Obligarán por ley a intentar la mediación antes de los juicios civiles y mercantiles

Los litigantes tendrán que asistir a una sesión en los seis meses previos a la interposición de una demanda por divorcio, impago y herencias

LA VERDADMurcia.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un anteproyecto de ley para impulsar la mediación y que obligará a intentar un proceso de ese tipo antes de acudir a los juzgados en los conflictos civiles y mercantiles más comunes, como los divorcios o los impagos de alquileres o hipotecas.

A propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el Gobierno ha dado su visto bueno al anteproyecto de una norma con la que se pretende la implantación definitiva de la mediación como figura complementaria de la Administración de Justicia para la resolución extrajudicial de conflictos, con un menor coste económico y personal para las partes. Desde el TSJ de la Región se lleva apostando por esa vía desde hace años, desde el convencimiento de que se trata de un proceso menos costoso, tanto económica como emocionalmente, para las partes, además de rebajar el colpaso de los juzgados.

Según la referencia del Consejo, el impulso de la mediación busca también descongestionar la carga de trabajo de los juzgados y acortar así los tiempos de respuesta de la Justicia.

Para el Gobierno, la nueva regulación superará el modelo de mediación actualmente vigente basado en su carácter exclusivamente voluntario por el denominado de «obligatoriedad mitigada», que obligará a los litigantes a asistir a una sesión informativa y exploratoria en los seis meses previos a la interposición de la demanda en un número tasado de materias.

Esta sesión será conducida por un mediador, que explorará tanto el asunto objeto de controversia como el posicionamiento inicial de las partes. A estas se les informará de la dinámica de trabajo que se seguirá en caso de que finalmente se acuerde continuar la mediación y de sus beneficios frente a la vía judicial en cuanto a ahorro de tiempo y costes. En la mediación no se requiere abogado ni procurador, y el coste económico se estima muy inferior al de la vía judicial.