La Fiscalía recurre el archivo de la acusación contra el exalcalde de Fortuna por supuesta compra de votos
Una vecina asegura que se retractó de su denuncia contra el exalcalde porque le dijeron que, de no hacerlo, tendría que pagar 6.000 euros
La Fiscalía ya ha recurrido la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cieza de dar carpetazo a las actuaciones que se seguían contra el exalcalde de Fortuna José Enrique Gil y otros dos ediles socialistas, Marisol Gracia y Tomás Bernal, por la presunta compra de un voto a una vecina.
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Estos tres compañeros de corporación, defendidos por el abogado penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz, estaban siendo investigados desde noviembre de 2020 como sospechosos de un delito electoral. Se indagaba si ofrecieron un puesto de trabajo a una vecina, empleada de los servicios municipales de limpieza, a cambio de que entregara su voto al PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2019.
La titular del juzgado dictó recientemente un auto en el que ordena el sobreseimiento provisional de la causa al entender que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito». El Ministerio Público, sin embargo, ha recurrido el auto asegurando que la declaración de la denunciante «hasta el momento reúne los requisitos de verosimilitud, persistencia y ausencia de incredibilidad subjetiva». Remarca que los hechos deben ser enjuiciados por un magistrado de lo Penal.
Pena de banquillo
El fiscal, en su escrito, explica que la denunciante acudió inicialmente a la Guardia Civil para denunciar un supuesto acoso laboral por parte de los tres concejales provocado por recriminar a los mismos la compra de un voto en un Pleno. A su entender, esta forma de destaparse el supuesto delito supone «un plus de credibilidad».
El representante del Ministerio Público sostiene, además, que esta vecina se retractó porque, según explicó más tarde, le dijeron que, de no hacerlo, tendría que pagar 6.000 euros. En este punto, el fiscal subraya que se trata de «una persona en riesgo de exclusión social con muy pocos ingresos».
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El letrado de la defensa ya ha presentado su escrito de alegaciones frente a este recurso. Esta parte no considera «de recibo que, ante la falta de éxito de la acción penal, pretenda someter a la llamada 'pena de banquillo' a tres ciudadanos políticos». Pardo Geijo-Ruiz sostiene que la declaración de la víctima, sin ninguna diligencia o dato que pueda corroborarla, no es apta para desvirtuar la presunción de inocencia.
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