El máximo imputado en la causa de 'Ekin' se niega a declarar y su abogada a interrogarle

Según el fiscal, es el enlace de ETA con las organizaciones implicadas en la causa: KAS, Egin/Orain, Ekin, Fundación Joxemi Zumalabe y Xaki

EUROPA PRESS | MADRID

La abogada del considerado máximo responsable de KAS Xabier Alegría, con cuya declaración se reanudaba hoy el juicio a 56 presuntos miembros de organizaciones del entorno de ETA, ha rechazado interrogarle después de pedir el amparo a su Colegio de Abogados al entender que la Sala no le había facilitado un documento que había solicitado y cuya exhibición había sido admitida. El propio Alegría ha rechazado declarar al entender que la Audiencia Nacional es "un tribunal especial que avala el uso de la tortura como medio de trabajo".

Después de ser informado de su derecho a no contestar a las preguntas del fiscal, Alegría respondía: "a un tribunal especial que avala el uso de la tortura como medio de trabajo no voy a contestar", por lo que tras dejar constancia el fiscal de sus preguntas, su abogada procedió a interrogarle, aunque finalmente declinó hacerlo.

Según el fiscal Enrique Molina, Alegría era el enlace de ETA con la diferentes organizaciones implicadas en la causa: KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista, supuesto aparato político de ETA); Egin/Orain (periódico y empresa editora); Ekin (sucesora de KAS), la Fundación Joxemi Zumalabe y Xaki (presunto aparato internacional de la banda terrorista). Según el escrito del fiscal, Alegría era uno de las ocho personas con una remuneración fija mensual como liberados absolutos y cobertura de ciertos gastos personales a cargo de KAS. Asimismo, fue miembro del consejo de administración de Orain, empresa editora del diario Egin, instrumento de ETA para publicar "claves para sus comandos en el interior de España a través del apartado de Merkatus del periódico o de la sección de Agurraks del mismo".

Por su parte, la letrada de Alegría, alega que el Decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario de Oleaga, le ha concedido el amparo al entender que en las condiciones denunciadas por la abogada no se puede ejercer el derecho a la defensa. Además, De Oleaga tiene previsto solicitar sendas entrevistas con la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, y con el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, por lo que la letrada ha solicitado la suspensión del juicio hasta que se produzcan estos encuentros.

La petición de este documento, un informe policial de 17 de noviembre de 1995 sobre la presunta integración de Alegría en la organización denominada KAS-ETA, la hizo Zulueta al esbozar la primera pregunta del interrogatorio a su defendido: "¿conoce usted a la organización KAS-ETA?". El fiscal Enrique Molina se opuso a la exhibición de ese documento, alegando que "el acto de vista oral no es para instruir a las defensas", pero finalmente el tribunal accedió a la petición. La búsqueda de ese documento se prolongó durante una hora en la que tuvo que suspenderse la sesión, y tras serle exhibido a la abogada, ésta quiso saber si era realmente el que había solicitado.

El secretario judicial le aseguró que había sido extraído de entre otros cincuenta informes policiales, pero la abogada insistió en que el que ella había pedido corresponde a una relación de 48 informes particularizados con historial de las actividades delictivas de presuntos integrantes de KAS-ETA y eso no aparecía en el que se le había exhibido, por lo que estimó que no es el que había pedido. "No se me puede obligar a interrogar con un informe que no es el que yo he solicitado", manifestaba la letrada a la presidenta del tribunal al anunciar que iba a pedir el amparo a su colegio de abogados por una supuesta vulneración del derecho de defensa.

Al inicio de la vista, esta misma abogada, en nombre de diez de las defensas, pedía la nulidad de todo lo actuado en esta causa por no haber tenido acceso hasta ahora a las pruebas recogidas en las diligencias previas 75/89, que dieron lugar al sumario 18/98 que ahora se enjuicia, y cuyo "somero análisis", declaraba, "nos hace pensar que se está vulnerando un derecho fundamental", el del derecho a la defensa. De forma alternativa, la letrada ha pedido que si finalmente la Sala declinaba retrotraer las actuaciones al inicio de la vista, acordara suspender el juicio para que las defensas pudieran quedar instruidas en el contenido de esas diligencias, a las que durante la instrucción del sumario 18/98 sólo tuvieron acceso las acusaciones.

El juicio ya fue suspendido antes de las Navidades

Después de la última sesión antes de las Navidades, el tribunal habilitó unas horas, divididas en seis días, para que los letrados pudieran estudiar los tomos de esas diligencias acumulados en 104 cajas y en donde supuestamente se encuentra el informe de Alegría que solicitó su letrada para proceder al interrogatorio. En relación al análisis de las citadas diligencias, en las que se investigaba la relación de KAS y ETA, Zulueta manifestó que las defensas habían comprobado que la documentación se encontraba desordenada y que faltaban unos 500 folios.

El fiscal por su parte se opuso a las pretensiones de estas defensas y el tribunal, tras retirarse unos minutos a deliberar, decidió dar traslado al fiscal del incidente de nulidad de las actuaciones planteado por Zulueta para que informara si procedía su admisión a trámite, aunque acordó que prosiguiera el juicio. La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha llamado entonces a declarar a Alegría, para quien el fiscal pide 51 años de cárcel por los delitos de integración en ETA, falsa contabilidad, insolvencia punible y contra la Hacienda pública y la Seguridad Social.

La de hoy es la undécima sesión del macrojuicio seguido en el pabellón de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo de Madrid. En él ya han declarado 21 de los 56 procesados, para quienes el fiscal pide un total de 946 años de prisión. El proceso es, hasta ahora, el más importante de los realizados contra el supuesto entorno de ETA, tanto por el número de acusados como porque en él están implicadas todas las principales plataformas de la izquierda abertzale.

El sumario del caso 18/98 fue iniciado por el juez Baltasar Garzón con la clausura del diario 'Egin' el 15 de julio de 1998, y en él se investigaron distintas formas de financiación de ETA a través de empresas y sociedades de la izquierda abertzale. Se trata de la vista oral celebrada en España en el que más personas se sentarán en el banquillo. Las causas contra Batasuna, Gestoras pro Amnistía y Jarrai-Haika-Segi se han investigado en otros procedimientos y se han empezado a juzgar independientemente. De hecho, los responsables de las organizaciones juveniles abertzales ya fueron condenados por asociación ilícita, pero no terrorista.