Los transportistas se rebelan contra el paso obligado de camiones por autopista

El titular de Fomento, José Luis Ábalos, ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / ep
El titular de Fomento, José Luis Ábalos, ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / ep

Murcia sería una de las regiones más afectadas, donde el sector mueve cada año más de 130.000 convoyes al resto de Europa

Manuel Buitrago
MANUEL BUITRAGO

El Gobierno central se ha echado encima al sector del transporte por carretera, que expresó ayer su «rechazo frontal» a la medida que obliga a los camiones y vehículos pesados a circular por las autopistas y a dejar las carreteras nacionales. «Lo ha hecho a nuestras espaldas y estamos muy enfadados», manifestó ayer el secretario general de la patronal Froet, Manuel Perezcarro. El sector regional mueve al año más de 130.000 camiones con Europa, un 65% a través de La Junquera, y el resto por Irún.

La flota murciana utiliza la autopista Cartagena-Vera porque la alternativa por la carretera convencional es mala. También existe un intenso tráfico hacia Valencia por el interior, a través de Yecla y Fuente la Higuera.

La obligatoriedad de desviarse por las autopistas está incluida en la reforma de la ley de Carreteras aprobada ayer por real decreto ley en el Consejo de Ministros. Con esta medida, Fomento da cobertura legal a una iniciativa que ya ha implementado puntualmente en algunos tramos de vías, si bien hasta el momento era fruto de acuerdos con las comunidades autónomas correspondientes y los transportistas. Es lo que ya sucede en un tramo de la AP-7 entre Valencia y La Junquera, señaló ayer el presidente de Froet, Pedro Díaz, quien al igual que Perezcarro rechazó esta imposición. «No entendemos que hayan dado este paso sin consultar con el sector». Díaz recordó que ya están pagando peaje en Guipúzcoa por imposición del Gobierno vasco, y que también se les obliga a usar un tramo de autopista en La Rioja.

Compensaciones al sector

A partir de ahora, el Ministerio de Fomento tendrá capacidad de hacerlo por ley. No obstante, establece que para ello deberán concurrir razones de «seguridad vial o medioambientales». Indicó que cada eventual prohibición y desviación hacia las autopistas de los camioneros deberá desarrollarse «mediante convenios o reales decretos, y se acompañará de las correspondientes bonificaciones a los transportistas». «Se trata de regular una práctica que se ha venido realizando en algunas carreteras con buenos resultados para la seguridad vial y que está siendo demandada en algunos territorios», indicó el titular de Fomento, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

«Lo han hecho sin consultar con el sector; no lo entendemos. Estamos totalmente en contra» Pedro Díaz. Pte de Froet

«Se debe a presiones de las empresas concesionarias de las autopistas, que además no tienen áreas de servicio preparadas» M. Perezcarro. Sec Gral de Froet

Los transportistas de mercancías por carretera han venido defendiendo esta medida, si bien manteniendo que el desvío desde la carretera a la autopista con su correspondiente descuento tenga carácter voluntario y no obligatorio. En este sentido, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) rechazó ayer la obligatoriedad, aunque haya descuentos, ya que «atenta» contra la libre circulación y genera «graves y costosos» problemas para el sector. La patronal añadió que este tipo de medidas supone un aumento innecesario de los kilómetros recorridos, e importantes pérdidas de tiempo derivadas de las complicaciones que conlleva acceder o abandonar las vías de peaje.

Manuel Perezcarro añadió que no le parece mal que haya una compensación económica, pero censuró que se haya tomado esta medida «a espaldas del sector. Nos ha pillado por sorpresa». Expuso que las áreas de servicio de las autopistas no están preparadas para absorber el intenso tráfico de camiones, y menos para funcionar como grandes aparcamientos y zonas de descanso. A su juicio, esta imposición del Gobierno se debe a la «presión de las concesionarias de las autopistas». Advirtió de que se encarecerán los costes de transporte, que repercutirán en los cargadores y en los consumidores. «Vamos a salir todos perjudicados».

La AP-7 de Alicante a Tarragona será gratis dentro de un año

El ministro José Luis Ábalos apuntó que se mantiene la decisión de no prorrogar las concesiones de las autopistas de peaje que vencerán durante la actual legislatura y que, en algunos casos, ya se ampliaron 24 años más de lo previsto inicialmente. Las autopistas afectadas serían la AP-1 Burgos-Armiñón, cuya concesión finaliza el 30 de noviembre, y las autopistas AP-7 Tarragona-Alicante y AP-4 Sevilla-Cádiz, cuyo periodo concesional acaba el 31 de diciembre de 2019, informa Europa Press. «No vamos a prorrogar las concesiones que vencen en la actual legislatura. Serán liberadas y de uso gratuito», recalcó Ábalos.Asimismo, el Gobierno aplazará 'sine die' la privatización de las nueve autopistas de peaje rescatadas por el Estado porque el interés de los operadores del sector en su relicitación es bastante «relativo» por ahora. Además, endurece hasta 300.000 euros la sanción máxima a las concesionarias por colapso en las vías. El ministro de Fomento abogó por pactar el futuro de autovías y autopistas.

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