Los pagos de garantía salarial caen a la mitad con la protección de los ERTE
El Fogasa cubre a 1.424 trabajadores, de enero a septiembre, por los 2.390 del año pasado, y abona casi 11,2 millones de euros frente a 21,5 de entonces
Más allá de la situación crítica que afrontan cada día miles de pequeñas y medianas empresas de la Región por efecto de la crisis económica ... de la Covid-19, la realidad es que por ahora la mayoría del tejido productivo ha podido resistir, aunque sea al límite de la supervivencia. Las ayudas públicas, en especial las medidas de protección arbitradas con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), han sido el balón de oxígeno imprescindible para aguantar. Y así lo corroboran los datos de este año del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que ha reducido en la mitad los trabajadores murcianos atendidos y el importe de los pagos abonados, de enero a septiembre, con respecto al pasado año.
En los tres primeros trimestres, ascendieron a 419 el número de empresas murcianas con expedientes tramitados en este organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que garantiza la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal. Se trata de un treintena de mercantiles más que en el mismo periodo de 2019.
Sin embargo, donde la evolución es significativa es en los apartados de trabajadores incluidos y en el del desembolso realizado para atender sus ingresos. En concreto, las personas beneficiarias por el fondo han pasado de 2.390 entonces a las 1.424 actuales, lo que deja una caída de casi el 60%.
Grandes diferencias
Asimismo, mientras que del 1 de enero al 30 de septiembre de este 2020 se abonó una cuantía total de más de 11,2 millones de euros, de los que 2,9 millones fueron para cubrir salarios y 8,2 millones para indemnizaciones; en los nueve primeros meses de 2019 el volumen global saldado fue superior a los 21,5 millones. Lo que supone también una diferencia económica de casi el doble en la comparativa entre ambos ejercicios.
Precisamente, las estadísticas de procesos concursales y disoluciones en este mismo espacio de tiempo en el territorio regional, con solo 54 empresas concursadas frente a las 86 del anterior ejercicio –37,2% menos–, del mismo modo que las 395 firmas disueltas por las 467 de 2019 –15,42% menos–, según datos recogidos por la compañía Informa D&B de los registros mercantiles y otras fuentes de información públicas, reflejan que existe una contención a la hora de cesar la actividad. Todo ello con la mirada puesta en que se produzca una reactivación pese a la incertidumbre dominante. No obstante, influyó también la li mitada actividad en los juzgados tras declararse el estado de alarma.
Porque aunque muchos negocios han tenido que echar el cierre, otros se aferran como sea a las fórmulas habilitadas –ERTE, prestaciones a autónomos–, así como a líneas de financiación (ICO, Aválam), para tratar de aguantar. De ahí que sean constantes los llamamientos de los sectores, liderados por la propia Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) para que se extiendan los expedientes temporales de empleo y se hagan mayores esfuerzos para acompañar a quienes crean riqueza a la hora de capear el temporal.
Evolución tras el verano
Con todo, tras el verano, el mes de septiembre marca un cambio significativo de tendencia en la disolución de empresas en España, que experimenta un crecimiento medio del 34%, que fue, incluso, del doble en la Región (61,9%), ya que el pasado mes se computaron 34 disoluciones frente a las 21 de septiembre de 2019. En general, por sectores predominan la desaparición de compañías dedicadas a servicios (44% del total), seguidas por empresas de construcción (21%) e industria (8%), según otro reciente estudio de la firma Iberinform, filial de la compañía de aseguramiento comercial Crédito y Caución.
Un empeoramiento de la situación si los ERTE pasan a ser ERE
El problema para el Fogasa en relación al conjunto del Estado, a la hora de hacer frente a los compromisos de pago, podría agravarse si decayeran las medidas de protección y una gran parte de los ERTE actuales en los que están inmersas las empresas –14.830 expedientes en la Región, de los que solo se han reactivado 788 con la totalidad de trabajadores–, según datos de la Consejería de Empleo hasta el 14 de octubre, pasen a convertirse en ERE, expedientes de regulación de empleo definitivos. En ese sentido, se dispararía el coste para afrontar el despido de miles de personas.
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