El parque de pisos turísticos legales se duplica en cuatro años en la Región de Murcia y se acerca ya a los 7.900

Amplia habitación céntrica. Cartagena, España. Ofrece alojamiento con jardín, terraza y wifi gratis en todo el alojamiento. El aeropuerto más cercano (Aeropuerto Internacional Región de Murcia) está a 29 kms. del alojamiento. Parking gratis». «Habitaciones privadas. Cartagena, España- Tranquilo. La casa o chalet dispone de 3 dormitorios, 2 baños, ropa de cama, toallas, TV de pantalla plana con canales por cable, zona de comedor, cocina totalmente equipada y terraza con vistas a la montaña».

Estos son solo algunos ejemplos de las decenas de anuncios de alojamientos turísticos de la Región de Murcia que, junto a fotos más o menos ilustrativas y detalladas del piso o casa rural en cuestión, difunden a diario plataformas de internet especializadas en comercializar estos arrendamientos. Más allá de la variedad que presentan en cuanto a ubicación, capacidad, calidad de la construcción, servicios y precios, estas viviendas comparten un rasgo distintivo: son ofertadas de manera irregular por sus propietarios, ya que no disponen de la obligatoria licencia de actividad de la Comunidad Autónoma, aseguran en Aloja Región de Murcia, la Asociación de propietarios de viviendas y apartamentos turísticos.

A las puertas del verano, con el catálogo de inmuebles de arrendamiento a corto plazo creciendo, sobre todo por la mayor demanda de hospedaje en las zonas de costa, las empresas del sector que sí cumplen con la normativa redoblan su presión a las administraciones públicas para que tomen medidas contra esta competencia desleal (los ingresos no son declarados a Hacienda). El grueso de sus exigencias se dirige a la Consejería de Turismo, que tiene las competencias de regulación y de inspección, pero también reclaman medidas a los ayuntamientos en materia urbanística y al Gobierno central, para que endurezca las condiciones de funcionamiento de las plataformas digitales especializadas en este mercado.

El parque de viviendas de uso turístico registradas en el Instituto de Turismo (Itrem) se ha duplicado en cuatro años, al pasar de las 3.899 censadas en 2020 a las 7.860 de este arranque de 2024. Esta expansión se ha visto favorecida por el déficit de plazas hoteleras y la recuperación del turismo tras la pandemia, entre otros factores.

Por ahora, en la Región este fenómeno no plantea problemas graves y generalizados como los que sufren ciudades como Madrid, Málaga, Barcelona o Palma de Mallorca, cuyo ayuntamiento limitará la concesión de licencias a pisos turísticos. Efectos perniciosos son el encarecimiento masivo del precio de los alquileres residenciales; la despoblación de los centros históricos por esa subida de los arrendamientos; la alteración de la convivencia en los edificios no destinados en exclusiva a alojamientos vacacionales (la Ley de Propiedad Horizontal se ve superada por la realidad); y, en último término, la 'turismofobia', asociada también a la llegada continua de cruceros.

A la preocupación creciente, pero moderada, en la industria turística contribuye el que sigan sin cumplirse las expectativas de crecimiento del número de visitantes asociados al aeropuerto de Corvera y al AVE, cuya llegada a Cartagena ni siquiera tiene fecha. Además, la escasez de plazas hoteleras convierte las viviendas turísticas en una alternativa para poder albergar a los visitantes nacionales y extranjeros en fechas que resultan clave para el sector turístico en la Región, como festivales de música, conciertos con gran tirón y citas como el Año Jubilar de Caravaca 2024.

Eso sí, una cosa es un hospedaje casero con todas las bendiciones administrativas y otro el que opera al margen de la normativa. En este contexto, el sector aprieta a los políticos para que pongan coto con más determinación a esta suerte de selva en la que sobreviven los alojamientos 'piratas' y mejoren la legislación y su cumplimiento efectivo. En los últimos meses, la Comunidad Autónoma ha incrementado el volumen de inspecciones y de expedientes sancionadores y de regularización de esta actividad. Y el Ministerio de Vivienda ha anunciado su propósito de crear en 2025 una plataforma estatal común con las comunidades autónomas, para recoger todos los datos sobre pisos turísticos, alquiler de temporada y alquiler de habitaciones.

«La proliferación de pisos turísticos no reglados supone una competencia ilegal y el germen de reacciones sociales de 'turismofobia' que no llevan más que al desprestigio a medio plazo de los destinos turísticos. En la Región de Murcia, este todavía no es un problema acuciante. Pero, precisamente por eso, deberíamos prevenirlo con mayor énfasis», comenta a LA VERDAD José Catalá, presidente de Hostetur (Asociación de hoteles y alojamientos Costa Cálida de la Región de Murcia). Y aplaude que el Itrem haya activado un programa de control, aunque advierte de que los procesos «son muy costosos, requieren muchos medios materiales y no siempre el resultado tiene el impacto deseado».

«Los alojamientos ilegales y la falta de colaboración de las plataformas digitales, que permiten que los dueños de esas viviendas se anuncien para hacer negocio, nos están haciendo mucho daño. Estamos en una situación crítica, en la que hay daño a la imagen del sector turístico y una amenaza a su rentabilidad» y generación de empleo, afirma Gregorio Morales, presidente de Aloja. Propietario de la empresa Cartagena Spain, abierta en 2015 y que explota ya 92 viviendas turísticas en once edificios de la ciudad portuaria (y tiene una veintena de empleados), calcula que más de un 40% de la oferta de viviendas turísticas pueden ser irregulares. Y eleva ese dato al 80% en alguna «web conocida». Pero advierte de que no hay números concretos, y plantea que la Comunidad y las universidades realicen un estudio detallado.

Aloja señala que la proliferación de casas sin autorización de Turismo expone a los visitantes a «un sinfín de problemas, como falta de higiene y de mantenimiento e incluso estafas en forma de anuncios 'fake'». Y Jesús Jiménez, presidente de Hoytú, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia, indica que «los mayores problemas están en Cartagena y en Murcia» y que «apartamentos turísticos y pisos de alquiler para los meses de verano ha habido toda la vida, pero al margen de estos alojamientos tradicionales el parque de viviendas turísticas se está disparando y hay que hacer un esfuerzo para regularlos y controlarlos, con una mayor implicación de los ayuntamientos». «Pueden llegar a tensionar el mercado del alquiler, que ya de por sí está tensionado» por la baja construcción de viviendas nuevas desde 2008, cuando estalló la 'burbuja' inmobiliaria y la consiguiente crisis económica en España. Jiménez reclama también a las autoridades un análisis pormenorizado y no dormirse con este asunto, porque la Región sigue con unas 12.000 plazas hoteleras y la tendencia es a que haya más oferta de hospedajes caseros.

En la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, que tiene al frente a Carmen Conesa, detallan que «en 2020 había registradas 3.899 viviendas de uso turístico en la Región y actualmente son ya 7.860. Destacan Cartagena, con 1.308; Murcia con 981; La Manga del Mar Menor, con 870; Mazarrón, con 707; Los Alcázares, con 525; San Javier, con 483; San Pedro del Pinatar, con 461; y Águilas, con 355.

«Los funcionarios de la Oficina de Ordenación del Turismo del Instituto de Turismo de la Región de Murcia visitan las viviendas de uso turístico que presentan la declaración responsable para la clasificación turística», explicaron en el Gobierno regional. Y añadieron que el fin es comprobar el cumplimiento del Decreto 256/2019, de 10 de octubre, que regula las viviendas de uso turístico en la Región, al igual que se hace con el resto de las modalidades de alojamiento en cuanto a sus decretos reguladores. Es el caso de hoteles, hostales, apartamentos turísticos, campings, alojamientos rurales y albergues turístico, que deben ajustarse a la Ley de Turismo de la Región, de 2013.

«Para evitar la existencia de alojamientos que ejercen la actividad turística sin haber presentado la correspondiente declaración responsable, se rastrean las diversas webs de oferta turística con el fin de detectar alojamientos, principalmente viviendas de uso turístico, que se publicitan indebidamente», indicaron en la Consejería.

Y detallaron que sus seis inspectores, que supervisan todas las tipologías de alojamientos, detectaron en 2023 en internet «152 anuncios de alojamientos no clasificados» y abrieron 36 expedientes sancionadores por falta de declaración responsable de clasificación turística. Veintisiete asuntos han acabado en sanción, con una cuantía media de 1.200 euros. Además, los funcionarios visitaron «589 unidades alojativas para la clasificación turística». Para 2024, prevén 231 actuaciones de detección de oferta irregular y visitar 500 establecimientos para su clasificación. En lo que va de año, han tramitado 17 sanciones.

En Turismo admiten que «hay que seguir insistiendo en la inspección presencial y online» y ven «primordial la colaboración de las empresas comercializadoras para que no permitan anuncios de anfitriones sin alojamientos inscritos en Turismo. Es una cuestión en la que venimos trabajando en los últimos meses con booking.com y a la que nos gustaría que se sumasen el resto». Fuentes del sector citaron como clave Airbnb.

El pasado martes, dicha comercializadora y la Policía Nacional alertaron en una nota conjunta sobre la necesidad de «evitar el fraude por estafas en alquileres vacacionales ante la llegada de las vacaciones estivales». Citaron un estudio según el cual casi la mitad de los encuestados confiesa ser incapaz de identificar una web falsa de vacaciones, viajes o alojamientos. Las asociaciones exigen que las plataformas den ejemplo y publiciten solo viviendas regladas, cuyos contratos de alquiler además gestionan.

La Consejería insta a crear «un registro único estatal, donde estas plataformas pudieran consultar la inscripción de los alojamientos antes de autorizar su publicación». Y recordaron que un reglamento europeo de 2018 «establece la obligación de las plataformas de suministrar información a las autoridades públicas y el compromiso de no publicar anuncios de alojamientos no clasificados».

José Catalá, de Hostetur, pide ir más allá: «La solución, en principio, es extremadamente fácil: que una directiva europea prohíba a las grandes plataformas anunciar una unidad alojativa sin asegurarse previamente, y ser capaces de verificar posteriormente, la legalidad de dicha vivienda». Y apuesta por «una revisión y actualización del marco regulatorio, para ajustarse a la nueva realidad del sector y ser muy restrictivo al decidir qué puede considerarse vivienda turística y qué no».

Con enfoque positivo, en el Itrem, cuyo director general es Juan Francisco Martínez, explican que «las viviendas de uso turístico refuerzan la capacidad alojativa de nuestros destinos locales en los periodos de alta ocupación y en los municipios sin hoteles y otras modalidades de alojamiento más tradicional, y suponen un incentivo para visitarlos». Ejemplos son Caravaca y Águilas. La localidad aguileña atrae visitantes del festival de música Fortaleza Sound, de Lorca, que este año se celebrará del 28 al 30 de junio. Y en Murcia, los hospedajes caseros por días también cumplen su papel durante el festival Warm Up Estrella de Levante, en mayo, y (como en Cehegín) suponen una opción para quienes, en especial este 2024, visitan la ciudad santa de Caravaca.

Uno de los dueños de viviendas de uso turístico que, «desde el primer día», cumplen la normativa es el aguileño Pedro Pérez Giménez, titular de una casa en el centro de Águilas junto a su mujer, la lorquina María Sánchez. El matrimonio –él es funcionario en el Ayuntamiento de Lorca y ella, médico de familia en el barrio de La Viña– viven en la Ciudad del Sol y arriendan por días el inmueble del municipio vecino desde 2019. Lo anuncian en internet, en una plataforma especializada.

«No necesitamos arriesgarnos a estar en situación irregular para ganar dos euros más. Y nos gusta hacer las cosas bien, por nosotros y por los clientes; tener todas las autorizaciones: y contribuir a que el turismo crezca en Águilas y en la Región y a que se creen puestos de trabajo», comenta Pedro a LA VERDAD. A sus 64 años, para ahorrarse complicaciones, contrató a una inmobiliaria para la gestión de los anuncios y del papeleo. Más allá de la fórmula que use cada uno, dice, «todos los propietarios tenemos la obligación legal y moral de tenerlo todo en regla».

Pedro publicita su vivienda con el nombre de La Soriana, en homenaje a su abuela materna, Dolores, y al apodo familiar: Los Sorianos. La casa, de planta baja, con salón comedor, cocina, tres dormitorios y terraza –«y donde no falta el wifi»–, está «a cinco minutos andando de la playa, de la calica, por lo que es ideal para ir con niños», comenta. Y subraya que «tenerlo todo en regla («autorización de Turismo, seguro, envío de los DNI de los clientes a la Guardia Civil para que sepan quién viene y quién va...») le da «mucha tranquilidad, por si alguien tuviera la tentación de quedarse como okupa y hubiera que desalojarlo».

Sobre Murcia, un reciente informe de la red empresarial Exceltur situó a la ciudad como la séptima de España con mayor crecimiento del número de viviendas turísticas en España en el primer trimestre de 2024, con un 27,4%. Advirtió del crecimiento «desbocado» de estos alojamientos en el país, con 60.000 plazas más en las 25 principales ciudades. Es un 25,1% más que en 2023. El total llega a 286.858. Exceltur pidió que el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos coordinen medidas de ordenación e inspección.

El decreto 256/2019, de 10 de octubre, regula las viviendas de uso turístico en la Región de Murcia. Hay dos modalidades: cedidas en su totalidad o por habitaciones.

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