La tasa de basura genera beneficios contrarios a la ley en 17 ayuntamientos

Un vecino deposita una bolsa de basura en un contenedor, en una calle de Abarán. / lv
Un vecino deposita una bolsa de basura en un contenedor, en una calle de Abarán. / lv

Un informe de la UMU revela el superávit que obtienen Cehegín, Molina de Segura y Calasparra; Torre Pacheco y Alhama generan déficit

Alexia Salas
ALEXIA SALAS

Las basuras no solo generan malos olores. La gestión municipal de los servicios de recogida de residuos urbanos también engendra desajustes económicos. Un estudio realizado en la Universidad de Murcia (UMU) por el equipo de investigación de Economía Financiera y Contabilidad, que dirige el catedrático Bernardino Benito López, revela que al menos el 37% de los ayuntamientos de la Región obtienen superávit al cobrar a los vecinos por encima de lo que cuesta prestar el servicio. 'La Verdad' ya publicó hace un año esta irregularidad que afectaba a 18 administraciones locales, según un estudio anterior suscrito por el mismo equipo, que analizó los datos de 2016. El informe de resultados de 2017 revela que 17 consistorios vulneran la ley aunque se registran algunos cambios en las cuentas de ingresos y gastos de la recogida de basuras.

Alhama de Murcia y Blanca dan un vuelco en sus balances, ya que pasan de registrar un superávit de 22 euros en el primer caso, y de 19 en el segundo, a arrojar un déficit de 29 euros debido a que, a pesar de que las tasas no varían, el coste de los servicios se multiplica por cuatro en Alhama y por 2,4 en Blanca, siempre según el estudio de la UMU.

Si ya el informe anterior señalaba que «muchos de los ayuntamientos están obteniendo unas ganancias en el servicio de basuras que quizás deberían dejar de producirse y repercutir en una bajada de las tasas», este año destaca que «no se han aplicado medidas correctoras» para equilibrar las cuentas.

El autor del informe llama la atención por la «gravedad» de que los desajustes estén tan extendidos

De hecho, el informe vuelve a recalcar que, más allá del mero consejo, este excedente vulnera el artículo 24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que dice que «el importe de las tasas por la prestación de un servicio o la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad o, en su defecto, del valor de la prestación recibida».

El catedrático llama la atención sobre la «gravedad» de que estos desajustes presupuestarios estén tan extendidos, ya que se trata de un excedente que ingresan los ayuntamientos «sobre el que no tienen que rendir cuentas». Benito señala la necesidad de que los consistorios aporten los datos correctos al Ministerio de Hacienda. «Si alegan que el servicio presenta superávit porque no han incluido todos los gastos que genera, tendrían que explicar dónde los contabilizan», aclara.

Tras comparar los datos de 38 municipios murcianos -el resto continúa sin publicar las cifras-, el informe evidencia que 17 ayuntamientos obtienen superávit con la recogida de basuras, 14 presentan déficit (ingresan menos de lo que gastan en vaciar los contenedores) y cuatro logran clavar su balance con idénticos gastos e ingresos, que son Archena, Cieza, Lorca y Santomera. Destaca el caso de Alcantarilla, donde una rebaja del coste del servicio y de la tasa han permitido corregir el déficit. Se suma un caso único en la Región, el de San Javier, donde a pesar de contar con uno de los servicios más caros -113 euros por habitante al año-, el gobierno local no cobra tasa por este concepto.

Un excedente polémico

Las diferencias más significativas se registran en Cehegín -un superávit de 25 euros por vecino-, en Calasparra y Villanueva -19 euros-, en Ojós -con 18 euros- y en Molina de Segura -con 17 euros por vecino-, según el mencionado estudio de la UMU. Para el concejal de Obras y Servicios de Cehegín, Ismael Abellán, «el dato que maneja el estudio es relativo, ya que no cuenta con la reparación o renovación de los camiones, o la mejora salarial de los trabajadores». El edil se muestra contrario a privatizar el servicio «porque el precio aumentará un 30% el actual, de gestión directa». No modifican la tasa desde hace al menos ocho años -61 euros al año-. «Los operarios son eficientes y no hay quejas por el servicio», dice Abellán.

Según el alcalde de Calasparra, José Vélez, «los datos del informe no tienen en cuenta muchos gastos que no aparecen», debido a que «muchos ayuntamientos pequeños carecemos de contabilidad analítica y no aparece, por ejemplo, el gasto de gasoil, que como se paga para todos los vehículos municipales, no se desglosa por servicios». Vélez explica que «cuando la gestión es directa, que siempre supone un ahorro, influyen costes como las bajas laborales y las vacaciones de empleados que hay que cubrir». El regidor recalca que «el servicio es satisfactorio y su tasa es equilibrada con 15 euros cada dos meses».

Algo más cara es la tasa que pagan los vecinos de Molina de Segura, de 19,68 euros cada dos meses, según el concejal de Hacienda, José de Haro, quien desautoriza el informe porque «no recoje el total de los gastos, por lo que aparentemente genera un superávit que sería una ilegalidad sancionable, y eso es incorrecto». El edil asegura que el servicio cuenta con el informe favorable de Intervención. «Si del citado estudio se derivase un superávit, solo respondería a un error del estudio, quizás por los datos tomados como base o la información no comparable o no homogénea», afirma De Haro. Justifica, asimismo, la posible diferencia entre el coste efectivo del servicio y el que ofrece el Ministerio de Hacienda en que «los datos que aportan las empresas concesionarias no incluyen el IVA, los beneficios ni los gastos generales. El importe de la tasa no excede del coste previsible del servicio. El Ayuntamiento cumple con la ley».

Déficit en el servicio

Al otro lado de la tabla se encuentran los municipios con mayor déficit en el servicio; es decir, los que pagan por la recogida de basuras más de lo que reciben de los vecinos. Torre Pacheco, que ya se llevaba la palma en el informe de 2016, aumentó su desajuste al año siguiente, cuando pasó de 61 a 84 euros por habitante de déficit, debido a una tasa demasiado baja para el elevado coste que supone eliminar los residuos de las numerosas pedanías pachequeras. Le siguen en la lista de más deficitarios Ulea, Blanca, Alhama y Totana.

«El servicio estaba obsoleto hasta enero de este año, cuando ha entrado en vigor la nueva contrata», explica el concejal de Hacienda de Torre Pacheco, Carlos López, quien asegura que «con las nuevas condiciones y la contabilidad analítica que hemos implantado, el servicio recuperará el equilibrio», aunque cree que «con la estructura territorial de Torre Pacheco seguirá resultando costoso». El concejal se plantea para el futuro «sistemas inteligentes y sostenibles, como nos indica la UE y que funciona en Italia, donde los vecinos tienen una tarjeta para abrir el contenedor y pagan en función de los residuos que generan, mientras que les descuenta si reciclan mucho».