El pago de la factura del teletrabajo divide a empresarios y sindicatos en la Región de Murcia

Una vez que la normalidad ha regresado, toca regular el trabajo desde casa, que ha llegado para quedarse, al menos mientras la amenaza de la Covid-19 siga latente. En eso está el Gobierno central. El Ministerio de Trabajo -en manos de Unidas Podemos- tiene listo un borrador del anteproyecto de ley de teletrabajo, que tendrá que negociar con patronal y sindicatos antes de llevarlo al Consejo de Ministros e iniciar el trámite parlamentario.

Los agentes sociales de la Región están muy pendientes de la regulación nacional del empleo a distancia. La decisión sobre quién debe asumir los gastos extraordinarios que puede suponer para el trabajador tener la oficina montada en casa, el control de los horarios para que en ningún caso los empleados trabajen de más y la prevención de los riesgos que trae consigo esta nueva modalidad son algunos de los asuntos que más preocupan a los responsables autonómicos de Croem, UGT y CC OO. Patronal y sindicatos mantienen de inicio posturas diferentes sobre algunas cuestiones, pero se muestran convencidos de que, como tantas otras veces, serán capaces de alcanzar puntos de encuentro.

Diálogo es lo que exige José María Albarracín, presidente de Croem, que comparte el malestar que generó en su homólogo de la CEOE, Antonio Garamendi, que el Gobierno realizara anuncios sobre la nueva norma sin activar antes el diálogo social. «Bajo ningún concepto se puede obviar en algo tan importante como el teletrabajo, que marcará las relaciones laborales en los próximos años, la opinión de empresarios y sindicatos», advierte Albarracín, para quien todo lo que se decida «deberá ser adaptado y adaptable al marco regulatorio de las empresas, así como a los convenios colectivos».

Sobre que sean los empresarios quienes asuman los costes extra que supone para los empleados teletrabajar (electricidad, infraestructura, internet,...), el presidente de Croem admite estar en desacuerdo, aunque dispuesto a negociar. «Es una locura cargar al empresario con más sobrecostes», avisa Albarracín, que recuerda que para muchos empleados supone un ahorro el no tener que desplazarse físicamente a sus puestos de trabajo.

Por su parte, ni Antonio Jiménez ni Santiago Navarro, secretarios regionales de los sindicatos UGT y CC OO, respectivamente, tienen la menor duda de que corresponde a los empresarios ocuparse, a través de compensaciones, de la factura del trabajo a distancia. «Si el mobiliario, el suministro, la conexión a internet y los equipos infomáticos tienen que se soportados por el trabajador, se produciría un empeoramiento de las condiciones laborales que no toleraremos», subraya Jiménez. «Deben establecerse mecanismos de ayuda para los trabajadores, pues no puede ser que trabajar en casa suponga una merma en sus salarios», apostilla Navarro.

Pero lo que más echan en falta los responsables sindicales de los anuncios que ha realizado hasta ahora el Ministerio de Trabajo es una clara regulación de los peligros que entraña el trabajo a distancia. «El teletrabajo puede generar situaciones de riesgo psicosocial. La falta de contacto con los compañeros tiende a producir en el trabajador una sensación de aislamiento que puede ser muy peligrosa, derivando en cuadros de estrés y ansiedad», previene el secretario general de UGT en la Región.

Su compañero de Comisiones Obreras admite que la mayoría de quejas que están recibiendo van en esa línea del desgaste psicológico y familiar que supone tener el despacho en casa. «Por eso, de lo que conocemos del anteproyecto de ley, echamos de menos una normativa más clara de prevención de riesgos, aunque estamos seguros que, a través del diálogo con el Ejecutivo, conseguiremos desarrollarla», vaticina Santiago Navarro.

En lo que sí parecen estar de acuerdo Croem, UGT y CC OO es que no es justo que el teletrabajo suponga para los empleados echar horas de más. «Ningún empresario de la Región quiere que sus trabajadores realicen una jornada más allá de la que les corresponde por contrato», asegura, tajante, José María Albarracín.

No se fían mucho de esta aseveración del presidente de la patronal regional los dirigentes sindicales, que reclamarán que la ley establezca el derecho a la desconexión digital, así como mecanismos de control de los horarios. «Hay trabajadores que denuncian estar realizando jornadas maratonianas», critica Navarro.

Sentimientos «ambivalentes» produce la consolidación del teletrabajo en Francisco García Mancheño, un funcionario de la Administración de Justicia que tiene su plaza en un juzgado de Instrucción de Cartagena. «Hay una parte buena, que está en las posibilidades de conciliación que ofrece para muchos empleados con hijos. Y en el caso concreto de los tribunales, el impulso que se le da a las nuevas tecnologías, que debe servir para aligerar los procedimientos. Pero hay otras cosas que están en el debe, como el hecho de que se haya cargado sobre los trabajadores todo el coste de los medios y que no haya suficientes medidas de prevención de los riesgos laborales», resume este vecino de Torre Pacheco, que durante la pandemia ha combinado el teletrabajo con la asistencia presencial a la oficina.

En su caso particular, Francisco García Mancheño relata que durante el tiempo en el que ha desarrollado sus tareas en casa ha utilizado su ordenador personal. «Y conozco a muchos compañeros que, para poder teletrabajar, se han tenido que comprar un PC, pagándolo de su bolsillo, naturalmente». No tiene cuantificado el incremento que supondrá para su factura de la luz las horas de más consumidas por razones puramente laborales. «Fíjese ahora en verano, con las temperaturas que estamos teniendo en la Región, el gasto que puede suponer para una familia en su recibo de la electricidad tener encendido todo el día el aire acondicionado», advierte. El funcionario entiende que las empresas, y en su caso la Administración pública, deben compensar de alguna manera el esfuerzo económico que realizan los trabajadores. «Además, los medios que nos podrían proporcionar ellos serían mucho mejores de los que tenemos nosotros».

Por otra parte, como padre de dos niñas de seis y ocho años, tiene que teletrabajar con ellas en el hogar, ya que no hay colegio. «Eso supone que tenga que estar a cada rato 'escondiéndome' por mi casa para poder hacer algo. Si no, es imposible», explica sonriendo. El trabajador judicial achaca a la escasa implantación que tenía el teletrabajo en España y en la Región los problemas que han surgido en estos tres últimos meses. En lo que a él le afecta, no obstante, destaca que jueces, fiscales, secretarios, abogados y empleados de los juzgados se han adaptado en tiempo récord a la nueva modalidad. «Cuando se declaró el estado de alarma no había absolutamente nada. Y en tres semanas nos instalaron a todos un programa llamado Citrix, que nos ha facilitado mucho las cosas. Creo sinceramente que la Administración de Justicia en la Región ha realizado un trabajo ejemplar, pues somos la comunidad autónoma en la que más se ha extendido el teletrabajo», indica.

Francisco García Mancheño, que también ejerce de delegado del sindicato Comisiones Obreras, reconoce que tener la oficina en casa implica para la mayoría de empleados trabajar más horas. «Hay ocasiones en las que llegas a doblar tu jornada laboral». Además, con la reactivación de la actividad en los tribunales, y con un retraso acumulado por estos tres meses de paralización debido al estado de alarma, «parece que los funcionarios tenemos ansiedad en sacar el trabajo cuanto antes», avisa.

Francisco García Mancheño da por hecho que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Sobre todo, ante la posibilidad real de que se produzca un rebrote grave de la pandemia que obligue de nuevo a confinar a la población en sus viviendas. Para entonces, espera el funcionario que se hayan solucionado los problemas de esta fase inicial. «Ya sabemos muchísimo más», concluye.