«Serán necesarios meses de trabajo»

Titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como de la comisión judicial creada para el seguimiento de la crisis sanitaria en la Región, para Gómez la llegada de la Covid-19 ha revelado «la necesidad de que los poderes públicos sean capaces de adoptar medidas de coordinación en un tiempo breve para solventar problemas hasta ahora desconocidos», así como la importancia, en el terreno judicial, de «explorar los diferentes mecanismos» que, a disposición de la Administración de Justicia, se podrían emplear en una situación similar. Y pone Gómez como ejemplos «la identificación de tareas que se pueden realizar a distancia, la utilización del teletrabajo o el establecimiento de un orden de prioridades», «algo –añade– imprescindible, máxime porque no sabemos cuándo esta crisis acabará o si se puede volver a producir».

«Es obvio», dice, «que la crisis puede abocar a un colapso de la Justicia, no solo porque el estado de alarma determinó la suspensión de numerosas actuaciones judiciales que hay que volver a señalar, sino por el incremento de determinados asuntos. Nuestro desafío, el gran reto de la Justicia, el día después, no será solo restablecer su actividad y superar el periodo de paralización de los plazos procesales, sino contribuir a que nuestra sociedad supere las consecuencias económicas y sociales derivadas de las medidas impuestas para combatir el virus».

Y para ello, adelanta, «serán necesarios meses de trabajo, no solo de jueces, sino también de funcionarios, letrados de la Administración de Justicia, fiscales..., y será fundamental la colaboración de otros colectivos profesionales como abogados, procuradores o graduados sociales».

A Gómez, el trabajo apenas le deja tiempo libre. Ocupa gran parte de su día, y el confinamiento, afirma, lo vive «con tranquilidad». Pero pese a ello reconoce estar deseando «volver a la normalidad» y poder ver a los suyos.

«Desde el primer momento –señala– fuimos conscientes de que la crisis sanitaria no podía poner al Estado de Derecho en cuarentena y, por tanto, la Justicia tenía servicios imprescindibles que debíamos mantener y había que proteger a esos servidores públicos. Además, no olvidemos que esta situación ha dado lugar a problemas y conflictos sociales que han exigido respuestas urgentes a varios órdenes jurisdiccionales».

«Como servidores públicos –añade–, además de cumplir con las directrices de seguridad y salud laboral, evitando el contagio, sabemos que tenemos que trabajar por el interés general, y prepararnos para los retos que esta crisis va a obligar a la Justicia a afrontar», concluye.