¡Ostras! Aquí se sigue vertiendo...

A raíz de la denuncia que presentó el Gobierno regional contra el Ministerio y la CHS (la cosa tiene tela), está previsto que mañana declaren en la Fiscalía como testigos el presidente del organismo de cuenca y la directora general del Mar Menor, Mario Urrea y Miriam Pérez, que deberán aportar una documentación enciclopédica sobre el incesante flujo del Albujón (natural y fertilizado). A saber: las medidas llevadas a cabo por cada administración, análisis de las muestras de agua de todo el año, resultados de las necropsias realizadas a los peces muertos en agosto; origen de los vertidos; y las competencias de cada organismo. Cuando lo analice, el fiscal jefe decidirá si archiva o abre otra causa.

La CHS, conviene recordarlo, no tiene suficientes medios ni personal para controlar los daños al dominio público hidráulico en la vasta subcuenca vertiente. Va a contratar a más técnicos, para inspeccionar y tratar de dar salida a cientos de expedientes. Unido a esto, activó hace año y medio el bombeo del Albujón para frenar la entrada de nutrientes, pero su capacidad es claramente insuficiente y el sistema sufre continuas averías, algo que sabía la CHS desde el primer minuto. Otro indicio de la precariedad de medios. No se entiende. El nuevo plan prevé 15 millones para renovar la impulsión. Que sea rápido.

La ministra Teresa Ribera le ha metido una presión enorme a la CHS, prometiendo cortar, en medio año, el agua a los regadíos ilegales. Y esa presión se trasladará a las comunidades de regantes para que aparten a las 'ovejas negras'. Es casi misión imposible con el procedimiento actual, y con el entramado de tuberías de algunas fincas, donde no se sabe por dónde cortar. Amén de los recursos que se presenten. Las cifras revelan lo titánico de la tarea: desde 2018 y hasta el pasado julio, se habían sancionado 4.275 hectáreas (461 expedientes), y otras 3.414 estaban denunciadas. Quedan otras mil para alcanzar el objetivo de las 8.500 hectáreas detectadas como ilegales (el 13% de toda la superficie regable). Demasiado tomate. Me temo que la CHS no podrá cumplir ese cometido en primavera, ni en verano... Lo relevante, no obstante, es que se vaya cortando el agua a los ilegales, sin pausa.

Un aspecto no aclarado aún es el papel que ha jugado la desaladora de Valdelentisco, controlada por Acuamed y el Ministerio, que ha vendido agua a una parte importante de regadíos ilegales del entorno del Mar Menor. Un tercio del total, de momento. Y se hizo en las etapas del PP y del PSOE.

El reconocimiento de la ministra de que el cierre del grifo corresponde a la CHS –después de meses de trifulca– fue clave para que el presidente López Miras diera su apoyo al nuevo plan, pero sin entusiasmo. (El senador Juan María Vázquez ensombreció ayer la 'luna de miel', la frágil tregua, dándole caña al Ministerio con los Presupuestos. Poco han tardado en el PP). Si se observa la 'hoja de servicios', el Gobierno regional y el PP no están en disposición de pedir cuentas ni de buscar culpables en el Ministerio. En 26 años de poder, los populares pecaron de dejadez hasta hace bien poco, a la vez que dinamitaron la primera ley de protección de la laguna de 1987. López Miras se sacude esta herencia de su partido diciendo que él «tenía 4 años» entonces. Antológico. Al igual que la compra de los terrenos protegidos del Carmolí.