La juez investiga el abandono de restos mineros junto a dos centros educativos en La Unión
Solicita datos al Consejo de Seguridad Nuclear sobre los «minerales radiactivos» acumulados cerca del colegio Enrique Viviente y del Instituto Sierra Minera
El Juzgado de Instrucción Número 2 de Cartagena ha abierto una investigación para aclarar si la acumulación de escorias de fundición de plomo a escasos metros del colegio de Educación Especial Enrique Viviente y del instituto Sierra Minera, en La Unión, puede constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Se trata de un mineral que emite radiactividad de forma natural.
Además, el juzgado ha remitido un oficio al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que «remita a la mayor brevedad posible las conclusiones provisionales y/o definitivas del Estudio sobre Residuos tipo NORM (minerales radioactivos de origen natural) que esté realizando» en las proximidades de los dos centros educativos. Así lo indica en un auto con fecha de 22 de julio, al que ha tenido acceso LA VERDAD.
Mientras tanto, tres años después de iniciar sus reivindicaciones, la presión de padres y maestros del colegio público de Educación Especial Enrique Viviente de La Unión ha llevado este mes de septiembre a la Consejería de Educación a hormigonar el patio del centro, para reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente asociados a la presencia de metales pesados. Es el quinto centro educativo de la Sierra Minera donde la Administración regional realiza una actuación similar, con el objetivo de atajar las consecuencias de la falta de sellado y restauración de residuos mineros desde hace tres décadas. Los anteriores fueron los colegios de Llano del Beal y Estrecho de San Ginés, en Cartagena, y los institutos María Cegarra y Sierra Minera, en La Unión.
La Comunidad, que ya ha hormigonado los patios al hallar metales, estudia pedir a los dueños del depósito sellar los residuos
Sin embargo, a solo dos días para que empiece el nuevo curso escolar en el IES Sierra Minera, y a seis de que lo haga en el colegio de Educación Especial Enrique Viviente (ambos con las oportunas medidas de prevención del coronavirus), la contaminación sigue planteando problemas en esta zona próxima al casco urbano de La Unión. Por su parte, la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, tiene previsto dirigirse la Dirección General de Minas para que, «en su caso, solicite a los titulares» de la Fundición El Porvenir «o del terreno en cuestión que adopten las medidas que permitan evitar la contaminación de los suelos colindantes».
Así lo señalaron fuentes de Medio Ambiente, quienes indicaron que este departamento identificó a los propietarios y que, al margen de lo que determine el Centro de Seguridad Nuclear (CSN), se busca evitar el arrastre de partículas contaminantes a través del viento y de la lluvia hacia los centros educativos. Fuentes de la Dirección General de Minas respondieron que las competencias en ese tema son completamente de Medio Ambiente.
El Descargador, pendiente
La situación de las antiguas explotaciones mineras no acaba ahí, pues Minas tiene pendiente resolver si aprueba un proyecto de restauración definitiva del depósito El Descargador, ubicado cerca del instituto Sierra Minera. La Fiscalía instó en junio de 2018 a adoptar «medidas urgentes que minimicen el riesgo de colapso de la balsa y el peligro para la salud de las personas y el medio ambiente».
Tras el toque de atención de Fiscalía por la «evidente lentitud de los tiempos» burocráticos, hubo unos trabajos de consolidación de la terrera. Pero, según admitieron fuentes de la Dirección General de Minas, continúan los trámites administrativos relativos al «requerimiento de actuaciones» al propietario, la empresa Portmán Golf (que también es una de las titulares de la parcela afectada por los residuos de El Porvenir), previo al expediente de ejecución forzosa» de las obras.
El CSN descarta el nivel de alarma, pero realizará nuevas mediciones
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aseguró a LA VERDAD que los resultados provisionales de las «comprobaciones 'in situ'» realizadas en el colegio Enrique Viviente y el Instituto Sierra Minera de La Unión este verano indican que «el nivel de radiación» en ellos «no es motivo de alarma desde el punto de vista de la exposición». Tampoco lo hay «en lo que se refiere a los niveles de (gas) radón medidos», señalaron. Y explicaron que los técnicos estatales toman como referencia «el límite de dosis para los miembros del público que establece el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio», sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
«En todo caso, el Consejo tiene pendiente recibir datos adicionales de las determinaciones radiológicas y se encuentra en contacto con los titulares de las zonas inspeccionadas. Está en curso la tramitación y el análisis de la información recabada y las actas de las inspecciones serán publicadas en la web de este organismo», añadieron fuentes del CSN. Este contacto es «con la autoridad competente de la Región de Murcia» [la Consejería de Medio Ambiente], para recabar datos de los titulares de los terrenos afectados por escorias de fundición de plomo.
El colegio tiene a unos 70 alumnos de distintas localidades de Cartagena y La Unión, con discapacidad y trastornos del desarrollo, como autismo. Y, según fuentes conocedoras del expediente, días atrás en el centro recibieron desde el CSN información más detallada. Así, habrá una caracterización adicional de los residuos, para medir la radiactividad en los aerosoles.
Con todo, el mensaje fue de tranquilidad, pues a falta de las comprobaciones en laboratorio, no hay riesgo radiológico. Las mediciones arrojaron valores máximos de 0,2 microsievert por hora y la «anomalía radiométrica» es más de 0.3. Eso sí, los niveles son algo mayores a los habituales de la Región.
La asociación de padres pide actuar con «urgencia» y lamenta la negativa de Portmán Golf a sellar los residuos con vegetación. En la empresa, que se reunió con los padres al solicitárselo estos, no hicieron comentarios.
