La Consejería recuerda al Ministerio que las zonas de cría del sisón son intocables

El informe, elaborado a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, cita que esta circunstancia «conlleva la prohibición genérica de (...) destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y lugares de reproducción, invernada o reposo», según reza el artículo 57 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Y recuerda que solo podría autorizarse acogiéndose a alguna de las excepciones recogidas en el artículo 61 de la citada ley, aún más limitadas en el caso de aves.

El último informe de Medio Natural, en el que se remite a uno anterior solicitado por la empresa promotora del proyecto (X-Elio Andaltia Murcia SL) y que recoge los datos detallados del seguimiento de las aves en la zona, la Oisma también detalla la presencia de criaderos de cernícalo primilla -en peligro de extinción y de interés especial- en edificaciones de la zona, que han sufrido un declive entre 2012 y 2016. El citado informe, responde a la modificación del proyecto de la macroplanta de Zarcilla, tras la detección de la zona 'lek' de sisón, que ha supuesto una nueva reducción, en unas 200 ha., de la superficie destinada a la instalación fotovoltaica, explica Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción. Una circunstancia que obliga a realizar una nueva declaración de impacto ambiental.

Dentro de este procedimiento, la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y Ecologistas en Acción (EEA) han presentado alegaciones durante el periodo de exposición pública, que concluyó a finales de agosto. Así, ambas organizaciones conservacionistas instan a la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica a que no apruebe el proyecto. Las dos organizaciones destacan que «no estamos en contra del desarrollo de este tipo de energías renovables, todo lo contrario», pero consideran que «es necesario valorar adecuadamente su impacto».

Además, tanto SEO como EEA recuerdan que la zona, dedicada a cultivos de cereales de invierno, cuenta con presencia de aves esteparias protegidas, amenazadas (vulnerables y en peligro de extinción) y de interés especial, y que la transformación de un espacio de uso agrícola en otro de uso industrial puede traducirse en «pérdida de efectivos poblacionales» e incluso en «riesgo de desaparición» de las zonas de cría.

Las ONG también alegan que el proyecto de la planta fotovoltaica se incluye en el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación y Conservación de las Aves Esteparias de la Región de Murcia -el grupo de aves más amenazado por la transformación y destrucción de sus hábitat- que, hace hincapié Luengo, «se concluyó hace algo menos de dos años y duerme en un cajón desde entonces, sin que parezca que haya voluntad de aprobarlo definitivamente».

Otro de los motivos por los que SEO y EEA consideran negativo el proyecto en la ubicación prevista es porque, desde 2016 y durante 5 años, 107 propietarios de explotaciones agrícolas de la zona están recibiendo ayudas del programa de desarrollo rural de la UE para mejorar las condiciones de alimentación y reproducción de aves esteparias. Y cifran en más de 9 millones de euros las cantidades que percibirán estos propietarios hasta 2021: «una evidente contradicción que podría dar lugar a la intervención de los organismos europeos de fiscalización económica». Por último, SEO y EEA alegan, para que el Ministerio no apruebe el proyecto, que afecta a hábitats de interés comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats, que «obliga a las administraciones a evitar su degradación o destrucción».

Además, piden al Ministerio que, en caso de que se decidiese continuar con la tramitación del proyecto, se someta a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria para estudiar nuevas alternativas de ubicación y analizar también las infraestructuras asociadas, como la línea eléctrica de evacuación, la subestación eléctrica y los caminos auxiliares.