Los chiringuitos de Los Alcázares logran que el TSJ anule el cobro de las tasas por ocupar el paseo

Varios vecinos disfrutan, ayer por la tarde, en uno los chiringuitos en una playa de Los Alcázares. / pablo sánchez / agm
Varios vecinos disfrutan, ayer por la tarde, en uno los chiringuitos en una playa de Los Alcázares. / pablo sánchez / agm

«Pagábamos más que en Marbella», lamentan los hosteleros, aunque el Ayuntamiento mantiene que ocupan un espacio de forma «ilegal»

Alexia Salas
ALEXIA SALAS

Nadie diría que detrás del plácido paisaje costero de Los Alcázares, gira una maraña legal de denuncias judiciales y reclamaciones entre el Ayuntamiento y los chiringuitos del paseo marítimo. El colectivo de hosteleros acaba de lograr un triunfo, que le ha puesto en bandeja el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, al reconocer en una sentencia que la liquidación que le hicieron a una de las denunciantes por las tasas de ocupación de terreno para las mesas y sillas y por la instalación del quiosco, es improcedente porque «las ordenanzas fiscales que las regulan serían nulas de pleno derecho» al no contar con el informe técnico-económico que exige la ley.

«De un año a otro, en 2017, la tasa se me subió más del doble», cuenta una de las cinco denunciantes -del total de ocho chiringuitos-, Raquel Castejón, a quien los jueces dan la razón por segunda vez, ya que el Ayuntamiento recurrió el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Murcia, que ahora ratifica el TSJ. «Yo pagaba por la ocupación de mi chiringuito en Los Narejos más de 7.000 euros, y de pronto recibí una reclamación de 11.233 euros y poco después otra de 10.000 euros», explica la demandante.

Un susto mayor se llevó Jesús Prim, presidente de la Asociación de Chiringuitos, a quien la factura por ocupación subió de 12.000 euros al año a 29.780 euros. «Triplica la tasa que cobran en San Javier, en Cartagena e incluso las de Marbella», se queja el portavoz de los hosteleros de quioscos, quien asegura que el Ayuntamiento ha seguido intentando cobrarles la tasa y, de hecho, le han llegado a embargar 8.000 euros. «Ahora nos lo tendrán que devolver con intereses», afirma.

«Carecen de título debido a que la concesión ha caducado», sostiene el concejal de Comercio

Por su parte, el concejal de Comercio, Francisco Méndez, reconoce que «la sentencia impide cobrarles la tasa porque la Ordenanza queda sin efecto y los que han reclamado pueden solicitar la devolución», aunque explica que la subida se debió a que «antes pagaban por 90 días de funcionamiento, pero después se les empezó a cobrar por los 365 días del año que los quioscos ocupan el dominio público municipal». Confirma que «las liquidaciones se han ido enviando a la Agencia Tributaria para que las cobrara por sus vías».

Con Torre Pacheco

El TSJ critica en su sentencia que la Ordenanza impugnada -que data del año 2000- «se basa en los valores comparativos del municipio limítrofe de Torre Pacheco (algo totalmente inaudito y además falso)», ya que dicho municipio «no tiene costa, por lo que no puede tener paseo marítimo». Recuerda el magistrado que «el establecimiento de las tasas no puede fundamentarse en qué tasas tienen los municipios colindantes, sino en los ingresos y costes del servicio municipal, o el valor del suelo del dominio público local». Critica además la arbitrariedad en la que basa el precio de la tasa por categorías de calles, ya que carece del informe económico.

Más allá del conflicto por el importe de las tasas, el concejal acusa a los hosteleros de los chiringuitos de ocupar estas instalaciones de forma «ilegal», ya que alega que «carecen del título habilitante porque se ha caducado la concesión». Méndez asegura que «el Ayuntamiento no ha podido sacar a concurso público la adjudicación de los chiringuitos porque no los han desalojado» y atribuye a la Inspección de Urbanismo la responsabilidad de sancionar a los hosteleros, a quienes asegura que ha enviado notificaciones de desahucio.

Sobre la situación legal de sus negocios, el presidente de la Asociación de Chiringuitos responde que «nuestra situación es totalmente legal porque las concesiones que tenemos no caducan». Prim asegura que su familia cuenta con la concesión del chiringuito desde el año 1990, y cree que «el Ayuntamiento usa esa estrategia desde que empezamos a denunciar las tasas en el juzgado».

El portavoz del PSOE, Mario Cervera, quien tomará posesión como alcalde el 15 de junio, cree que «hay que revisar todas las ordenanzas para que no perjudiquen a nadie», aunque muestra su «preocupación por la situación que dejará de cara al verano». Cervera cree que «las normas municipales deben hacerse con las asociaciones para que no perjudiquen a nadie y, sobre todo, pensando en el bien común».