Los exalcaldes de Caravaca y Librilla admiten que se aprobaron resorts por la desaladora

José Martínez García, saliendo ayer del juzgado. / alfonso durán / agm
José Martínez García, saliendo ayer del juzgado. / alfonso durán / agm

Domingo Aranda y José Martínez reconocen haber suscrito convenios con el Ente Público del Agua para sacar adelante planes urbanísticos que no tenían la autorización de la CHS

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La promesa de los caudales que la desaladora de Escombreras pudiera generar sirvieron, en la década pasada, para permitir que planes urbanísticos que no tenían garantizado el suministro de agua, y que por tanto no contaban con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), acabaran siendo aprobados. Y ello a pesar de que la concesión que se otorgó en origen se dirigía a la producción de agua osmotizada para la industria del Valle de Escombreras.

Esta línea de investigación en el llamado 'caso La Sal', que está impulsando la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, se vio ayer reforzada por las declaraciones prestadas por quienes fueron alcaldes del PP en Caravaca de la Cruz y Librilla, Domingo Aranda y José Martínez García, respectivamente, que abrieron una ronda de comparecencias de un amplio grupo de antiguos munícipes murcianos.

Domingo Aranda, quien prestó declaración en calidad de testigo, como lo harán el resto de los compañeros de partido citados esta semana, admitió haber suscrito un convenio en el año 2009 con el Ente Público del Agua (EPA), organismo autonómico que gestionaba la desalinizadora de Escombreras, y aclaró que los caudales que en apariencia se iban a generar en esas instalaciones se destinarían a una serie de urbanizaciones proyectadas en su municipio. Los planes parciales que se habrían impulsado con la garantía de ese agua serían hasta nueve, dos de los cuales estarían referidos a polígonos o áreas industriales.

Los dos exmunícipes rechazaron haber recibido presiones o indicaciones de Cerdá o Valcárcel

Fuentes próximas a estas diligencias indicaron que el exalcalde caravaqueño aseguró no haber recibido presión alguna para firmar tal acuerdo por parte del entonces consejero Antonio Cerdá, como tampoco de quien era presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, aunque sí aseguró haber mantenido un contacto con el gerente del EPA, Amalio Garrido.

Igualmente, reconoció haber asistido a una jornada de presentación de ese ente público, celebrada en 2007 en el Auditorio Regional, en la que se habría venido a recomendar que se utilizara esta infraestructura con los fines mencionados.

Aranda manifestó a preguntas de un letrado de la acusación particular, Diego de Ramón, que no había llegado ni una gota de ese agua y que las urbanizaciones no se habían construido finalmente, ya que la crisis había arrasado con esos proyectos. Y cuando se le interrogó acerca de cómo pensaba que se iban a llevar los caudales desde Escombreras hasta Caravaca, vino a indicar que el proyecto no le parecía demasiado «razonable», siempre según las mismas fuentes.

Mucho más parco en explicaciones se mostró quien fue alcalde de Librilla, José Martínez García, popularmente conocido como 'Pepe el mecánico', quien se aferró durante toda su declaración al largo tiempo transcurrido para manifestar que apenas recordaba algo de ese asunto. Vino a definirse a sí mismo como un hombre de campo, que no estaba muy versado en esas cuestiones, y aseguró que el objetivo al firmar el convenio con el Ente Público del Agua (EPA) era alejar el fantasma de posibles restricciones de agua potable, sobre todo en los meses estivales. Sin embargo, acabó admitiendo, según fuentes contrastadas, que estaba previsto que los caudales sirvieran para garantizar el suministro a futuros desarrollos urbanísticos en el municipio.

Martínez García también aseguró no haber recibido indicaciones de Cerdá o Valcárcel, aunque dijo no recordar con quién había mantenido contactos antes de firmar el convenio con el EPA.

La declaración del abogado Gaspar Ariño se suspendió por un problema familiar grave.

El expresidente Sánchez está citado esta mañana

La ronda de comparecencias de exalcaldes del PP continuará hoy, previsiblemente, con la declaración de quien fue primer edil de Puerto Lumbreras y más tarde presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez. Como ya ocurrió ayer con Aranda y Martínez García, el objetivo es preguntarle si el convenio que como alcalde firmó con el EPA estaba destinado a aprobar urbanizaciones en su municipio. En esa misma línea girará el interrogatorio al que, como testigos, deberán someterse los antiguos regidores de Lorca, Francisco Jódar; de San Javier, José Hernández; y de Totana, Juan Morales. Para la jornada del viernes han sido citados los exalcaldes de Mazarrón, Francisco Blaya; de Molina de Segura, Eduardo Contreras; de Ulea, José Bolarín; y de Beniel, Pedro Coll.

Todos ellos, en apariencia, llegaron a acuerdos con el Ente Público del Agua (EPA) para adquirir caudales del agua desalada que pudiera producir la desaladora de Escombreras y que, presuntamente, sirvieron para permitir la aprobación de planes parciales sin la pertinente autorización de la CHS.