Una nueva unidad antifraude autonómica controlará la gestión de ayudas europeas

El objetivo es «poner en marcha medidas contra el fraude» en los programas regionales Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y FSE+ (Fondo Social Europeo Plus). En concreto, este año la Comunidad recibirá 164 millones de euros de la Unión Europea. Buena parte de ellos llegarán a través de estos dos fondos. Y aunque la cifra es considerablemente inferior a la de 2024, cuando fueron 234 (el motivo es la finalización del programa Next Generation), la Consejería de Hacienda, dice que quiere «ir más allá de la actividad ordinaria de la intervención general, los servicios de contratación o los servicios jurídicos».

Esta unidad, que se constituirá como grupo de trabajo, «realizará evaluaciones de riesgo, apoyará técnicamente la gestión de los riesgos y asesorará para las medidas a implementar». Antes de esto, con carácter general, la Comunidad ya tenía implantados protocolos antifraude para la gestión de estas ayudas comunitarias, tanto transversales como aplicados para las distintas consejerías. Así, cada una de ellas cuenta con un plan específico a lo que estaban obligadas en el caso de los Fondos Next Generation.

Noticia relacionada

«Seguimos teniendo las mismas problemáticas de hace cincuenta años»

De hecho, el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dispone que «es una obligación de los Estados miembros la protección de los intereses financieros de la Unión Europea incluyendo tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses».

Lo que sí que descarta por ahora la Consejería de Hacienda es la puesta en marcha de una oficina antifraude, como solicitó hace unas semanas el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, entre otras comunidades, a la Región de Murcia también. Aparecía recogida entre las veinticinco propuestas de prevención y control de la corrupción en la contratación pública que publicaron el pasado 24 de junio. La Consejería considera que «abarca casuísticas muy amplias, la mayoría, potestad del Gobierno central». Y en la lucha contra el fraude fiscal en el caso de los tributos cedidos, recuerda que existe una unidad de inspección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, además de un plan de control tributario, un plan de inspección y colaboración e intercambio con la Agencia Tributaria estatal.