral). La plantilla de 'falsos asociados', docentes sin reconocimiento en la carrera académica y con salarios que apenas superan los 500 euros mensuales, fue creciendo durante años.

En la Universidad de Murcia se ha ido formando con los años una masa considerable de 'falsos asociados' (más de 800, si se descuentan los clínicos, que no responden exactamente a esa problemática) que confiaban, al igual que las universidades, en que el Ministerio daría una salida al problema generado, que no afecta en la misma medida a todas las universidades españolas. La contemplada por la LOSU no les convence, ya que no supone garantías de consolidación laboral. En el trasfondo del problema, la falta de financiación pública suficiente limita las posibilidad de alcanzar salidas alternativas. Los rectores confiaban en que se abriera un proceso especial al menos para los asociados que están acreditados por la Aneca –más de 200–, con su correspondiente asignación presupuestaria, pero de momento la cuestión no se ha planteado. A los inconvenientes citados, se suma, apunta el vicerrector de Profesorado y Promoción Institucional de la UPCT, Luis Javier Lozano, el abundante trabajo burocrático que tendrán que enfrentar las universidades para hacer efectiva la transformación de plazas y las convocatorias de concursos.

Según el Portal de Transparencia de la Universidad de Murcia, e l total del Personal Docente e Investigador adscrito a dicha institución es de 2.602 profesionales, de los cuales 1.166 (un 44,8%) son personal asociado; es decir, tienen contratos temporales y una menor remuneración, por lo que entran dentro del objetivo marcado por la nueva normativa. En la Universidad Politécnica de Cartagena, también según los datos de su Portal de Transparencia, trabajan en estas mismas condiciones hasta 155 profesores, que suponen un 25,6% de los 604 que conforman el total de la plantilla.

Para Ernesto de la Cruz, representante de la Junta de Personal Docente por UGT en la UMU, «el problema de base en la Región es que la universidad no tiene dotación presupuestaria para cubrir todas las necesidades. A eso hay que sumar que ha habido un abuso de la figura del asociado», lamenta. De la Cruz entiende que «el problema no está en la ley, sino en la interpretación que hagan de ella las universidades de la Región. Quienes ejercen como asociados ya han concursado para lograr ese puesto, no creo que sea necesario sacar nuevos concursos; pueden explorarse vías alternativas como han hecho tras universidades con plantillas más saneadas», reivindica.