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Hakim, en la foto, es uno de los argelinos que llegó en patera y que fue liberado. Ahora se encuentra en Francia. Pablo Sánchez / AGM
El PP pide la destitución del delegado del Gobierno por la «gestión irregular» de la última oleada de pateras

El PP pide la destitución del delegado del Gobierno por la «gestión irregular» de la última oleada de pateras

Francisco Jiménez critica «el desconocimiento de los procesos y la situación que demuestran las afirmaciones del portavoz popular» y defiende que la Policía Nacional «es rigurosa en la aplicación de la ley»

La Verdad y Eduardo Ribelles

Sábado, 19 de octubre 2019, 11:46

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El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha pedido «el cese inmediato del delegado del Gobierno tras demostrarse su gestión irregular en la última oleada de pateras», respecto a los más de 500 inmigrantes que hace unos días llegaron a las costas de Cartagena. Asimismo, ha señalado que «ha faltado de forma clara a la verdad ya que aseguró que los argelinos que llegaron serían expulsados en un mes y hemos visto que quedaron en libertad, abandonados a su suerte», ha afirmado.

«Quien tiene que velar por el respeto escrupuloso de la ley y es el encargado de supervisar que la llegada de inmigrantes se realice bajo el estricto cumplimiento de los procedimientos, no puede ser el primero que se salte las normas y con su actitud abra la puerta a una inmigración descontrolada», ha dicho Segado.

El portavoz del PP en la Asamblea Regional califica de «muy grave» que Francisco Jiménez haya dejado en libertad, «sin pasar antes por la autoridad judicial» a más de 400 inmigrantes, lo que «genera un efecto llamada y desborda a las ONGs y administraciones que deben atender a estar personas, que llegan a veces en condiciones muy precarias».

«No hacemos una crítica partidista, hasta los propios abogados han denunciado públicamente la gestión 'alegal' de la inmigración por parte de la Delegación de Gobierno» ha añadido Segado, para quien el representante de Pedro Sánchez en la Región de Murcia «ha dado muestras claras de incapacidad y no puede permanecer ni un minuto más en su puesto».

El dirigente popular ha cuestionado también «el oscurantismo» con el que la Delegación del Gobierno ha manejado la llegada masiva de inmigrantes en las últimas semanas, y «la falta de rigor» en todo el proceso de identificación y tramitación judicial que marca la ley, «lo que ha sido objeto de denuncias públicas».

En ese sentido, ha denunciado que «el delegado de Pedro Sánchez ha incumplido una de las funciones básicas de la Delegación del Gobierno que es «el control de la legalidad». «No podemos permitir que quien tiene que quien debe vigilar la ley sea el primero en saltarse las normas y por tanto, si no cesa voluntariamente, exigimos al Gobierno de España que lo destituya de su cargo de forma inmediata», reclamó, Joaquín Segado.

Jiménez: «La Policía es rigurosa en la aplicación de la ley»

Por su parte, el delegado del Gobierno, a través de un portavoz, lamentó este sábado «el desconocimiento de los procesos y la situación que demuestran las afirmaciones del portavoz popular; no conoce la ley ni las opciones que esta pone en manos de la administración para su cumplimiento en estos casos».

Según Jiménez, la Policía Nacional «es rigurosa en la aplicación de la ley. No se puede afirmar impunemente que se incumplen los procedimientos o se saltan las normas. El delegado del Gobierno no da instrucciones a la Policía sobre cómo debe aplicar la ley; ellos saben muy bien cómo tienen que aplicar los procedimientos».

Francisco Jiménez no cree que «la postura oficial del Colegio de Abogados de Cartagena sea acusar a la Policía de no cumplir la ley por no garantizar los derechos de los inmigrantes. A la Delegación no le han transmitido eso en las conversaciones particulares que hemos mantenido, más bien al contrario», explicó. «Me consta que la Policía Nacional comunica a través de medios en los que queda constancia la llegada de todos y cada uno de los inmigrantes que llegan a nuestras comisarías, para que se les de la oportuna asistencia jurídica».

«Vamos a mantener la próxima semana una reunión con el Colegio de Abogados para coordinar las actuaciones, igual que ya la mantuvimos la semana pasada con las ONG que forman parte del Sistema Nacional de Acogida Humanitaria», apuntó Jiménez, quien aseguró que la Delegación trabaja «con absoluto respeto al marco legal y de manera responsable y prudente sobre el fenómeno migratorio, en coordinación total con los Ministerios de Interior y Trabajo y Migraciones».

Jiménez recordó que «la política migratoria es una competencia exclusiva del Gobierno de la nación y se planifica de forma global en el país, no solo para una Región». Por ello rechazó que cualquier medida en un punto concreto de España cause un efecto llamada. «Es bastante simplista y demagógico hacer una afirmación de este tipo», apuntó.

Igualmente lamentó «la criminalización y el alarmismo con la que se trata este colectivo. Los inmigrantes no son delincuentes, sino personas que huyen de un drama social y humanitario. Todos reciben asistencia médica previa para garantizar su salud y para atajar cualquier riesgo sanitario». Añadió que «es intolerable que se criminalice a este colectivo. El control de la migración en España es exhaustivo, y las situaciones de riesgo son detectadas por los profesionales que intervienen en su tratamiento y cuentan con una amplia experiencia». Y concluyó: «España no tiene un grave problema con las entradas irregulares de inmigrantes. Suponen un porcentaje muy pequeño de la totalidad que entran en Europa y la Región de Murcia no tiene un problema con la migración. Las cifras de entradas irregulares en la Región apenas alcanzan el 2,75% del total de entradas en España. La realidad es que en España a 30 de Septiembre se habían producido 22.892 entradas, de las cuales solo se produjeron en la Región 632. Y en total el año 2018 se produjeron en la Región 1.672 entradas, frente a las 889 acumuladas en lo que va de año 2019. ¿Dónde está el efecto llamada?», se preguntó Jiménez.

A partir de ahí, añadió Jiménez, considerar que estas cifras puedan suponer un problema de cualquier tipo en la Región es «utilizar este problema de manera irresponsable, inadecuada, poco rigurosa y claramente alarmista. La Región no puede ni debe tener problemas para atender unas entradas de este volumen. Ni con adultos ni con los aproximadamente 100 menores que entran como máximo cada año en la Región. Murcia y el Estado tienen recursos más que suficientes para atender estas situaciones humanitarias».

«Nos ceñimos a una circular emitida cuando gobernaba Rajoy»

Asimismo, el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, subrayó en declaraciones a 'La Verdad', que el tratamiento aplicado a los inmigrantes detenidos tras entrar irregularmente en España por el litoral de la Región se ciñe a lo dispuesto en una circular emitida por el Ministerio del Interior cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.

Antes de conocer el comunicado del PP que pide su cese, Jiménez subrayó que el pase a disposición judicial de solo 106 de los 509 inmigrantes apresados la semana pasada se debe a que «exclusivamente hay obligación legal de poner a disposición judicial a aquellos migrantes que vayan a ser objeto de internamiento preventivo» en un Centro de Internamiento de Extranjeros.

El responsable político dijo que se incoa expediente de expulsión «a todos los ciudadanos que son susceptibles de devolución» a sus países, «con las garantías que establece la ley». Sin embargo, «durante la incoación del expediente, la legislación prevé diversas medidas para el cumplimiento final de la resolución y en ningún caso el internamiento es la única», apuntó. Recordó, asimismo, que «hay otras medidas cautelares que pueden ser adoptadas por el instructor», como aparece en «una circular dictada por la Dirección General de la Policía cuando su director general era Ignacio Cosido, del PP». Eso ocurrió en 2014, bajo el gobierno de Rajoy. Ahí se establecen los criterios para solicitar el ingreso de ciudadanos extranjeros en los CIE, según Jiménez, que insistió en que «esa circular se sigue aplicando exactamente en los mismos términos en la actualidad».

En el documento se establecen como factores para decidir el internamiento si la persona en cuestión «posee domicilio conocido en España, vínculos familiares e hijos menores a su cargo». También «las consecuencias para él y su familia, si tiene arraigo en España, si posee pasaporte y si su libertad supone un riesgo para el orden público y la seguridad». Asimismo, se tiene en cuenta »su edad, si es una mujer embarazada, su estado físico y psíquico, si necesita tratamiento médico y su ha padecido violencia, violación o tortura».

Por otra parte, la Delegación del Gobierno dijo que, ante una llegada de inmigrantes como la de la semana pasada, siempre se pone en contacto con los colegios de abogados de la Región. Aseguró que todos reciben asistencia de un letrado, aunque no necesariamente en Cartagena. Indicó, además, que depende de los abogados atender el llamamiento en las horas inmediatamente posteriores a las detenciones y antes de la puesta a disposición judicial de los extranjeros.

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