El paso de la instrucción a los fiscales siembra el temor a posibles injerencias

El magistrado Miguel Rivera, coordinador de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia en la Región (JJPD), valora positivamente la reforma con la que, remarca, se pretende «lograr un proceso penal más ágil, moderno y garantista». Considera que la atribución de la investigación penal al Ministerio Público debe ser aplaudida porque «supone adoptar el modelo seguido en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, más acorde con las funciones propias de los jueces, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». Este cambio de paradigma, remarca, «no implica una falta de control judicial sobre los aspectos esenciales del proceso de investigación» dado que ese control se llevará a cabo a través del denominado juez de garantías.

Rivera considera que se ha tratado de reforzar la autonomía de la Fiscalía «con la expresa prohibición de instrucciones por parte del Gobierno, o con medidas tan relevantes como la de fijar un plazo para el cargo de fiscal general del Estado que evite la coincidencia con el del Ejecutivo que lo nombra». Hace hincapié, en todo caso, en que el proyecto inicia ahora su trámite parlamentario. «Será preciso un debate serio y profundo acerca de si las cautelas adoptadas para garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal son suficientes, o si es preciso incrementarlas para garantizar una investigación penal libre de cualquier posible injerencia política».

Juan Pablo Lozano, representante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), también aplaude una reforma que «supone poner al día en el siglo XXI, la anterior y obsoleta Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX». Destaca que el cambio acompasa a España con otros países europeos y subraya que «no es objeto de duda por ninguno de los operadores jurídicos que los fiscales somos una institución preparada técnicamente para asumir la instrucción penal».

Lozano, quien es también fiscal anticorrupción en la Comunidad, reconoce, no obstante, que la ley «necesita de avances y reformas en el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que garanticen una verdadera independencia de la institución para que, dicho cambio histórico, pueda ser aceptado por la ciudadanía y el resto de los operadores jurídicos». A su entender, la nueva Lecrim introduce mejoras «encaminadas a ampliar y reforzar esa independencia objetiva de modo genérico», pero Lozano echa en falta «reformas que impliquen garantías adicionales tendentes a reforzar la necesaria independencia funcional del fiscal designado para la investigación de un caso concreto sin interferencias del superior». Incide en la necesidad de reforzar la independencia funcional del fiscal del caso concreto. «Es el aspecto más importante y la piedra angular que permite objetivamente, alcanzar un modelo de apariencia de imparcialidad que despeje las dudas sobre la actuación de la Fiscalía».

Francisco Cano, portavoz de la Francisco de Vitoria en la Región, reconoce que es algo habitual en Europa que los fiscales dirijan la investigación penal y es un cambio que todos los gobiernos han querido llevar a cabo. El problema, a su entender, radica en que «con su implantación en un país tan polarizado como el nuestro, sin una autonomía real del Ministerio Fiscal, el riesgo de injerencias políticas es enorme». Cano sostiene que «dar más poder a los fiscales sin garantizar una verdadera autonomía no moderniza la justicia: la politiza» y hace hincapié en que «antes de cambiar quién investiga, España necesita blindar la imparcialidad de quienes lo harán». Solo así, concluye, «esta reforma será una mejora, y no una amenaza para la separación de poderes».

Fernando Madrid, coordinador en la Región de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), lamenta que un cambio de esta relevancia no cuente con el consenso de los partidos políticos y los juristas. A su entender, para que la Fiscalía asuma la instrucción «deberá disponer de una independencia, autonomía, neutralidad e imparcialidad como la que tiene el juez de instrucción». La reforma, por el momento, subraya, «no garantiza la independencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno, ni tampoco que no pueda influir en los fiscales, impartiendo órdenes o instrucciones en las concretas investigaciones que realicen». Madrid hace hincapié en que «si no se garantiza la independencia e imparcialidad del fiscal instructor existirá un riesgo elevado de intervención del Ejecutivo de turno a través del fiscal general del estado».

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) comparte esa misma preocupación. «El fiscal tiene que tener garantizada la independencia, no sólo de fuentes de poder externas, sino de su propia estructura jerárquica, permitiendo la investigación con la garantía de independencia», remarca esta organización, con Miguel Pallarés a la cabeza. «No parece que la situación que estamos viviendo en España –con el fiscal general del Estado a punto de sentarse en el banquillo de los acusados– traslade una imagen de tranquilidad y confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público».

El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, considera que, en caso de que consiga salir adelante, la nueva ley «marcará un hito en los procesos penales de este país, al atribuir la investigación de aquellos a los fiscales, algo necesario para equipararnos al resto de países democráticos de nuestro entorno». Díaz Manzanera hace hincapié en que este paso puede ayudar a agilizar los asuntos. Subraya que la reforma también mejora la protección de las víctimas de los delitos, así como a los menores y a las personas con discapacidad. «Se regula más ampliamente y mejor las modernas técnicas de investigación de los delitos», recalca. Reconoce que el «punto más problemático» de la reforma es mejorar la independencia de la Fiscalía General del Estado y apuesta por trabajar este aspecto «con el fin de que se garantice la independencia de los fiscales».

El proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) también permitirá que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con el del Gobierno y limitará la figura de las acusaciones populares para dejar fuera a los partidos políticos. El magistrado Miguel Rivera, coordinador de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia en la Región (JJPD), considera que «se hacía precisa una regulación más detallada» del ejercicio de la acusación popular «con el fin de evitar algunos abusos a los que se prestaba la institución». Por ello, la introducción de ciertas restricciones, a su entender, «puede ser razonable». Rivera precisa no obstante que «la exclusión completa de determinadas entidades y el ámbito excluido de su ejercicio puede suponer una restricción excesiva del contenido del derecho reconocido por la Constitución». Un asunto que, avanza, también habrá que debatir.

Fernando Madrid, coordinador en la Región de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), estima que limitar esta figura «no está justificado» y «no supone una mejora de la Justicia».