Nunca hubo un 'caso La Constancia'

José Peñaranda y su hijo Javier, el pasado jueves, en las instalaciones de la empresa La Constancia, en Abanilla. / edu botella / agm
José Peñaranda y su hijo Javier, el pasado jueves, en las instalaciones de la empresa La Constancia, en Abanilla. / edu botella / agm

La Justicia exculpa a tres empresarios del sector de las especias arrestados en 2016 como sospechosos de meter en Murcia uno de los mayores alijos de cocaína de la historia: 510 kilos

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

«¿Es usted Pepe? ¡Qué buen coche lleva!». José Peñaranda desconfió de la aparente cordialidad de aquel tipo que, vestido con unas bermudas y una chaqueta deportiva, le aguardaba a las puertas de su propia empresa. De ahí que la respuesta le saliera un punto desabrida. «Pues será que me lo merezco, después de 48 años trabajando», espetó al desconocido, quien después de aquello optó por poner término a los prolegómenos. Se echó un poco a un lado la chaqueta, dejando ver la pistola que portaba en una sobaquera de cuero, y le dijo: «Policía. Entrégueme las llaves del coche y la documentación». De esa forma, este empresario del sector de las especias, un hombre forjado a sí mismo de igual forma que antes se forjaban las espadas, a fuerza de sudor y golpes, penetraba en una pesadilla que habría de durar casi tres años. La imagen de sus dos hijos esposados, por terrible que fuera, apenas sirvió para anunciarle todo lo que estaba por llegar.

No tardó en ser informado de los cargos que se le imputaban: el traslado desde Perú de un contenedor repleto de orégano, entre cuya carga legal la Policía había descubierto diez bolsas de deporte con 510 kilos de cocaína. Uno de los mayores alijos de esta droga intervenidos en la Región de Murcia. «Vamos, me acusaban poco menos que de haber dejado al Pablo Escobar ese como un simple aficionado», comenta ahora, echando mano de la ironía para tratar de contener una rabia que, finalmente, en el transcurso de la entrevista, acabará desbordándose en forma de incontenible llanto y tomando cuerpo en un golpe brutal contra una silla, con el que se abrirá una brecha en el puño.

Y es que las diligencias que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cieza abrió en agosto de 2016 contra José Peñaranda y sus dos hijos, Javier y Francisco José, por ese descomunal cargamento de cocaína -su valor ascendía a unos 18 millones de euros- han acabado siendo archivadas. Y no por falta de pruebas, sino porque en honor a la verdad nunca existió prueba alguna acerca de la participación de esta familia en tales actividades.

El contenedor cargado de orégano hizo escala de manera imprevista en Colombia y Marruecos, sin que los empresarios fueran conscientes de tal circunstancia; algo que pudo ser aprovechado por una organización de traficantes para introducir la droga entre la mercancía legal

El único hecho cierto estribaba en que el destino de ese envío de orégano, en el que se había hallado la sustancia estupefaciente, era la nave industrial que la firma La Constancia posee en el polígono industrial de Abanilla. A ello se unían unas consideraciones de la Brigada Central de Estupefacientes que, en las diligencias con las que arrancaba el atestado policial, dejaban constancia de que en la brigada se habían recibido en los meses previos «numerosos correos/denuncias anónimas» en las que, supuestamente, se alertaba de la existencia de una red de narcotraficantes de la que formarían parte estos empresarios. Y mencionaba la realización de una serie de vigilancias y seguimientos sobre estos industriales que habrían permitido consolidar las sospechas iniciales. Pero lo cierto es que los investigadores nunca llegaron a aportar uno solo de esos 'correos/denuncias' al juzgado, por más que este los requirió, ni a ofrecer dato alguno sobre el resultado de esas vigilancias y seguimientos, pues jamás se levantó una sola acta al respecto.

En cualquier caso, aun dando por sentado que existieran, el resultado de tales investigaciones habría sido nulo, pues no se llegó a constatar un solo contacto de los Peñaranda con personas vinculadas al narcotráfico en España o el extranjero.

Tampoco existía grabación telefónica alguna o cualquier otro tipo de prueba que apuntara a que estaban preparando la llegada de un gran alijo de cocaína a Murcia. Igualmente, las declaraciones de la decena de empleados de la empresa que fueron arrestados en un primer momento tampoco aportaron dato alguno de interés, pues todos ellos insistían en que nunca habían observado algo sospechoso en aquellas instalaciones.

Y por lo que se refiere al resultado en sí de la intervención policial, salvo la media tonelada de cocaína que se había intervenido en el contenedor, ningún otro elemento incriminatorio acabó surgiendo: ni en la empresa, ni en sus cuentas, documentos y ordenadores, ni en los propios domicilios de la familia.

«¿Y mi casa no la registran?»

«Estábamos detenidos en Comisaría cuando vi que sacaban a mis hijos del calabozo. Tardaron varias horas en volver y me explicaron que la Policía les había llevado a sus casas para que estuvieran presentes en un registro. Entonces yo pregunté a los agentes: 'Oiga, ¿es que mi casa no la van a registrar?'. Me respondieron que no era necesario. '¿Cómo que no es necesario? Yo quiero que la mía también la registren', les insistí. Y la contestación que me dieron fue que si es que yo les iba a decir lo que tenían o no que hacer», recuerda Pepe.

El empresario de las especias no culpa a la juez que ordenó su ingreso en prisión y el de sus hijos. Reconoce que, en esas circunstancias, con tal cantidad de cocaína sobre la mesa y un atestado policial en el que se les señalaba como traficantes a gran escala, él habría actuado exactamente igual en aquel momento.

«En la cárcel de Sangonera nos encontramos de todo. Pero recuerdo que un colombiano, que sí sabía de qué iban esos asuntos, me dijo que él era consciente de que nosotros nada teníamos que ver con ese alijo. 'Si hubiérais perdido 500 kilos de cocaína ya tendríais una corbata colombiana', me comentó. Yo le dije que no solía usar corbata y entonces me explicó a lo que se refería exactamente». Desde ese momento, Pepe no ha logrado apartar de su mente esa imagen que el interno le describió con tan macabro detalle y que aún hace que, en más ocasiones de las que desearía, se despierte de sus pesadillas sudoroso y temblando de auténtico pánico.

Que los cargos delictivos que se les atribuían no estaban tan claros comenzó a quedar de manifiesto cuando la Audiencia Provincial, a primeros de octubre, 52 días después de producirse el encarcelamiento, decidió poner en libertad a los tres empresarios con una fianza de apenas 6.000 euros. Un hecho que por insólito, tratándose de un alijo de más de 500 kilos de cocaína, apuntaba a que el caso hacía agua por varias costuras.

Para empezar, la defensa, que había sido asumida por los letrados Eduardo Romera y Fermín Guerrero Faura, había logrado demostrar con documentación de la empresa de tránsito que el contenedor había hecho escala, sin que la empresa murciana tuviera la menor intervención o conocimiento de ello, en Colombia y Tánger (Marruecos). Una circunstancia que perfectamente podría haber servido para introducir la droga entre las toneladas de orégano.

Pero es que ni siquiera la mercancía en sí la habían contratado los Peñaranda directamente con la exportadora de Perú, ya que se había hecho a través de un 'broker' de Valencia.

«Nos vamos de vacaciones»

Sin embargo, lo que más abrió los ojos de los magistrados fue que cuando el contenedor arribó a Valencia y la firma transitaria llamó a La Constancia para anunciar su inminente envío, desde la firma murciana se le pidió que mantuviera tres semanas la carga en el puerto, ya que ese mismo día toda la plantilla y los propios dueños se marchaban de vacaciones de verano. Evidentemente, vino a decirse el tribunal, resultaba impensable que alguien se arriesgara a dejar abandonado durante más de veinte días un alijo de droga valorado en 18 millones de euros.

Por último, cuando por fin el contenedor llegó a las instalaciones de La Constancia, fueron los propios trabajadores quienes comenzaron a efectuar la descarga, antes incluso de que los propietarios hubieran llegado a la empresa, lo cual tampoco resulta muy lógico si se pretendía mantener el secreto sobre el cargamento de cocaína.

Como los datos no cuadraban de ninguna de las maneras y la defensa insistía en conocer en qué se había basado la Policía para acusar a sus clientes de pertenecer a una banda de narcos, la juez instructora acabó instando a los agentes de Estupefacientes a aclarar qué denuncias anónimas habían recibido sobre esta familia y qué resultado habían dado sus seguimientos previos. La concisa respuesta, en la que el inspector que la firma ni siquiera aporta su número de identificación, venía a indicar que ni se conservaban las denuncias ni había acta alguna de los servicios de vigilancia. Algo que bien podía servir de epitafio para unas diligencias cuyo 'fallecimiento' quedó inmediatamente certificado.

El 'caso La Constancia', que nunca debió haber existido, quedaba sobreseído por orden judicial. Y José Peñaranda y sus dos hijos, libres de cualquier sospecha, preparan ya una demanda millonaria contra el Estado que pueda resarcirles, siquiera mínimamente, por los daños morales y económicos sufridos en estos tres años bajo sospecha.

«Yo lo único que deseo es limpiar mi nombre y mi imagen y la de mi familia, y descansar por fin tranquilo, porque nadie sabe lo que llevamos sufrido. Claro que la demanda va a ser millonaria, pero ¿quién me va a pagar lo que valen 52 días en la cárcel con tus hijos? ¿Cuánto vale eso?», se lamenta el veterano industrial.

El gancho perdido, un método delictivo que ha dado ya muchos sustos

Aunque el archivo de las diligencias sobre el hallazgo de 510 kilos de cocaína en un contenedor repleto de orégano impedirá ya conocer quién organizó en verdad esa operación de narcotráfico, existe una explicación que, si bien es indemostrable, resulta cuando menos plausible. De unos años a esta parte, organizaciones internacionales de traficantes han venido haciendo uso de un método que, bautizado como 'gancho perdido', consiste en aprovechar el trayecto de un contenedor de mercancías para, en un momento dado, violar los precintos e introducir un gran alijo de drogas entre la carga legal. El éxito de la operación radica en contar con colaboradores en el puerto de destino de la mercancía, con el fin de que el alijo pueda ser recuperado antes de que emprenda el camino hacia la empresa que ha adquirido el cargamento legal. En muchas ocasiones, cuando ello no les ha sido posible a los narcos, la droga acaba llegando a las industrias, con el consiguiente susto para los empresarios y los contratiempos que cualquiera puede imaginar. En la Región se han registrado al menos media docena de casos como el descrito en los últimos años.