El Ayuntamiento de La Unión ya elabora el estudio de riesgos tóxicos en el colegio Enrique Viviente

El informe sobre los riesgos potenciales de contaminación para el personal y los usuarios del colegio de educación especial Enrique Viviente, rodeado parcialmente de escombreras de residuos mineros, será enviado «a mediados de junio» a la Dirección General de Medio Ambiente, según anunció el alcalde, Pedro López Milán. De esta forma, el gobierno local ha comenzado a trabajar en la elaboración del estudio, después de que el pasado 12 de mayo, el director general de Medio Ambiente, Francisco Marín, enviara un requerimiento al consistorio –el quinto– para que presentara, «en el plazo de un mes, el proyecto para el análisis de riesgos del colegio Enrique Viviente, ante la posible presencia de metales pesados en su suelo».

La resolución de Medio Ambiente estipula que si en ese plazo «no se acometen las actuaciones, la Comunidad Autónoma deberá actuar de forma subsidiaria ante la inacción del Consistorio». Además, el Ayuntamiento ha instalado unos cerramientos metálicos en las zonas del patio sobre suelo de tierra, tras requerirlo Medio Ambiente.

La Comunidad tomó esta determinación después de que el Ayuntamiento no respondiera formalmente a cuatro requerimientos anteriores, y sobre todo, tras realizar sondeos propios en la zona durante el mes de marzo, que como conclusión, determinaron que «es necesario realizar un estudio de riesgos, que corresponde al Ayuntamiento».

Para llevar a cabo el informe, el gobierno local de La Unión ha contratado los servicios de la mercantil Vasalto, «puesto que los técnicos municipales no disponen de los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo», explicó López Milán. El importe del contrato, señaló el regidor, «será de unos 6.000 euros, tras cursar invitación a varias empresas al tratarse de una obra de escasa cuantía».

La realización del estudio ha sido comunicada a la Asociación de Madres y Padres (Ampa) del centro educativo. En una reunión, López Milán trasladó a la comunidad educativa del colegio que el Ayuntamiento, una vez que se vean las obras que hay que realizar a la luz del estudio, «dejará claro a la Comunidad Autónoma que no son trabajos de su competencia, por mucho que el centro esté en un solar de propiedad municipal». El alcalde sostiene que «es la Consejería de Educación la competente de llevar a cabo posibles obras de cementado y vallado con rafia, ya que al Ayuntamiento solo le corresponden tareas de mantenimiento y esas no lo son».

Acerca de las conversaciones que el primer edil ha mantenido en los últimos meses con los responsables políticos del Gobierno regional a cuenta de este asunto, López Milán se limitó a comentar que desde marzo, cuando se reunió con el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, «todo lo que se ha hablado y haya que hablar en adelante será a través de escritos oficiales».

Por su parte, el Ejecutivo regional enmarca esta actuación del Enrique Viviente en los trabajos que se están llevando a cabo en el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam).