El plan de la UE 'De la granja a la mesa' revoluciona el agro regional

La CE trata de imponer una «agroecología» en toda regla, a juicio de los representantes del agro murciano, que observan una guerra de fondo entre las comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente de la UE. Consideran que la pandemia debe servir para reforzar la estrategia europea tendente a garantizar los alimentos a la población, como se ha demostrado durante el estado de alarma, pero se han encontrado con este plan en fase de discusión, y del cual recelan porque conlleva un coste considerable que puede arruinar a muchos agricultores; a la vez que exigirá un mayor consumo de agua y de superficie cultivable para mantener el actual volumen de producción de alimentos.

Comparten los objetivos -que califican de loables-, pero no la forma y las medidas, que conllevarían una drástica reducción del uso de fertilizantes, como la que se empieza a aplicar en el Campo de Cartagena con el decreto de protección del Mar Menor del Gobierno regional, aunque este se queda corto a juicio del Ministerio para la Transición Ecológica y los colectivos conservacionistas

Sindicatos y productores consideran que practican una agricultura y ganadería sostenibles, con las máximas garantías, y subrayan que más el 25% de la producción actual de la Región es ecológica, por lo que ya cumplen uno de los primeros requisitos.

Las estrategias de Bruselas sobre la biodiversidad y 'De la granja a la mesa', a favor de un sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente, se lanzaron el mes pasado y están en discusión con un amplio debate público. Van en consonancia con el Pacto Verde Europeo y conllevan un importante paquete de ayudas económicas

Sus promotores sostienen que la crisis sanitaria ha demostrado «hasta qué punto nos hace vulnerables el aumento de la pérdida de biodiversidad». Las dos estrategias también apoyarán la recuperación económica, y darán prioridad a los ciudadanos en su compromiso de aumentar la protección del suelo y el mar, y regenerar los ecosistemas degradados, como el del Mar Menor.

La estrategia 'De la granja a la mesa' reducirá la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE. Propone reducir un 50% el uso y el riesgo de plaguicidas, recortar como mínimo un 20% los fertilizantes, limitar un 50% las ventas de los antimicrobianos utilizados en la ganadería y la acuicultura, y alcanzar un 25% de tierras agrícolas dedicadas a la producción ecológica. También propone una mejora del etiquetado para satisfacer las nuevas necesidades de información de los consumidores.

El secretario general de Coag, Miguel Padilla, advierte de que esta estrategia perjudicará principalmente al Levante, con «importantes restricciones» en el regadío, dado su carácter intensivo. «La Región tiene más de un 25% de agricultura ecológica, por lo que cumple uno de los principales requisitos. Practicamos una agricultura sostenible al cien por cien», añade en referencia la reducción de fertilizantes y plaguicidas. «Esta estrategia esconde una hipocresía total, ya que nuestros productos tienen que competir en los supermercados de Europa con los de terceros países a los que no se le impone estas medidas». A su juicio se ha desatado una guerra de 'lobbies' en la que quizás prevalezca la parte medioambiental. Padilla señaló que Coag y otras organizaciones presionan al Gobierno español para que defienda al sector, ya que temen una pérdida de producciones de entre el 30% y 40%.

El secretario general de UPA, Marcos Alarcón, advierte de que será un «golpe a las explotaciones familiares; no aporta más garantías a los consumidores, ni tiene efectos relevantes sobre el medio ambiente». Señala que se trata de una de las actuaciones clave del Pacto Verde Europeo, para «la Ecologización de la Política Agrícola Común». Alarcón critica que la Comisión propone reducir fertilizantes pese a reconocer que no dispone de estadísticas fiables.

Observa contradicciones, ya que una mayor superficie dedicada a la agricultura ecológica, implicaría destinar un 30-40% más de superficie y de agua para producir la misma cantidad de alimentos. «Aquí tenemos un primer impacto, no positivo precisamente, en la utilización de recursos naturales». «Tal descenso de la productividad», añade, «lleva aparejados unos mayores costes de producción que se ven reflejados en el precio de los alimentos ». Se pregunta si tras el impacto económico de la pandemia, estarán los consumidores europeos en condiciones de pagar un 30-40% más por los alimentos, sobre todo los de menos renta. «No podemos convertir a los agricultores y ganaderos en productores de alimentos solo para la élite de la sociedad europea y que el resto de ciudadanos dependan de las importaciones de terceros países».

El presidente de Proexport, Juan Marín, opina que se establece un marco político para guiar la futura política agrícola y alimentaria. No obstante, apunta que para la patronal europea Eucofel que dirige «no se han tenido en cuenta las preocupaciones de los agricultores sobre la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes, así como el aumento de las tierras en la agricultura orgánica. Esto genera además pérdida de competitividad y falta de herramientas para garantizar la seguridad alimentaria».

«La CE persigue un buen fin, pero también debe valorar las consecuencias, y las medidas y ayudas al sector para ese tránsito». Critica que Bruselas «no valora las iniciativas ecológicas que los agricultores están implementando en la producción convencional. Supone un nuevo encuadre verde, pero no debemos olvidar que las explotaciones además de ser sostenibles deben ser rentables». Juan Marín apostilla que los productores europeos están sufriendo las consecuencias de los acuerdos de libre comercio, que promueven la importación de productos con regulaciones fitosanitarias mucho más laxas. Apoya el compromiso de promover dietas saludables y el consumo de frutas y verduras, como un paso adelante para crear un entorno alimentario saludable.

Joaquín Gómez, presidente de Apoexpa, explica que existe «mucha preocupación en el sector» porque esta estrategia «va a dificultar la producción». Considera que la CE plantea «una agricultura bucólica que no se corresponde con la realidad. El envoltorio de la agricultura ecológica está muy bien, y se presenta con un mensaje muy potente al que nadie podría oponerse, pero algunas medidas son un disparate, sobre todo por los costes que acarrearían». Gómez comparte el objetivo de hacer más sostenible la producción de alimentos y preservar el medio ambiente, pero pide que se utilicen criterios científicos, sobre todo para el uso de fertilizantes y fitosanitarios para combatir las plagas. «Nuestros productos son muy sanos, con la máxima certificación. El uso de fitosanitarios es muy bajo y está controlado». Alerta asimismo de que se perderá competitividad y mercados frente a terceros países a los que no se les exigen estas medidas.

El presidente de los regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, cree que los principios que rigen el proyecto «son loables». «Asegurar una alimentación saludable, a precios razonables, sostenible y de confianza sanitaria, procedente de centros de producción europeos, es un objetivo deseable. Que aumente el volumen de agricultura ecológica depende del mercado», puntualiza.

Lo considera un proyecto «ambicioso y ecológicamente idílico». «Ahora bien, hay que ver cómo se articula progresivamente y, desde luego, cómo repercute en la cesta de la compra y qué porcentaje de la población europea puede permitírselo». Apunta que la UE diseña esta estrategia en un escenario de reconstrucción económica, por lo que le parece «poco razonable y precipitado» entender que la sociedad, en plena caída económica, vea bien medidas que incrementen sensiblemente los gastos en alimentación, en torno a un 30% o 35 % en el caso de la agricultura ecológica. El tiempo dirá».

Para el secretario general de Asaja-Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ambas estrategias «son un paso muy importante para nuestro medio ambiente», aunque opina que una producción agrícola y ganadera más respetuosa con el entorno «debe también ir acompañada de un respaldo total a la competitividad y la rentabilidad de sector primario».

Apunta que las autoridades europeas «no pueden poner en peligro la seguridad alimentaria, la competitividad agrícola y la renta de los agricultores y ganaderos, que ya se han visto muy perjudicados por la crisis sanitaria. Ahora más que nunca, necesitan todo el respaldo de la Unión Europea, para que nuestras producciones sigan teniendo hegemonía en los mercados internacionales».