Repsol pide a Bolivia que aclare su decreto y avisa que no renunciará a sus derechos

La petrolera hispano-argentina Repsol YPF ha enviado una carta a las autoridades bolivianas en la que les pide que aclaren y concreten el decreto de nacionalización aprobado el pasado lunes y les manifiesta su voluntad de colaborar con el Gobierno boliviano sin renunciar por ello a defender sus derechos.

La carta se ha enviado al presidente de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, con copia para el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz, ha informado hoy la compañía. La misiva señala que Repsol YPF y sus subsidiarias "están a disposición de las autoridades de Bolivia para cumplir con las obligaciones impuestas en el citado Decreto".

No obstante, la petrolera pide al Gobierno boliviano que indique la forma en que se instrumentará la nueva norma, fundamentalmente en lo relativo a la disposición que obliga a las empresas a entregar "en propiedad a YPFB toda la producción de hidrocarburos".

Repsol YPF asegura que continuará operando en Bolivia "como lo hacemos hasta la fecha y hasta que se definan e instrumenten los parámetros señalados por el decreto" en lo que se refiere a que YPFB asumirá "la comercialización de los hidrocarburos producidos en el país, definiendo las condiciones, volúmenes y precios".

La carta añade que Repsol YPF y sus subsidiarias "se ven obligadas a reservar todos sus derechos y acciones respecto a las medidas del Gobierno" boliviano, incluyendo "los derechos y acciones bajo el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones" suscrito entre España y Bolivia.

Contradicciones entre Bolivia y las petroleras Repsol y Petrobas

Esta mañana, el Gobierno de Bolivia anunció que la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras aceptaron la nacionalización de los hidrocarburos decidida el lunes y que están dispuestas a negociar el cambio de reglas de juego. "En el transcurso de tan pocas horas el gobierno ha recibido cartas de Repsol, Petrobras y otras empresas que señalan taxativamente que aceptan la disposición del decreto supremo" promulgado por el presidente Evo Morales, ha afirmado a la prensa el ministro de Planificación, Carlos Villegas.

La versión de Villegas contrasta con la reacción de Repsol YPF y Petrobras, que han rechazado el plan del gobierno boliviano y, aunque se han mostrado dispuestas a negociar, han congelado sus inversiones y han advertido que pueden recurrir a tribunales internacionales para defender sus intereses.

En un contacto con los periodistas en el Palacio de Gobierno de La Paz, el ministro boliviano ha indicado también que las compañías afectadas "están dispuestas a entrar a un proceso de negociación" para adecuar sus contratos al nuevo escenario del sector energético.

«Control absoluto»

La medida, que fue anunciada 24 horas después de que Morales regresara de una cumbre en La Habana con los presidentes de Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez, fue más radical y drástica de lo esperado, con confiscación de acciones y ocupación militar de campos y refinerías.

El decreto impone el "control absoluto" de los hidrocarburos por parte de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en aspectos como la comercialización en el mercado interno y la exportación, fijando precios, volúmenes y condiciones.

De esta forma, las empresas se quedarán como inversores sin capacidad de decisión, cuando hasta ahora disponían de contratos de riesgo compartido y gestionaban directamente el negocio.

La nacionalización fue recibida con inquietud por Repsol YPF, que aseguró que arbitrará "todas las acciones a su alcance para proteger los activos y preservar el empleo" de sus trabajadores en Bolivia. También por el gobierno de Madrid, que tiene previsto enviar una delegación de alto nivel en los próximos días para conversar con las autoridades bolivianas los efectos de la reforma sobre la firma.

Mientras, Petrobras ha anunciado hoy que congela sus inversiones futuras en Bolivia, ha advertido de que rechazará cualquier aumento del precio del gas que importa desde el país vecino y ha detallado los recursos que utilizará, entre ellos los tribunales internacionales, para defender sus intereses.

Parte hacia La Paz la delegación interministerial

Por otra parte, la misión del Gobierno español que ha partido hoy hacia La Paz para analizar la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos se reunirá mañana con el presidente del país, Evo Morales. Después, partirán hacia Brasilia, donde verán a un asesor económico del presidente Luis Ignacio Lula da Silva.

La delegación está encabezada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Bernardino León. La integran, además, los directores generales de Financiación Internacional del Ministerio de Economía, Ramón Guzmán; de Comercio e Inversiones, Oscar Vía (del Ministerio de Industria) y de Relaciones Económicas Internacionales, María Jesús Figa (Ministerio de Exteriores). El quinto miembro es el asesor económico del presidente del Gobierno, Jorge Blázquez.