Crean un comité social para la recuperación de la Sierra Minera

El Gobierno regional integra a representantes vecinales y ecologistas para opinar sobre las inversiones previstas

P. S.

El Gobierno regional da voz a colectivos vecinales y ecologistas de la Sierra Minera para las actuaciones de descontaminación que se llevarán a cabo durante los próximos años. Mediante decreto, el Ejecutivo de López Miras ha aprobado la creación de un Comité de Participación Social que contribuya a la recuperación de este entorno. Este grupo de trabajo, que se suma al Comité de Expertos creado recientemente, se integra dentro del Plan de Recuperación Ambiental de la Sierra Minera (Prasam). En lo que va de 2019, la Consejería de Medio Ambiente ha invertido más de medio millón de euros en el marco de este plan, que se fija a diez años para descontaminar y recuperar los suelos contaminados por la actividad minera, con especial incidencia en la recuperación de los 29 depósitos de estériles a nivel nacional, para lo que se prevén inversiones de 84,8 millones.

La función de este órgano será canalizar las opiniones e intereses de los diversos agentes sociales, económicos y vecinales con respecto a las acciones que se incluyen en el plan.

El Comité de Participación Social de la Sierra Minera estará presidido por el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, e integrado por un representante de cada una de las direcciones generales que forman parte del Prasam, además de otro de la Confederación Hidrográfica del Segura, de la Demarcación de Costas del Estado y del Instituto Geológico y Minero de España. A ellos se sumarán dos expertos designados por las asociaciones ecologistas, uno de la Fundación Sierra Minera, y otro de organizaciones empresariales vinculadas con la minería metálica, más uno de los sindicatos más representativos.

La función de este órgano será canalizar las opiniones de los agentes con respecto a las acciones del Prasam

También se integrarán en este nuevo órgano un representante de los ayuntamientos de Cartagena, La Unión y Mazarrón, dos elegidos entre las organizaciones agrarias del entorno de la Sierra, asociación de vecinos Santa Bárbara de Llano del Beal, Plataforma de Afectados por los Metales Pesados, y Asociación de Vecinos de Portmán, y un representante del Comité de Expertos.

Treinta medidas

El Prasam contempla treinta medidas concretas, algunas de las cuales ya están en ejecución, articuladas en torno a cuatro objetivos. El primero es impulsar el conocimiento y mejora en la gestión de zonas mineras, para lo que se articulan catorce iniciativas, mientras que otras seis acciones van encaminadas a la difusión de información y sensibilización de la sociedad. Un tercer objetivo es el de la prevención, con dos medidas más y, por último, impulsar la recuperación ambiental de las áreas afectadas, lo que tendrá un coste de unos 82 millones.

La mayoría de estos terrenos contaminados por estériles son propiedad privada y, según fuentes del Ejecutivo regional, sus titulares son los que deben responsabilizarse de su descontaminación. En caso contrario, la Comunidad actuará por responsabilidad subsidiaria, requiriendo posteriormente los costes a los propietarios.