Archivan la denuncia por prevaricación de la oposición contra el alcalde de Fortuna

LA VERDAD

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región acordó el pasado 6 de junio, mediante decreto, el archivo de la diligencia de investigación por prevaricación contra el alcalde de Fortuna, José Enrique Gil, dando así carpetazo definitivo a la denuncia de la oposición, motivada por el Pleno extraordinario celebrado el 23 de mayo de 2018.

En aquella sesión, el primer edil socialista planteó un expediente de modificación de crédito, dada la situación de solvencia económica, el informe favorable de Intervención y los informes de necesidad de la Oficina Técnica Municipal, con el fin de llevar a cabo obras necesarias y urgentes en el municipio, como reparación de aceras y pavimento de avenidas, la construcción de un puente que ante lluvias torrenciales incomunica las pedanías bajas, así como el asfaltado y reparación de caminos e iluminación en diseminado para mejorar la seguridad ciudadana.

Según informa el PSOE, debido al bloqueo sistemático y sin precedentes de la oposición a la gestión del equipo de gobierno, «hasta el punto de impedir pagar facturas pendientes y varias propuestas de presupuestos rechazadas», el alcalde condicionó la aprobación de las obras de reparación y seguridad a una cuestión de confianza, avalada por la amplia liquidez económica del Ayuntamiento, que en el cierre de 2017 contaba con 2,3 millones de euros de remanente y deuda financiera cero.

Según los socialistas, la maniobra del PP fue clara: enmendar el acuerdo, desvirtuar la cuestión de confianza, y al mismo tiempo declarar indisponible el dinero, siendo la enmienda de contenido imposible porque los créditos no están disponibles cuando se aprueban sino cuando culmina el trámite de exposición pública. Y el alcalde, al entender que era una iniciativa en fraude de ley, no procedió a que se votara. Esto dio lugar a la denuncia «en perfecta coordinación de Catalina Herrero (PP) y Miguel Romero (edil no adscrito), que se lanzaron a una caza judicial».