Vecinos y ecologistas remarcan el «daño» que puede causar el freno de las obras en Portmán

Vista panorámica de la bahía de Portmán, con la zona de dragado en el centro. /Antonio Gil / AGM
Vista panorámica de la bahía de Portmán, con la zona de dragado en el centro. / Antonio Gil / AGM

Exigen un acuerdo entre las administraciones implicadas para la «continuidad del proyecto» en nombre del «interés general», ya que siempre podría «indemnizarse a Acciona» si el Supremo hace firme la sentencia que declara nula la adjudicación de la regeneración

LA VERDADMurcia

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, la Fundación Sierra Minera, Ecologistas en Acción Región Murcia Acoge-Cartagena y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) lamentaron este viernes la paralización temporal de las obras para la recuperación ambiental de la bahía anunciada por el Ministerio y exigieron a las tres administraciones implicadas -central, autonómica y local- un acuerdo que «garantice la continuidad del proyecto», de forma que se continúa, al menos, con las construcción del recinto R3 y la instalación de la cinta transportadora.

Dichos colectivos han remitido sendos escritos al Ministerio de Transición Ecológica y al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, pidiendo soluciones ante la situación creada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que obliga al Ministerio a retrotraer el procedimiento al punto de partida de la adjudicación de las obras en la mesa de contratación.

Dicha resolución, en la que se apoya la decisión del Ministerio, estima parcialmente el recurso de Acciona contra la adjudicación de los trabajos a la UTE Marco Obra Pública SA-Ciomar SL, que incluía el aprovechamiento económico de los minerales de los estériles dragados, elemento esgrimido por la recurrente para exigir la nulidad de las actuaciones.

Las organizaciones vecinales y ecologistas culpan de la situación al anterior Gobierno de Mariano Rajoy, ya que «el proyecto en ejecución se fraguó en un largo proceso desde la firma del convenio en el año 2006 entre las tres administraciones, y que fue aprobado con un amplio consenso en 2011, comprometida su financiación plurianual y licitado por un importe de 79 millones de euros».

«Las obras deberían estar hoy plenamente terminadas y la Bahía recuperada si, tras el cambio de gobierno, el Ministerio no hubiera anulado en 2012 la licitación y suspendido las obras iniciadas, sustituyéndolo después por un irresponsable proceso para declarar recurso minero la Bahía de Portmán por parte de la Comunidad Autónoma, y entregar su explotación, a través de una concesión por 10 años, a una empresa fraudulenta creada por Aria Internacional, que de la mano inicialmente de Acciona, vendió la quimera de la regeneración total de la Bahía de Portmán a coste cero para el erario público», denuncian.

«Solo cuando fue detenido el responsable de la empresa y se hizo público que estaba en concurso de acreedores, el Ministerio desistió y, tras perder 4 años, volvió a licitar en 2015 el proyecto aprobado en 2011. Pero lo hizo introduciendo dos cambios que están pesando en los problemas actuales, reducir drásticamente el precio hasta las 59 millones euros, e incluir en el pliego como mejora la posibilidad de valorizar los minerales de los estériles dragados, en un intento de justificar los años perdidos»

El Ministerio ha decidido así, señalan estas organizaciones, «una suspensión temporal total de las obras argumentando razones de prudencia», para evitar «el incremento en las reclamaciones económicas que pudieran derivarse hasta el fallo definitivo», ya que la resolución es recurrible ante el Supremo.

Vecinos y ecologistas añaden que «la propia Audiencia Nacional negó en 2016 la petición de Acciona de que se suspendiera cautelarmente el inicio de las obras porque prevalece el interés general representado por la necesidad de desarrollar el objeto del contrato, por sus claras implicaciones medioambientales y de interés incluso para la salud pública», y alegando que en caso de que la sentencia final diera la razón a las pretensiones de Acciona, «estas podrían ser resarcidas mediante indemnización».

El acuerdo exigido debe contemplar, además, una solución ante la necesarias modificaciones del proyecto, apuntadas por el Ministerio, que indican problemas técnicos entre los que destacan los «problemas relativos al tratamiento del agua del dragado por su posible contaminación con metales pesados; y problemas derivados de la posible contaminación y turbidez provocados por el dragado a realizar». Razón por la cual, el Ministerio para la Transición Ecológica anuncia que va a priorizar la seguridad para las personas y el medio ambiente en el nuevo proceso de adjudicación.

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