Movilización vecinal para echar de unos dúplex a un clan granadino de okupas

Guardias civiles, ayer, calmando a los vecinos que protestaban frente a los dúplex./Edu Botella / AGM
Guardias civiles, ayer, calmando a los vecinos que protestaban frente a los dúplex. / Edu Botella / AGM

Levantados por Ángel Fenoll, se los entregó al Ejecutivo regional como aval por los vertidos de Proambiente

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

Los dúplex con primeras calidades que levantó en Fortuna el otrora magnate de las basuras Ángel Fenoll se han convertido en un polvorín vecinal a cuenta de sus inquilinos: los okupas. Hace un año que un clan de la localidad granadina de Guadahortuna se instaló y los problemas de convivencia han ido 'in crescendo' hasta el punto de que ayer, los vecinos de las calles aledañas que conviven con los okupas trataron de acceder al Pleno para exigir «soluciones» a la Corporación. La Policía Local se lo impidió. No pasaron del vestíbulo del Ayuntamiento.

«Estamos dispuestos a enfrentarnos con ellos para echarlos, han hecho que estalle el pueblo», advertía ayer Rubén, ejerciendo de portavoz de los afectados. Y no iba de farol, ya que el pasado miércoles también se manifestaron 300 vecinos, en este caso, frente a los inmuebles ocupados para mostrar su malestar.

La protesta de ayer, tras el intento fallido de irrumpir en el Pleno, acabó con los manifestantes plantándose por segundo día consecutivo frente a las casas y lanzando piedras contra los dúplex, mientras clamaban: «¡Okupas fuera!». En la zona tuvo que presentarse la Guardia Civil, que incluso debió sujetar a un miembro del clan que sorprendió por la espalda a los manifestantes.

Los miembros de este grupo llegaron a la Región para trabajar en la Estación de Blanca, como jornaleros, y se acabaron instalando en los dúplex porque están en manos de un administrador concursal. Algunos de los inmuebles forman parte del aval que Proambiente entregó a la Comunidad Autónoma para compensar por los vertidos ilegales del vertedero de Abanilla.

El pasado verano se llegó a investigar a algunos miembros del clan por una oleada de robos que hubo en el casco urbano y que incluso afectó a una edil del PP. Con el paso de los meses, cada vez han ido ocupando más inmuebles y en la actualidad hay 35 miembros viviendo en nueve dúplex. La chispa que encendió esta semana los ánimos vecinales se originó en la piscina municipal, el pasado martes, cuando las clases de natación fueron suspendidas porque había excrementos en el agua. Desde la alcaldía confirmaron ayer que los okupas amenazaron al coordinador de la piscina, cuando este les recriminó lo sucedido y que el incidente ha motivado un expediente por desorden público (multa de 600 euros).

Informe al fiscal de Menores

«Me he puesto en contacto con el delegado del Gobierno y le he trasladado mi preocupación; le he dicho que podía pasar algo en el pueblo y que estuviese preparado», reconocía ayer el alcalde, José Enrique Gil.

En el último año el Ayuntamiento ha tenido que organizar zafarranchos de limpieza en las parcelas aledañas a la zona okupa, por acumulación de basuras. El regidor subraya que se ha contratado seguridad privada en la piscina para prevenir nuevos incidentes. El Ayuntamiento no está prestando ayudas sociales a ningún miembro del clan y se ha informado a la Fiscalía de Menores de que uno de los niños no acude al colegio. «Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano. La orden de desahucio tiene que pedirla al juzgado el administrador concursal al que pertenecen los dúplex y nos ha asegurado que le dará prioridad».

Al cierre de esta edición, los vecinos seguían protestando en la zona y fueron movilizados refuerzos de Guardia Civil de otras localidades.

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