La nueva ley permitirá exigir en los juzgados los derechos sociales

Dos usuarias y una trabajadora social en un punto de encuentro familiar en Cartagena. / J. M RODRÍGUEZ / AGM
Dos usuarias y una trabajadora social en un punto de encuentro familiar en Cartagena. / J. M RODRÍGUEZ / AGM

El anteproyecto de la norma aprobada ayer por el Gobierno regional incluye un catálogo de prestaciones obligatorias

Antonio Botías
ANTONIO BOTÍASMurcia

Reclamar ante el juzgado los derechos sociales reconocidos a cada murciano y que la Administración no satisfaga. Esta es la principal novedad que recoge el anteproyecto de la nueva Ley de Servicios Sociales que ayer aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad y que incluirá un catálogo, aún por desarrollar, de las prestaciones que de forma obligatoria tendrá que recibir cualquier ciudadano.

Esta norma inicia ahora su obligada tramitación administrativa mediante el proceso de información y participación a la población en general, a entidades afectadas por la materia, al resto de consejerías de la Administración regional y a diferentes órganos consultivos.

La norma, en opinión de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, «es necesaria para ajustarse a la realidad social». La aprobación de distintas normativas -como la Ley de Dependencia o la Ley de Renta Básica-, los cambios sociales, las nuevas necesidades ante el fenómeno migratorio y el envejecimiento de la población, así como la exigencia de mejorar los Servicios Sociales, «hacen imprescindible la aprobación de esta nueva ley que ahora proponemos», añadió Tomás.

Entre las novedades de la norma, que derogará tras su entrada en vigor la actual ley, destaca el concepto de «derecho subjetivo a las llamadas prestaciones garantizadas».

La consecuencia de este reconocimiento, como aclaró Tomás, es que «las personas titulares podrán reclamar en vía administrativa y jurisdiccional el cumplimiento del derecho a las prestaciones y servicios que reconoce la ley». Se considerarán prestaciones garantizadas aquellas que se han de prestar por los poderes públicos y «que vendrán recogidas en el Catálogo de Servicios Sociales de la ley». La consejera destacó que, «con su aprobación, vamos a avanzar en la construcción de un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, moderno, avanzado y garantista, orientado al bienestar de los ciudadanos, superándose el modelo de servicios sociales de carácter asistencial».

El objetivo que persigue el Gobierno regional pasa por impulsar la transparencia y concreción, así como definir el catálogo de prestaciones y servicios como el instrumento fundamental que permite a los usuarios conocer a lo que pueden acceder y los requisitos para su reconocimiento y disfrute. Además, se prevé regular el mapa de servicios sociales.

Un mapa de servicios

La propuesta de ley está conformada por 114 artículos, 3 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales. Recoge los principios de universalidad en el acceso e igualdad, de atención personalizada -según las necesidades específicas de los destinatarios del sistema- e integral, así como de continuidad y equidad.

El anteproyecto del texto incorpora nuevos instrumentos para agilizar la atención ciudadana, entre los que se encuentran la denominada 'historia social única', el Programa Individual de Atención Social, el profesional de referencia, que atenderá de forma exclusiva y personalizada cada caso, la Tarjeta de Información Social, el Sistema de Información de Servicios Sociales y el Mapa de Servicios, que permitirá identificar aquellos lugares donde incrementar la atención.

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